A ocho meses de una nueva intervención en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (Santa Cruz), sus trabajadores seguimos con nuestros sueldos congelados y sin que se hayan abonado las deudas convencionales desde hace cuatro años.

Hoy, el salario de un trabajador de superficie está en alrededor de 35 mil pesos. El de uno de Punta Loyola, con una jornada de 10 horas diarias, en 44 mil. En mina, los compañeros que dejan la vida dentro del cerro cobran 55 mil pesos. En todos los casos, muy por debajo de la canasta básica total de Comodoro Rivadavia medida por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en $60.000 en mayo y más aún de la estimación de los trabajadores de Indec de una canasta básica más completa, en $68.000. Vale señalar que nos fueron negados los aumentos otorgados a la gremial Upcn durante el período 2017, 2018 y 2019.

Ya durante la gestión de Mauricio Macri y su interventor Omar Zeidán, sufrimos duros ataques a nuestro salario y a nuestros convenios, así como el despido de cientos de compañeros de forma directa o mediante los retiros extorsivos. El vaciamiento de la empresa es una constante bajo los diferentes gobiernos, que usan los recursos para financiar sus campañas políticas y hacer todo tipo de negociados. Esta nueva intervención no fue la excepción, ya que debutó despidiendo 419 trabajadores con la complicidad de la gremial estatal ATE, quien hizo una presentación judicial solicitando estos despidos -una actitud en las antípodas de un sindicato con algún principio de clase. La burocracia de ATE es hoy la “oficina de recursos humanos” de la empresa.

Los trabajadores no podemos ser quienes paguemos la crisis en curso, cuando fuimos nosotros quienes mantuvimos la empresa de pie ante los vaciamientos y los desmanejos de los gobiernos de Cambiemos y del PJ.

Ningún compañero puede estar bajo la línea de pobreza. Es preciso un aumento urgente de sueldo del 50 % y que se garantice un salario inicial de 68 mil pesos, así como la actualización salarial (cuando se prevé una inflación de al menos 40% para el año) y el cumplimiento de nuestros convenios colectivos. Y que la empresa pague, asimismo, las deudas que tiene con los trabajadores.

Los trabajadores queremos ser parte de la discusión del destino de la empresa. Basta de las reuniones de la burocracia sindical con la intervención a nuestras espaldas. Reclamamos una asamblea general presencial -o en su defecto, mediante algún soporte virtual- para discutir las paritarias y que la carboeléctrica estatal pase a control de los trabajadores. Reincorporación de todos los despedidos. Finalización de la megausina y puesta en marcha de la empresa, lo que permitirá la incorporación de los desocupados de la Cuenca Carbonífera que durante meses estuvieron en la ruta pidiendo trabajo.

Por un sindicato clasista, burocrático e independiente de los partidos patronales. Por una carboeléctrica estatal bajo control de los trabajadores.