Sociedad

11/8/2026

CABA: una movilización reclamará este miércoles que inmuebles se destinen a resolver la crisis de vivienda

Impulsada por la Coordinadora contra los Desalojos y por la Vivienda.

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Marcha de las Escobas.

Impulsada por la Coordinadora contra los Desalojos y por la Vivienda, este miércoles 12 a las 17:00 horas se hará una concentración en el Parque Lezama, en el barrio de La Boca. Cerca de allí funciona la Subsecretaría de Administración de Bienes Inmuebles de la ciudad. Se reclamará que no se sigan rematando viviendas que podrían ser utilizadas con fines habitacionales. A la mañana, una delegación presentará una nota solicitando una mesa de trabajo para la recuperación y uso social de los inmuebles en manos del Estado.

Esta jornada, resuelta en la última asamblea abierta realizada, tiene el fin de denunciar al área al frente de la cual se encuentra Guillermo Sánchez Sterli, encargada de definir el destino de los inmuebles de la ciudad. Es que, en vez de ser destinados con fines habitacionales o garantizar el derecho a la vivienda para las familias que en muchos casos los habitan, son subastados y rematados, previo desalojo cuando están ocupados, para engrosar las propiedades de los especuladores inmobiliarios amigos.

Jorge Macri, desalojador

Según un informe armado por el equipo de investigación de la Coordinadora contra los desalojos, en base a información recabada de un pedido de informes hecho en la Legislatura sobre herencias vacantes, entre abril de 2024 y marzo de 2026 más de 20 inmuebles en propiedad del GCBA fueron desalojados. De estos, en un 40,7% hubo algún niño, niña o adolescente, y en un año entraron a subasta más de 320 terrenos e inmuebles que podrían haberse usado para cubrir las necesidades habitacionales de al menos 1.000 personas.

En el informe señalan que del total del dinero obtenido por las subastas –unos $469 millones-, tan solo $135 millones se han destinado a alguna partida, mientras que los otros $333 millones no se sabe dónde están. La Ley 52 de herencias vacantes determina que los fondos obtenidos de las subastas de estos inmuebles deben ser destinados a inversiones del Ministerio de Educación, pero es bien sabido que las escuelas sufren constantes problemas de infraestructura y falta de recursos. En la actualidad hay unos 250 desalojos activos por parte del GCBA que seguramente también serán destinados a remate en caso de avanzar.

La crisis habitacional en la Ciudad es cada vez mayor. Un 40% de la población es inquilina y debe pagar alquileres cada vez más caros, y ahora deberá enfrentarse a la posibilidad de que se avance con los desalojos exprés que figuran en uno de los capítulos que se mantuvieron de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada; casi 400 mil personas que viven en villas y asentamientos, en muchos casos hacinadas y sin acceso a servicios básicos como agua y cloacas, producto de la falta de una urbanización real de parte de todos los gobiernos; más de 12 mil personas viven en situación de calle, según el censo realizado por organizaciones que trabajan con esta problemática.

Mientras tanto, la política de Jorge Macri es la del desalojo permanente y ya lleva más de 900. La falta de reglamentación de la Ley que venía a regularizar el subsidio habitacional 690, la negativa de aumentar su monto para cubrir siquiera una habitación de hotel o pensión, el bloqueo de la posibilidad de ingresar materiales de construcción a barrios como la Villa 31 o La Carbonilla –que los propios vecinos deben sostener ante la falta de urbanización-, los ínfimos créditos hipotecarios otorgados por el Banco Ciudad con tasas incluso peores que algunos bancos privados, muestran cuál es la política habitacional del gobierno. Ni para los más pobres ni para la clase media. Es la expulsión de los trabajadores de la Ciudad. Esa es la "ley y el orden" para Jorge Macri.

Mientras se desarrolle la jornada frente al Palacio Lezama, va a estar sucediendo la "Expo Real Estate" en el hotel Hilton de Puerto Madero, un evento que reúne a los mayores desarrolladores e inversores inmobiliarios de Latinoamérica. Es decir, a los especuladores que incentivan los desalojos y la expulsión de las viviendas de los trabajadores. Y es que queda claro que ni de cerca tienen el objetivo de generar alguna respuesta a la situación habitacional, cuando se observa que de las casi 100 exposiciones entre charlas y "talleres" solo 3 mencionan la palabra vivienda. La gran mayoría hablan de "producto inmobiliario", "negocios y proyectos rentables", "plusvalía inmobiliaria", y hasta un panel sobre un "proyecto de ley de desalojos". No es un dato menor que, a pesar de que cientos de miles de familias tienen problemas habitacionales, se calcula que más de 200 mil viviendas permanecen vacías en la ciudad.

A luchar por la vivienda

Queda clara la orientación desalojadora del gobierno de la Ciudad y las inmobiliarias y especuladoras amigas. A esto le oponemos la organización de los trabajadores en la ciudad por el derecho a la vivienda. En este camino es que se elaboraron, con la colaboración de las bancas de Vanina Biasi y Amanda Martín en la Legislatura porteña, dos proyectos de ley para modificar la Ley 52 de herencias vacantes y la 6247 de disposición de bienes. Los principales cambios implican que no se puedan desalojar inmuebles habitados con fines habitacionales, que el primer destino de los inmuebles sea el uso para vivienda y que, en caso de que se rematen, el dinero sea destinado al Instituto de la Vivienda y a fondos con fines habitacionales, como la urbanización de villas o los de la Ley 341 de autogestión de vivienda, con tasas bajas y accesibles. Los proyectos serán presentados el mismo miércoles de la jornada por miembros de la Coordinadora, van juntando apoyo de distintos legisladores y habrá que continuar con la lucha para exigir que sean tratados y aprobados.

Tanto la marcha de las escobas que denunció en el Edificio del Plata la complicidad de los gobiernos con el grupo IRSA y la patria inmobiliaria, como la jornada del próximo miércoles, que denunciará al Estado por su rol de entregador de terrenos y inmuebles públicos que deberían tener un fin social, buscan aumentar esta organización y exigir respuestas concretas. Basta de desalojos, urbanización real de villas y asentamientos bajo control de los vecinos, creación de un impuesto progresivo a la vivienda ociosa, revisión de todos los terrenos y edificios privatizados y creación de un banco de tierras e inmuebles públicos para soluciones habitacionales. Expulsemos a los Milei, Macri y todos los que venden nuestro suelo y nuestra tierra.

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