Omar Guaraz, titular de la agrupación Vendedores Libres, que nuclea a vendedores ambulantes de CABA, denunció en una entrevista en AM 530 la corrupción política y judicial detrás del negocio de los capitalistas en el control de parte de la venta callejera, y los allanamientos contra los vendedores ambulantes, como el recientemente ocurrido en Once.

Guaraz señaló que en el caso del operativo policial en Once, donde se cercó un importante perímetro y se allanaron 22 locales, 800 vendedores ambulantes perdieron toda su mercadería, agregando que el 90% de estos no vendía “marcas” –lo que motivó el allanamiento a pedido de la Justicia- sino que se dedican a la reventa de otros textiles y productos.

Explicó que en los alrededores de Once, en Balvanera, deben haber unos 3.000 vendedores ambulantes, número similar al de vendedores de Flores en las cercanías a la avenida Avellaneda y que en total se estaría hablando de unos 35.000 vendedores ambulantes en todo CABA.

Los manteros y vendedores ambulantes son doblemente afectados por el Estado, según denunció Guaraz. Primero, porque son víctimas de los allanamientos recurrentes donde se les confisca la totalidad de su mercadería. Y, segundo, porque parte del negocio es acaparado por capitalistas que emplean a varios trabajadores y tienen “acuerdos” y negocios con la Policía de la Ciudad, el gobierno porteño y la Justicia.

“Aproximadamente 35 mil manteros tienen que ceder a la corrupción política y judicial”, denuncia Guaraz, quien señala que el piso de la coima que los puesteros deben pagarle a la policía y a los inspectores arranca desde los $1.000 por día, llegando a $6.000 para el caso de quienes venden marcas o réplicas de las mismas.

También puntualizó respecto a la diferenciación entre quienes son manteros empujados por la realidad y necesidad económica a quienes montan un negocio empleando vendedores ambulantes. “En la calle hoy lo que rige es el capital, el verdadero mantero y vendedor ha sido desplazado por capitalistas, por tipos que tienen mucha guita, conexiones políticas, conexiones en la comisaría, donde no vas a ver una mata, lo que vas a ver es un empleado de un empresario (…) el empresario tiene $300.000 de mercadería”, denunció Guaraz.

Esto es coincidente con la exposición de los negocios del ministro porteño Marcelo D’Alessandro, donde en los chats difundidos se da cuenta de la existencia de negociaciones y acuerdos entre funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y empresarios.

Los allanamientos a los depósitos de los manteros, donde los trabajadores guardan su mercadería a cambio de un canon por una cuestión e logística, se han convertido en una práctica recurrente de la Justicia y el gobierno de la ciudad, donde los principales afectados son los vendedores ambulantes que no cuentan con los vínculos y relaciones con el poder y la Justicia.

Lo confiscado nunca es recuperado porque de solicitarse el trabajador se expone al riesgo de ser imputado en la investigación de la Justicia, algo que obliga a los vendedores a arrancar de cero, ya que no cuentan con otra salida laboral.

Guaraz también dejó en claro que el verdadero vendedor ambulante no compite con los comerciantes ya que realiza una actividad complementaria, pero quienes si abusan de una competencia desleal son los empresarios amparados por el gobierno y la Justicia, que sacan provecho de una explotación laboral y un negocio totalmente informal.

Reiteramos el repudio a los allanamientos contra los vendedores ambulantes, más aún cuando esconden un entramado de negocios y corrupción que incluye al personal político, jueces, fiscales, inspectores y a las fuerzas represivas. Esos negocios deben ser investigados a fondo para dar con todos los responsables.