Sociedad
27/9/2024
Casi siete de cada diez personas son pobres en Formosa
La indigencia trepó al 19,8%.
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En un año se duplicó la pobreza en la provincia.
Los últimos datos del INDEC, publicados este jueves, revelan una situación alarmante en la ciudad de Formosa. El 67,6% de los habitantes de la capital provincial vive por debajo de la línea de pobreza, mientras que cerca del 20% (19,8%) está en la indigencia. Estos números, correspondientes al primer semestre de 2024, muestran un grave incremento en comparación con los registros de los semestres anteriores, lo que evidencia una profundización de la crisis en la provincia.
El informe también detalló cómo el crecimiento de la pobreza se distribuyó de manera desigual en el país. Las regiones más afectadas son el Noreste y el Noroeste, con índices del 62,9% y 57% respectivamente. Dentro de estas áreas, algunas ciudades muestran cifras aún más críticas: en Gran Resistencia, el 76,2% de los habitantes vive bajo la línea de pobreza, y Formosa no se queda atrás con un 67,6%.
Esta situación se agrava al observar los números de indigencia. En Formosa, 13.629 hogares, que incluyen a 52.187 personas, no logran cubrir la Canasta Básica Alimentaria, cayendo bajo la línea de indigencia. En términos de pobreza, 47.954 hogares (177.821 personas) no logran acceder a la Canasta Básica Total, lo que muestra un deterioro del poder adquisitivo frente al aumento sostenido del costo de vida.
Al analizar las cifras de los últimos tres semestres, el aumento de la pobreza y la indigencia en la capital formoseña es evidente. Durante el primer semestre de 2023, el 29,7% de la población estaba en la pobreza y el 7,5% en la indigencia. Sin embargo, para el segundo semestre del mismo año, esos valores se dispararon al 46,9% y 14,9%, respectivamente. Finalmente, en el primer semestre de 2024, los indicadores se dispararon: 67,6% de pobreza y 19,8% de indigencia.
Este salto abrupto revela el impacto del ajuste y los ataques que están sufriendo los hogares formoseños. El informe del INDEC destacó que los ingresos de las familias evolucionaron por debajo del costo de vida, lo que explica la caída generalizada en la capacidad de las familias para satisfacer sus necesidades básicas.
La crisis social que atraviesa Formosa y sus causas tienen varias patas. El llamado “modelo formoseño”, con el gobernador Gildo Insfrán a la cabeza, es uno de los principales responsables del actual estado de pobreza y marginalidad. Este modelo permitió el enriquecimiento de unos pocos, mientras la mayoría de los formoseños enfrenta una pauperización creciente.
El gobierno provincial no ha brindado soluciones integrales a los problemas sociales que afectan a la población. Las demandas de las organizaciones sociales relacionadas con la crisis de alimentación son un claro ejemplo. En cuanto a lo salarial, la situación es similar. Los aumentos otorgados no alcanzan para cubrir la Canasta Básica Total (CBT). El reciente incremento del 30%, que elevó el básico a $540.000, sigue siendo insuficiente frente a una CBT que en agosto de 2024 llegó a los $939.887, según los datos del INDEC. Esta distancia entre ingresos y costo de vida mantiene a un gran sector de los trabajadores en la pobreza.
A nivel nacional, el gobierno de Javier Milei ha agravado notablemente las condiciones de vida de los trabajadores. En apenas seis meses de su gestión, más de cinco millones de personas se sumaron a las filas de la pobreza, y casi tres millones más cayeron en la indigencia. El ajuste económico impulsado por el gobierno, que prioriza el pago de la deuda externa sobre las necesidades populares, ha tenido un impacto devastador en los sectores más vulnerables.
Los ingresos no alcanzan el ritmo de la inflación, especialmente en el costo de los alimentos. Mientras que el ingreso familiar promedio creció un 87,8%, la Canasta Básica Alimentaria (que determina la línea de indigencia) subió un 115,3%, y la Canasta Básica Total un 119,3%. Este desajuste ha generado una pérdida significativa del poder adquisitivo de los hogares.
Además, el gobierno de Milei ha realizado un ajuste en el presupuesto destinado a programas sociales. Los fondos para jubilaciones y pensiones cayeron un 23,7%, las políticas alimentarias fueron reducidas en un 17,9%, y el Ex Potenciar Trabajo sufrió un recorte del 56,6%. Estas medidas, que forman parte de la motosierra, han profundizado aún más la crisis social, afectando a millones de argentinos.
Frente a este escenario, la pregunta es cómo salimos. Está claro que las respuestas no vendrán de la oposición dialoguista, que respalda cualquier medida antipopular del gobierno de Milei. Tampoco podemos esperar nada de los parlamentarios de la patronal. Un ejemplo claro es el radicalismo, cuyos diputados salvaron el veto de Milei a la movilidad jubilatoria, perjudicando a millones de jubilados. Tampoco en las figuras del peronismo, como Cristina Kirchner, que viene de reunirse recientemente con la Juventud Sindical para sumarse a la campaña contra el derecho a la huelga, mientras que su hijo, Máximo, intenta una política de desmovilización al afirmar que “El veto es una facultad constitucional, hay que dejar de patalear”.
Por otro lado, la burocracia sindical tampoco ofrece una salida, ya que se ha mostrado más interesada en preservar las cuotas sindicales compulsivas que en defender los derechos y conquistas de los trabajadores. Mientras tanto, derechos que costaron un siglo de luchas están siendo pulverizados en cuestión de meses.
Ante esta situación, la única salida posible es la organización independiente de todos los sectores de la clase trabajadora. En esta dirección, la primera tarea inmediata es derrotar el veto al presupuesto educativo de Milei el próximo 2 de octubre. Es necesario reclamar un paro activo nacional para ese día y organizar un plan de lucha que busque frenar al gobierno en todos los frentes. Ganar las calles y fortalecer la convocatoria debe ser el objetivo central de todo el activismo que quiera hacer frente a este gobierno y sus políticas de ajuste.
