A 5 años del inicio de la causa, familiares de víctimas del Próvolo se concentraron en el Poder Judicial para exigir justicia y denunciar la injerencia de la Iglesia Católica en todo el proceso junto con el abandono total por parte del Estado, también reclamaron perspectiva de género y discapacidad en el proceso.

Y es que si bien se logró una primera condena en 2019, aún queda en proceso el segundo juicio iniciado en 2021 en el que están acusadas 9 mujeres entre ellas dos monjas, este juicio viene siendo demorado por las constantes trabas y chicanas jurídicas por parte de la defensa.

Entre las principales denuncias destaca la revictimización constante de las víctimas y la búsqueda de silenciarlas y deslegitimarlas denunciando a sus intérpretes, haciendo informes de las redes sociales, de sus perfiles y los de sus familiares para luego denunciarlos en el juicio. También han denunciado al abogado de las víctimas Lucas Lecur por dar declaraciones en la prensa generando presión para evitar la cobertura mediática del atroz hecho.

La injerencia de la Iglesia ha sido una constante durante todo el proceso. Desde el minuto cero la Iglesia envió un emisario papal que realizó una investigación paralela a la judicial que buscó amedrentar a las víctimas y familiares al tener acceso al expediente y a los testigos de identidad reservada, pero sin aportar ningún dato de esa investigación a la justicia mendocina y colaborando como órgano de presión contra las víctimas.

Por otra parte, está el acuerdo de cúpula eclesiástica con la municipalidad de Luján para deshacerse del edificio donde funcionaba el Instituto dónde ocurrieron los hechos lo que constituyó una verdadera estafa a las víctimas ya que de esa manera se afectó el derecho legítimo a lograr una indemnización.

Denuncian también un abandono por parte del estado provincial que no garantiza intérpretes de lengua de señas y tampoco ha garantizado reparación alguna a las víctimas.

Estás denuncias arrojan la conclusión no solo del reclamo de justicia para el daño permanente que sufrieron las víctimas sino también que para acabar con los abusos y su protección es necesario avanzar en la separación de la iglesia del estado y acabar así con los privilegios que tiene por su estatus jurídico de persona pública.

A 5 años de la causa del Próvolo acompañamos a víctimas y familiares y exigimos justicia.

https://prensaobrera.com/mujer/este-25n-volvemos-a-las-calles-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres/