Este miércoles 5 las familias que hace siete años protagonizan la lucha por el derecho al acceso a los servicios esenciales en Malabrigo cortaron la Ruta 9. Se trata de 37 familias que vienen reclamando la titularización de los terrenos que ocupan y el acceso a los servicios básicos, como son el agua y la luz.

Ante esto el gobierno municipal de Gustavo Brandán solo hizo promesas de campaña. Incluso, luego de siete días de acampe en la ruta, en noviembre, la mesa de diálogo conquistada fracasó por la intención del gobierno de llevar adelante, en esa zona, proyectos inmobiliarios.

Cintia Frencia, concejala del FIT en la Ciudad de Córdoba, acompañó la acción, remarcando que “las familias cuentan con todas las habilitaciones que exige la provincia y de la cooperativa para poder garantizar la conexión, sin embargo, el intendente prefiere, antes que garantizar un derecho humano, preservar un negocio con un puñado de sojeros amigos”.

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La responsabilidad de Brandán sobre las condiciones de vida que sufren las familias es clara. Y se inscribe en la grave crisis hídrica que tiene la provincia, junto con la crisis habitacional. Dos caras de una misma moneda: los negociados alrededor de la tierra, que expulsan a la marginalidad a las familias, privándolas de los servicios esenciales en medio de una tercera ola de Covid que golpea fuertemente a Córdoba.

No obstante, las familias seguirán en pie de lucha para conquistar este derecho humano negado por la orientación de defensa del lucro privado de quienes nos gobiernan.