Recientemente se dio a conocer que hay un octavo uniformado implicado en una causa de estafa piramidal en el seno de la Policía de la Provincia de Córdoba. Trascendió que se trata de un sargento, que habría prometido entregarse. Pero los efectivos implicados en una estafa que tendría alrededor de 60 victimas serían todavía más.

Además, están implicados también un abogado y una contadora que supo formar parte de las fuerzas de seguridad y fue despedida. Entre los policías imputados hay dos efectivos presos por esta causa y que son hijos de la tristemente célebre Mirta Graciela “Cuca” Antón, quien formó parte de la fuerza y fue condenada por crímenes de lesa humanidad en la dictadura (La Voz del Interior, 10/3).

Las causas están siendo investigadas por el fiscal José Mana desde el 2019, pero recién en estos días se están dando a conocer a los cómplices de estas organizaciones, que permitían a los colocadores de inversiones obtener ganancias de los montos depositados en las empresas. En los primeros allanamientos realizados fueron detenidos siete policías, el abogado y la contadora, y también fue allanada la División de Transporte de la fuerza provincial.

Cabe recordar que días atrás, en la causa “Generación Zoe”, cayó detenido un efectivo de la Policía Federal. Con lo cual, por esa estafa, ya hay involucrados integrantes de las fuerzas de (in)seguridad tanto provincial como nacional.

En Prensa Obrera venimos denunciando que el delito, incluidas incluso algunas estafas como estos esquemas de Ponzi, requieren de la plena complicidad del Estado como así del sistema financiero. No debe sorprender entonces que el aparato represivo aparezca como cómplice directo o incluso forme parte de las organizaciones delictivas. La participación de las fuerzas en el narcotráfico, las redes de trata y el delito organizado en general hacen imperioso desmantelar el descompuesto aparato represivo.

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