El día lunes 7 de julio, el pueblo de Corrientes volvió a movilizarse en distintos puntos de la provincia exigiendo la aparición con vida de Loan. En la capital, la marcha se dirigió a la Casa de Gobierno y apuntó contra el gobernador, al grito de “Valdés caradura, devolvé a la criatura”. Sucede que el devenir de la causa deja entrever una trama de impunidad que salpica a las altas esferas del poder político.

Las resonantes declaraciones de Macarena Peña, hija de Laudelina Peña, así lo demuestran. La joven dijo ante la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, que su madre había actuado bajo amenaza cuando instaló la versión del accidente. Además de desmentir dicha hipótesis, afirmó que José Fernández Codazzi, en ese entonces su abogado, primero le prometió darle una casa y una moto a cambio de que dijera que Loan había sido atropellado, y, como no fue suficiente, recurrió a las extorsiones.

“Él nos dijo que (Patricia) Bullrich iba a a venir por nosotras. Nos dijo que en mi celular habían encontrado cosas comprometedoras y que las dos íbamos a ir presas. Que venían por nosotras”, contó Macarena ante las cámaras de Crónica TV a la salida del juzgado. Frente al tenor de la denuncia, efectivos de la Prefectura allí presentes intentaron frenar la entrevista. Un verdadero escándalo por el cual la ministra de Seguridad debería dar explicaciones de inmediato.

Recordemos que Codazzi está íntimamente relacionado con el entorno de Gustavo Valdés. Militó por su reelección en 2021 junto al senador provincial Diego Pellegrini, hoy mano derecha del gobernador. A su vez, está casado con Guillermina Traverso, quien actualmente se desempeña como concejala en la localidad correntina de Esquila por Encuentro Liberal, partido del cual Buenaventura Duarte (ministro de Seguridad de Corrientes) es referente. Este último es el responsable de que el comisario de 9 de Julio Walter Maciel, uno de los detenidos por la desaparición de Loan acusado de encubrimiento, no haya sido removido de su cargo con anterioridad, ignorando las serias denuncias que pesaban en su contra.

El abogado fue quien llevó a Laudelina Peña -tía de Loan- a declarar a la Justicia provincial en medio de la madrugada, pese a que la causa ya había pasado al fuero federal, donde sostuvo que el marino Carlos Pérez y su pareja, la exfuncionaria mileísta de 9 de Julio, María Victoria Caillava, habían atropellado al niño. Todo indica que se trató de una maniobra orquestada desde el propio gobierno provincial a los fines de desviar el curso de la investigación. El tuit de Gustavo Valdés que prácticamente daba por cerrado el caso a partir de dicha declaración levantó aún más sospechas en ese sentido. Asimismo, Patricia Bullrich se hizo eco catalogando el testimonio como una “confesión fuerte y creíble”.

Actualmente, Laudelina se encuentra detenida en el penal de Ezeiza imputada por “sustracción, alteración de evidencias del caso, ocultamiento de Loan y por tener un rol activo en esos delitos”. Ahora tiene una nueva abogada defensora, Mónica Graciela Chirivín, y, según trascendidos, en una próxima declaración pasaría a contar “la verdad de los hechos”. Es decir, tenemos a una letrada que supuestamente sabe qué pasó con Loan y todavía la Justicia no accedió a esa información.

Tras la gravedad que revisten las acusaciones realizadas por Macarena Peña, la jueza que lleva la causa debería imputar tanto a Codazzi como a Valdés, sin embargo, ninguno de los dos está siendo investigado porque gozan de la protección que confiere el poder. Otro que tendría que estar en el banquillo de los acusados es Buenaventura Duarte, en tanto jefe de una policía provincial que ha cometido un sinnúmero de irregularidades durante la búsqueda de Loan. No solo el comisario Maciel permitió que los principales sospechosos viajaran a Resistencia un día después de la desaparición del chico, sino que además, en el reciente allanamiento a la Comisaría de 9 de Julio fueron halladas prendas del menor colgadas en un ténder que hasta el momento no habían sido puestas al servicio de la investigación.

Esta cadena de ocultamientos organizada desde el Estado seguramente tiene algún negocio turbio detrás. Según el periodista Alejandro Pueblas de A24, se trataría de una red de venta de niños que operaba en 9 de Julio, donde Antonio Benítez (otro de los detenidos y marido de Laudelina) se dedicaba a violar chicas y dejarlas embarazadas, luego Caillava y Pérez intervenían ofreciéndoles “acompañamiento”, las llevaban a parir a una clínica en Resistencia y, una vez nacidos, vendían a los bebés.

Sea como fuere, son evidentes los esfuerzos de parte de las autoridades en tapar qué fue lo que sucedió, lo cual ha alimentado la bronca popular. El caso de Loan pone de relieve a un régimen completamente descompuesto, donde las mafias del crimen organizado se mueven cómodamente bajo el amparo estatal. Corrientes sigue sublevada porque su población está harta de que “se roben a los niños en la cara de la gente” y que sus gobernantes sean cómplices.

El caso Loan y el lobby libertario para despenalizar la venta de niños

Un senador del oficialismo propuso “no penar a las familias que entreguen a un menor de edad por necesidad”. Entretanto, se enturbia la investigación y la hipótesis de que es un caso de trata vuelve a cobrar fuerza. –

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