El 31 de enero vence el decreto 320/2020 (y sus sucesivas prórrogas) establecido a principios de la cuarentena. Disponía que los contratos que tengan vencimiento antes del 31 de enero se prorrogan automáticamente hasta esa fecha en las mismas condiciones; los aumentos quedan prorrogados hasta la finalización del decreto, congelándose en el valor correspondiente al mes de marzo; y se suspenden los desalojos hasta el 31 de enero.

Una grupo importante de organizaciones de inquilinos está reclamando la prórroga del mismo. En una carta dirigida al ministro de vivienda, Jorge Ferraresi, plantean que “hoy vemos con preocupación que estamos a poco más de un mes de la finalización de la vigencia del decreto, y la situación de los inquilinos e inquilinas se sigue agravando, sin que tengamos certezas acerca de una nueva prórroga o de políticas públicas que respondan a estas problemáticas”.

El decreto no ha servido para contener la gravedad de la situación y su aplicación efectiva está más que cuestionada. Cuando se aprobó la ley de alquileres en el Senado (el pasado 11 de junio) Ana Almirón, senadora del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Legislación General, reconoció que pese a la vigencia del decreto presidencial 320/20 “siguen habiendo abusos para nuestros inquilinos y siguen habiendo desalojos violentos”. Sucede algo similar con el decreto de prohibición de despidos.

El agravamiento de la crisis económica con la pérdida de empleos, el alto grado de informalidad y la baja de salarios llevó a que muchos inquilinos recurrieran a la ocupación de terrenos como una salida. Todos los gobiernos (nacional y provinciales) recurrieron a la represión para consumar desalojos sin dar respuesta a los reclamos de tierra para vivir. El caso de Guernica fue emblemático pero no el único y las ocupaciones (y los desalojos con represión) se extendieron por todo el país.

En tiempos de ajuste los planes de construcción de viviendas para acceso de los trabajadores son prácticamente inexistentes y el déficit habitacional se agrava. Mientras tanto el uso del suelo urbano está determinado por la especulación inmobiliaria y el dominio por parte de los grupos llamados “desarrollistas”. En estos días se está realizando la audiencia pública donde se discute (con una fuerte oposición) la autorización aprobada por la legislatura porteña de la venta del espacio público situado en la costanera (Costa Salguero y Punta Carrasco) para la realización de un barrio, que será inaccesible para los trabajadores. Es solo una muestra de cómo se desenvuelve el negocio inmobiliario sobre todo en las principales ciudades del país.

Como lo planteó nuestra compañera Romina Del Plá en la Cámara de Diputados al momento de discutirse la ley de alquileres, la salida pasa por resolver un plan de emergencia, que debe tener como punto de partida la prohibición del desalojo por falta de pago (en un cuadro en el que los trabajadores sufren cotidianamente despidos); algo que levantó un coro de repudio de los inmobiliarios. Como segundo punto que el costo del alquiler no puede superar el 10% del ingreso del trabajador, algo en contraposición con los intereses de los empresarios del rubro -para quienes lo ideal es bajar los salarios y subir los alquileres-, pero que se impone la situación de deterioro salarial (en el mismo sentido que un congelamiento retroactivo de los aumentos tarifarios en servicios públicos).

A su vez hacen falta verdaderos planes de vivienda populares, ejecutados por el Estado y bajo control de los trabajadores. En esa oportunidad Romina denunció que mientras se expulsa a trabajadores desocupados y/o con bajos salarios de los centros urbanos hacia la periferia, existen miles de vivienda ociosas, sin ocupación alguna. Por eso sostuvo que esas viviendas debían ser intervenidas para resolver flagelos urgentes. Y propuso un curso de emergencia: entregar esas viviendas en comodato a los jubilados, que en una gran parte cobran el mínimo y no tiene techo, estando en situación de calle o en covachas que aceleran su deceso. Se trata de un planteo histórico de las organizaciones de jubilados.