Nicolás Matías Rapagnani, religioso perteneciente a la congregación salesiana y docente del colegio confesional Nuestra Señora de los Remedios, fue condenado a 20 años de prisión por abusar de sus alumnos. Los delitos que se le imputan son “abuso sexual con acceso carnal”, “abuso sexual gravemente ultrajante” y “corrupción de menores”. Por la gravedad del caso, se le dictó prisión preventiva que cumplirá de manera domiciliaria hasta que la sentencia quede firme y vaya a la cárcel.

Cuando sucedieron las agresiones los nenes iban a salitas de cuatro y cinco años o a primer o segundo grado de la primaria. Todo pasó en el colegio, durante horas de clases o en los recreos. Por eso, víctimas y familiares denuncian la complicidad del colegio y de la casa pastoral de los salesianos, que son incluso quienes garantizaron el encubrimiento y la impunidad.

“Los nenes llegaban al grado mojados porque les metía la cabeza en el inodoro, sucios, muchas veces golpeados y cubiertos, incluso, con materia fecal. Eran todos amigos, de la misma casa eclesiástica y se protegían entre sí, hubo un contexto facilitador.”, sostuvo el abogado querellante y agregó: “Por las eventuales responsabilidades eclesiásticas o civiles y para cubrir a los docentes de su institución, hicieron todo lo posible para dar testimonios que no reflejaban la realidad del colegio” (Clarín, 15/3). Hoy, muchas autoridades y directivos se encuentran procesados por falso testimonio.

Las autoridades del colegio que permitieron que esto suceda y encubrieron el caso no fueron separadas ni de sus funciones en establecimientos educativos del clero, sino que fueron relocalizadas. El abogado de la causa incluso denuncia que los mismos estudiantes que se cambiaron de colegio se los encontraron en nuevas escuelas. Esto ocurre al amparo del gobierno de la Ciudad, el cual tiene la obligación de control desde la dirección de escuelas privadas del Ministerio de Educación, que dirige Soledad Acuña.

Otro síntoma más de que la Iglesia opera como un Estado aparte. La clericalización de las educación forma parte del conjunto de políticas reaccionarias que esgrime el gobierno de la Ciudad, como el intento de prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas públicas o la incorporación de una antiderechos como Cynthia Hotton al gabinete porteño. Este es uno de los motivos por el cual no se aplica la educación sexual integral en las escuelas de CABA, un reclamo histórico de estudiantes y docentes, y es algo de lo que se valen los clérigos para perpetuar todo tipo de abusos. A 15 años de su sanción, los bloqueos provenientes de sectores antiderechos vinculados a las iglesias, tanto católicas como evangélicas, se han mantenido amparándose en el famoso artículo 5 de la ley 21.150 (concedido por el kirchnerismo al sancionarse la ley en 2006) y el artículo 8 de la ley 2110 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Pero además es el propio Estado el que financia a la iglesia, con exenciones impositivas, cesión de terrenos y millones de pesos en subsidios y subvenciones públicas, estas últimas destinadas sobre todo a este tipo de educación privada y confesional que profesa dogmas oscurantistas, y que son incluso mayores que las que se destinan a las escuelas laicas.

Es por eso que la lucha por la separación de la Iglesia del Estado es un punto fundamental para terminar con la protección política y el amparo de los responsables de los aberrantes delitos constantes del personal eclesiástico, y también contra el tutelaje ideológico y oscurantista que implica para la sociedad. Exigimos que se avance sobre los responsables eclesiásticos y estatales de los abusos en el colegio.

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