Sociedad
5/7/2024
Baja de la edad de punibilidad, la demagogia derechista para tapar el fracaso del gobierno
Las estadísticas muestran que los menores tienen una incidencia mínima en el delito.
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Derrotemos a este gobierno del hambre.
“Queríamos ser como ellos, andar en supermotos, con las últimas zapatillas, derrochar gloria entre el barro. Esconder lo mejor que se pudiera esta horrenda miseria”
César González, en El niño resentido.
El gobierno presentó un proyecto de ley para bajar a 13 años la edad de punibilidad. Con esta demagogia derechista busca montar una cortina de humo para tapar el fracaso económico y social de su gestión. La hipocresía es total, porque mientras persigue con el Código Penal a los adolescentes de los barrios pobres, acaba de aprobar un blanqueo de capitales mediante el cual las mafias del narcotráfico y la trata podrán ingresar al circuito legal su dinero manchado de sangre.
Actualmente, el Régimen Penal de la Minoridad (Ley 22278) establece que “No es punible el menor que no haya cumplido dieciséis años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho años, respecto de delitos de acción privada (como injurias) o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos años, con multa o con inhabilitación (como hurto simple)”. No obstante, “en el artículo 2 establece que si el menor se hallare en una situación de falta de recursos -por pobreza o por vulnerabilidad moral o material- el juez podrá disponer de él, por eso es que tenemos presos menores de 16 años” (Chequeado, 28/6).
Se trata de una ley sancionada en 1980 durante la última dictadura militar, que fue modificada parcialmente en 1983 para elevar la edad de punibilidad de 14 a 16 años. De hecho, la normativa, al considerar a los niños, niñas y adolescentes como objetos a tutelar por el Estado incumple con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (de rango constitucional) que los considera sujetos de derechos.
Según los últimos datos de la Secretaría de Niñez, publicados en junio 2023, hay 4.156 jóvenes dentro del sistema penal juvenil. 3.308 se encuentran cumpliendo una medida penal en el territorio (permanecen en sus casas pero son monitoreados), 141 yacen en dispositivos penales de restricción de la libertad (donde están permitidas las salidas transitorias) y 707 en centros de privación de libertad. Por otra parte, si bien la ley vigente indica que este grupo etario no debería ser juzgado por delitos como el hurto simple, 101 adolescentes se hallan en dispositivos penales juveniles bajo esa carátula.
El proyecto del oficialismo, que busca bajar la edad de punibilidad a los 13 años y endurecer las penas, sería inconstitucional ya que viola el principio de “no regresividad” que rige en el Derecho. Curiosamente, uno de los argumentos esgrimidos por el gobierno es que crece “el reclutamiento de menores de edad para la comisión de crímenes por los que actualmente no pueden ser imputados”. Sin embargo, la medida no apunta a combatir el crimen de organizado que explota la vulnerabilidad de esos jóvenes, sino que castiga a quienes son víctimas de estas mafias.
La impostura no podría ser mayor, teniendo en cuenta que uno de los impulsores de esta iniciativa es el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, que ha oficiado de abogado defensor de cuanto narco hubo en Argentina. El propio Javier Milei alienta los negocios espurios desde el momento que sanciona un blanqueo de capitales que permite lavar dinero malhabido. Sin embargo, elige como “chivo expiatorio” a los eslabones más débiles de la cadena delictiva para mostrarse ante la opinión pública como un presidente abocado a resolver el problema de la inseguridad. Mientras tanto, los “peces gordos” permanecen intocables.
Lo cierto es que encarcelar niños de 13 años es una política ineficaz para reducir la inseguridad, ya que la incidencia de los adolescentes en hechos delictivos es mínima. Según los datos del Ministerio de Justicia, en 2022 solo el 0,6% de las sentencias condenatorias fueron dirigidas a menores de 18 años (134 sobre 52.165 condenas totales). Además, según un relevamiento de la Corte Suprema, correspondiente al 2023, al 84% de los menores con causas judiciales se lo acusa de cometer delitos contra la propiedad, no delitos graves.
Milei lo sabe pero le conviene que la población trabajadora piense que su enemigo principal es el “pibe chorro” y no el gobierno que, con cada medida, suma nuevos sectores a las filas de la pobreza. No es casual que haya sacado la carta de la edad de punibilidad justo en este momento, donde el empantanamiento de su rumbo económico es cada vez más evidente y crece el descontento social.
No es el primero en blandir esta propuesta. Mauricio Macri y Sergio Massa lo hicieron antes que él. Lo que ninguno ha mencionado son las carencias materiales -y simbólicas- que llevan a algunos jóvenes a delinquir. Según un informe de Unicef, 3 de cada 10 adolescentes privados de su libertad habían vivido en situación de calle antes de ser apresados, el 50% no estaba yendo a la escuela, y, en promedio, habían tenido que salir a trabajar antes de cumplir 14 años. Piden mano dura para chicos que aún no han terminado de desarrollar el pensamiento abstracto los mismos que, a la hora de gobernar, destruyen sus condiciones de vida. El punitivismo contra las infancias en situación de vulnerabilidad supone un castigo por partida doble.
La campaña del gobierno de presentar al delito juvenil como el mayor de los problemas -haciendo un recorte interesado de la realidad- reforzará la estigmatización, y, en consecuencia, el hostigamiento policial sobre la juventud de los barrios, incluso sobre esa inmensa mayoría que no sale a robar. Cada vez a más temprana edad deberán soportar detenciones arbitrarias por “portación de cara”, requisas degradantes y extorsiones a manos de la policía. Con estos discursos de odio, el oficialismo quiere justificar un envalentonamiento represivo cuyo objetivo principal es disciplinar a los sectores populares para que no levanten cabeza frente al ajuste.
En lugar de someter a los pibes al encierro, hay que sacarlos de la pobreza dándole trabajo genuino a sus familias, multiplicar los clubes deportivos y centros culturales en los barrios para alejarlos de la marginalidad, garantizar su permanencia y continuidad en la escuela, entre otras medidas, que están en las antípodas de lo que podrá ofrecer alguna vez este gobierno del hambre, que se regodea ante el sufrimiento de nuestro pueblo. Por eso hay que derrotarlo y construir una salida que elimine las privaciones que hoy asedian a la juventud.
