A raíz de las denuncias de abusos sexuales en el Colegio del Salvador, ubicado en el barrio porteño de Balvanera, la justicia realizó un allanamiento de dicho instituto y del Centro Loyola en busca de toda la información disponible sobre el jesuita César Fretes, quién trabajo en el Colegio del Salvador y abusó sexualmente de más de 40 niños.

Los testimonios sostienen que el acusado construía un vínculo de confianza con los niños y era el encargado de impartir la “Educación para el amor”, una suerte de educación sexual que lo habilitaba para indagar en cuestiones relativas a la sexualidad de los estudiantes. Así, utilizaba su rol como herramienta para cometer los abusos y justificar su accionar.

Desde que se conocieron los hechos, la institución jamás realizó la denuncia penal, solo apartó a Fretes de sus hábitos y lo mandó a la ciudad de Mendoza a terminar sus días, donde murió de cáncer. El procesamiento del clérigo se dio solo gracias a la denuncia de las víctimas que se animaron a hablar. En tanto, las autoridades desconocieron estar al tanto de los abusos (algo que ya fue desmentido por los testimonios de las víctimas), intentaron justificar mediante recursos legales vulgares el hecho de no haber hecho la denuncia y apoyaron económicamente al abusador para que siguiera solventando su vida en el mismo rol que lo hacía en el colegio, pero ahora en Mendoza.

Luego del allanamiento, las víctimas sostienen que algunas denuncias que realizaron en la institución desaparecieron, una muestra más de que el encubrimiento de la responsabilidad de la iglesia prevalece en el accionar de las autoridades. El caso pone de manifiesto el accionar de la Iglesia Católica para garantizar la impunidad, pero, más profundo aún, reveló la total ausencia de control estatal sobre lo que sucede en las escuelas confesionales. Esto sucede mientras se siguen promoviendo políticas reaccionarias, como la no aplicación del a ESI o el intento de prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas.

Es fundamental separar a la Iglesia del Estado para terminar con la protección política y el amparo de los responsables de los aberrantes delitos constantes del personal eclesiástico. Exigimos que se avance sobre los responsables clericales y estatales de los abusos en el colegio, y acompañamos la valiente pelea que están dando los denunciantes para que el caso salga a la luz.