Las condiciones de vida de la pequeña Maia (7 años) y su madre Estela, quienes habitaban una “casilla” precaria e improvisada a la vera de la autopista Dellepiane (CABA), han puesto nuevamente de manifiesto la situaciones de cientos de miles de personas que habitan en la calle, un hecho que se ha agravado con la pandemia, el ajuste y la política habitacional del gobierno.

A falta de relevamientos nacionales y censos actualizados, se calcula –según la combinación de estadísticas de diversas fuentes (Indec, UCA)- que los casos de niños y niñas que en 2020 integraron hogares indigentes, con inseguridad alimentaria severa y sin percibir transferencias de ingresos por asistencia social del Estado, superan los 300.000 (La Nación, 17/3).

En CABA, donde una cantidad de organizaciones, independientes del gobierno de la Ciudad, realizan un seguimiento periódico de las cifras de personas que habitan en la calle, los datos del 2019 reflejan la existencia de 7.251 personas en esta situación, de los cuales 871 son niños o adolescentes.

Se trata de cifras desactualizadas, las cuales en su mayoría se encuentran en ascenso frente al agravamiento de las condiciones de vida y el desplazamiento de las familias más pobres e indigentes fuera de sus hogares, a falta de capacidad de pago y cualquier sustento económico.

Un problema “invisible” para el Estado

Si bien los centros de las principales ciudades del país, particularmente en CABA, han devuelto las postales de personas y sus familias “arreglándoselas” para montar estructuras endebles en los ingresos de instalaciones abandonadas, parques, puentes y cualquier recoveco, el Estado no cuenta con un estudio y cuantificación de esta situación que padecen miles de familias.

La mayor parte de la estadística nacional que recoge el Indec da por sentado la existencia de hogares, con menor o mayor preparación, reservando la categoría de indigentes a quienes no alcancen a cubrir una Canasta Alimentaria, hoy casi unas 5 millones de personas (10,5% de la población). Pero no hay ningún intento por detectar a quienes no tienen nada que llamar hogar.

Una manifestación nacional de esta cuestión fue el proceso de recuperación de tierras, que protagonizaron decenas de miles de trabajadores desocupados en todo el país y que tuvo su expresión más álgida en Guernica.

Allí, nuevamente, no fueron los gobiernos nacional ni provincial quienes se ocuparon de censar a los vecinos y vecinas sin tierra, sino los propios habitantes del predio, con la colaboración de las organizaciones piqueteras, las que relevaron las 1.500 familias del lugar.

La crisis se profundiza y no se impulsan soluciones

El único abordaje que el Estado ofrece para los casos de familias y personas sin techo son algunos paradores transitorios, con cupo limitado y renovables día a día, o algún subsidio de tipo habitacional por un período determinado de unos pocos meses y montos que no alcanzan para costear ningún alquiler actual.

Además, al tratarse de los sectores más vulnerables de la sociedad, muchos incluso carecen de alguno de los requisitos para acceder a estos beneficios.

Para el caso de Estela y Maia, desde el gobierno de la Ciudad informaron que se habrían acercado en 15 ocasiones a su casilla, estableciendo contacto solo en 3 ocasiones, con el ofrecimiento de llevarlas un “Centro de Inclusión Social” o de ayudarlas para tramitar un subsidio (circunstancial). Las tres veces habrían sido rechazados -según lo informado. Es que para quienes no tienen nada, o casi nada, aferrarse a lo poco que han logrado resulta imprescindible para no volver a foja cero.

Es lo mismo que se ha visto en decenas de recuperaciones de tierras, donde los gobiernos primero intentar disuadir por medio de una asistencia económica efímera y cuando ven que esto no corre se valen del despliegue de las fuerzas represivas y el desalojo violentos.

Con tantos desalojos que tuvo el 2020 sería difícil no encontrarse con personas viviendo en la calle.

Al respecto del tema, el flamante ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, tampoco ha implementado ninguna política para atender este problema urgente, lo cual agrava otros problemas sociales, ya que quienes viven en la calles se enfrentan a situaciones de mayor vulnerabilidad –como lo ha reflejado el caso de Maia- e incluso violencia institucional por parte del aparato represivo.

Por el contrario, asistimos a la antesala de un aluvión de desalojos y de un salto exponencial de los precios en los alquileres, que ya acumularon en 2020 más de un 60% de aumento. Mientras la obra de viviendas y los programas anunciados por el gobierno no caminan, empezando por la urbanización de los 4.000 barrios populares censados en 2018.

Para terminar con las situaciones como a las que se visto expuesta Maia y su madre es urgente la creación de un Banco de Tierras y un plan de viviendas, para satisfacer la demanda habitacional, y la implementación de políticas urgentes para asistir y dar techo a todas las personas que viven en la calle. El planteo de un seguro universal al desocupado, igual a la canasta básica, se inscribe en esta línea, junto al reclamo por el aumento del salario mínimo por encima de la pobreza. Es el camino adoptado por el Frente de Lucha Piquetero y las organizaciones independientes del Estado, que vienen de copar la Plaza de Mayo con una contundente movilización piquetera.

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