El importante paro nacional llevado adelante por los trabajadores vitivinícolas de las últimas semanas puso contra las cuerdas a la patronal, y la burocracia cómplice, en sus planes de hacer pasar un nuevo ajuste, estableciendo un aumento salarial del orden del 30% en cuatro cuotas.

Los salarios de miseria, que son la generalidad en el sector, no resisten otro ajuste más ante una creciente suba de los precios que ubican la canasta básica en el orden de los $61 mil. Otro tanto ocurre con las condiciones infrahumanas de trabajo, sin elementos de seguridad y con trabajo esclavo, muchas veces, como en el caso de la “Finca Los Sánchez”, entre otras situaciones desfavorables para la familias trabajadoras.

Esta rebelión por la base fue registrada por las grandes patronales bodegueras y empresarios del campo, quienes mediante conciliaciones obligatorias, con la complicidad del gobierno nacional, han buscado dilatar la negociación paritaria, empantanado todo en una mesa con la burocracia del Foeva, donde el aumento ofrecido es del 42%, en cuotas, y la suma de otros ítem no remunerativos rondaría el 52%, muy lejos del 100% exigido desde el comienzo, y también del 60% desde donde no se pretende bajar.

La creciente devaluación e inflación ha profundizado y potenciado los niveles de pobreza, indigencia y terminaron de destruir el salario. Han favorecido las ganancias de los Zuccardi, Balbo y compañía, quienes han levantado millones de dólares y retacean dar un aumento a quienes con el sudor de su espalda han puesto a la industria vitivinícola en la posición de industria emblema.

Cobra vital importancia darle continuidad a la lucha librada en el último periodo, que tuvo como protagonistas a cientos de trabajadores y trabajadoras.

Es necesario impulsar una gran asamblea de todos los trabajadores de bodegas y fincas para discutir la aceptación o no de la propuesta de las patronales. Deben ser los trabajadores los que tomen esta decisión al igual que la continuidad de las medidas y su forma.

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