Los datos del Indec arrojan que la inflación continuó alta en marzo, con un índice mensual del 7,7%, acumulando 21,7% en los primeros tres meses del año y una variación del 104,3% en términos interanuales. A un año del acuerdo entreguista con el FMI, podemos asegurar que no trajo estabilización alguna sino todo lo contrario.

El índice de marzo fue liderado por el rubro de alimentos, el cual escaló 9,3% en el mes, evidenciando el rotundo fracaso del programa Precios Justos a la hora de proteger el bolsillo popular. Como sabemos, los más afectados son las personas de menor poder adquisitivo, quienes destinan mayor porcentaje de sus ingresos en comprar comida. Así, crece la indigencia en el país porque los alimentos que se producen en él son cada vez más costosos para las familias trabajadoras.

La disparada en los alimentos también la reflejan los informes del Centro de Economía Política Argentina (Cepa). Según esta fuente, la carne tuvo un incremento del 14,3% en marzo. Por su parte, los precios mayoristas de las hortalizas como la lechuga, el tomate y la batata subieron 105,3%, 59,6% y 21,8% durante el mes de marzo. También sufrieron aumentos pronunciados frutas como la banana (14,5% i.m.).

El gobierno le da vía libre a esta escalada, preservando el secreto comercial de las empresas alimentarias que remarcan, manteniendo intacto el dominio privado del comercio exterior y reforzando la preeminencia del agronegocio. Incluso, lanza medidas para beneficiar a los capitalistas del campo que encarecerán aún más los alimentos, como el nuevo dólar agro. Como contrapartida, condena al hambre a nuevos sectores de la población con sus políticas fondomonetaristas de recortar planes sociales y ajustar en asistencia alimentaria y asignaciones familiares.

También se destacó la inflación en la categoría prendas de vestir y calzado, con un 9,4%. A su vez, el principal sacudón se registró en educación, con el inicio del año escolar reflejando incrementos del 29,1% mensual. Los precios regulados también superaron el índice general, con un 8,8%. Aquí el oficialismo tiene una responsabilidad directa por haber autorizado aumentos en tarifas para complacer a las privatizadas de servicios, como en la luz, o las prepagas de salud, entre otros.

Todo indica que la inflación no se atenuará a lo largo del año, ya que el gobierno tiene previsto en los próximos meses aumentar nuevamente los servicios, los combustibles (suben 4% desde el sábado 15) y los peajes (que se duplicarán para agosto). A su vez, se sigue ensanchando la brecha cambiaria fruto de la corrida, lo cual acarrea efectos inflacionarios. El oficialismo perpetua la fuga de capitales causante de la crisis de reservas del BCRA, donde radica el origen de las tensiones sobre el tipo de cambio.

A su turno, el FMI presiona por una mayor devaluación y nuevos tarifazos para sostener el acuerdo; políticas que atizarán aún más el índice de precios.

Mientras tato, Massa mantiene el techo para las paritarias en un 60% hasta fin de año -cuando la inflación proyectada es cercana al 100%- para favorecer a las patronales, lo que acentuará la caída real del salario, hundiendo en la pobreza a más trabajadores. Es la burocracia sindical peronista la encargada de convalidar estos aumentos a la baja, a espaldas de las bases, en los diferentes gremios.

Frente a la estampida inflacionaria en curso, defendamos el poder adquisitivo de los trabajadores luchando por un sueldo inicial equivalente a la canasta familiar, aumentos salariales indexados a la inflación y trabajo genuino. Abajo el programa de ajuste e inflación del FMI.

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