El pasado 30 de agosto, la policía de Córdoba detuvo e imputó a cuatro hombres por facilitar “representaciones de abuso y explotación sexual infantil agravada por la presencia de menores de 13 años” (La Voz, 30 de agosto), luego de una serie de allanamientos en distintas ciudades y barrios de la capital. Un poco antes fueron detenidas 50 personas en distintas provincias del país, a partir del mismo operativo internacional contra la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes denominado “Aliados por la Infancia”.

Uno de los detenidos es Alfredo Díaz, histórico integrante de la lista Celeste y Blanca de Uepc (integrada a la Celeste de Juan Monserrat) y miembro de la comisión directiva del consejo departamental de la capital. El hecho generó indignación, conmoción y repudio generalizado entre la docencia. A pesar de que la noticia fuera publicada el 30 de agosto en el mayor diario de tirada masiva de Córdoba, sin nombres propios, la conducción sindical emitió un escueto comunicado el 19 de septiembre, luego de que el nombre y apellido de Díaz circularan por los medios de comunicación.

El comunicado tardío informa que la conducción de Uepc le suspenderá la afiliación y cesarán sus funciones gremiales, pero no busca denunciar el hecho y el entramado que lo sostiene, sino más bien preservar corporativamente a la organización sindical cuestionada profundamente por la docencia de Córdoba. El propio Ministerio de Educación procede con el mismo libreto toda vez que un caso de abuso sexual se conoce a partir de las denuncias y el seguimiento de familias o alumnos. Los acusados son trasladados a sectores del mismo ministerio durante años, amparados y protegidos. Las niñeces y adolescencias, por el contrario, sufren desprotección y deben peregrinar con sus familias o con los mismos docentes como tutores para poder efectuar denuncias y que se les dé alguna respuesta que no sea la revictimización.

No se trata de un hecho aislado. La Justicia cordobesa tiene una larga tradición en cajonear causas por abusos sexuales en las infancias y pornografía infantil en instituciones educativas. Es el caso del centro educativo de Música Collegium, el Jardín Gaviota, La Casita del Hornero, entre otros. Todos casos aberrantes que fueron denunciados por familiares y madres protectoras, clausurados bajo la figura del falso SAP.

Mientras se encubre a los abusadores y no se desmantelan las redes de abuso sexual infantil, trata de personas y menores que actúan bajo la protección del Estado, se desampara a estudiantes y docentes, quienes diariamente están expuestos a situaciones de violencia y denuncias de todo tipo.

Exigimos la inmediata investigación en la causa que involucra a Alfredo Díaz y que se avance en la investigación de todas las personas implicadas, el inmediato desmantelamiento de la red de pornografía y abuso en las infancias que opera en Córdoba. Exigimos justicia.

Por una ESI laica, científica y respetuosa de las diversidades

Los datos son alarmantes. La ONG Grooming Argentina confirma que Argentina se encuentra entre los 10 países con más tráfico de pornografía infantil. Según las denuncias realizadas a la línea 137 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, entre octubre de 2019 y septiembre 2020, el aumento de fotos y videos utilizados para consumo de pornografía infantil fue de un 522% en comparación con el período anterior. El Estado no solo no previene el abuso, grooming, explotación y los demás delitos de integridad sexual, sino que deja expuestas a las infancias al accionar de los pedófilos y explotadores de niños y niñas. A la vez, tampoco actúa para erradicar el negociado y la red que opera para que éste se expanda. No es un dato novedoso que en estas redes estén implicados los dueños del poder.

Por último y no menos importante, la ESI es una herramienta clave para informar, prevenir y detectar casos de abuso sexual en infancias. La ESI no se aplica como debiera en todos los niveles y modalidades educativas, empezando por el inicial. La falta de presupuesto para la formación gratuita y obligatoria en ESI de los docentes y para desarrollar curricularmente los contenidos, es apenas uno de los motivos. En las escuelas confesionales, por citar ejemplo, el Artículo 5 de la Ley N° 26.150 que fue cedido a las Iglesias, sirve de instrumento para adecuar los contenidos de acuerdo a cada ideario institucional. Las consecuencias están a la vista: el cercenamiento a la ESI es funcional a la pedofilia y los abusos. Los propios estudiantes cuestionan no haber recibido ESI adecuadamente y expresan la demanda cada vez que se los consulta. Una educación sexual integral, científica, respetuosa de las diversidades y alejada de dogmas y postulados oscurantistas es necesaria para poder conocer derechos y generar redes y protocolos de acción que permitan proteger integralmente a niñas, niños, jóvenes y adolescentes y luchar por sus derechos.

La avanzada derechista de Milei y compañía promete ir por esa y otras conquistas de los trabajadores, estudiantes y del movimiento de mujeres. La lucha para defender lo conquistado y avanzar en todo nuestro programa de reivindicaciones está en las calles. El próximo 28 de septiembre tenemos una cita de honor para plantar nuestras banderas en el día de acción global por el aborto legal, seguro y gratuito.

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