Un reciente informe de la UCA sobre los efectos de la cuarentena en las infancias arroja que 2 millones de niños y adolescentes, menores de 17 años, sufrieron “inseguridad alimentaria severa” (hambre), y que otros 2,5 millones no recibieron las cuatro comidas diarias necesarias. Se trata de los peores números de la última década, con un 34,4% de niños con deficiencia alimentaria y un 15,5% con hambre, que da cuenta del carácter de un gobierno que ha hundido a la población en la pobreza.

Si bien los registros de los últimos diez años marcaban una leve tendencia ascendente de estos indicadores, del 2017 al 2018 se produjo un salto brusco de 7,9 puntos porcentuales en la inseguridad alimentaria, cuyo siguiente salto se produjo ahora con otros 4 p.p.

La sábana corta

Un dato importante, que arroja el informe, es la caída de la ayuda alimentaria directa que se efectúa a través de las escuelas y los comedores populares. Ésta pasó del 39,2% en 2019 al 23,2% en 2020, tirando por la borda el mito difundido del “Estado presente”.

El único atenuante de este fuerte impacto del déficit alimentario en las infancias seria la Tarjeta Alimentar, con alcance limitado hacia los primeros años de la infancia (hasta los 6 años). Según el informe, los niños de 0 a 4 años serían los menos afectados, pero la situación se agrava para los estratos de 5 a 12 años y es aún peor para los adolescentes de 13 a 17 años.

Este deterioro en la alimentación fue significativo en el estrato socio-ocupacional bajo integrado, pasando del 28% a un 36%, a diferencia de los sectores marginales, que manifestaron una leve suba posicionándose en un elevado 53,8%.

De esta forma, la asistencia social del Estado muestra sus límites insalvables, señalados y denunciados por las distintas organizaciones de desocupados que desde el inicio de la cuarentena reclamaron un plan integral para las familias pobres, con el aumento, variedad y calidad de las partidas alimentarias y un seguro universal de $30.000.

Pobreza y más ajuste

Las estadísticas dan cuenta de que un 64,1% de los 13 millones de menores de 17 años son pobres. Se trata de unos 8,5 millones de niños y adolescentes, para los cuales las políticas asistenciales son absolutamente insuficientes.

El mismo informe de la UCA establece una relación directa entre esta crisis alimentaria y el crecimiento de la pobreza, agravado por los millones de empleos perdidos y por el aumento de la brecha en la participación de la riqueza entre ricos y pobres.

La orientación entreguista de un gobierno que prioriza las negociaciones con el capital financiero y los compromisos con los sectores capitalistas por sobre la defensa de los puestos de trabajo, los salarios y sectores más pobres de la sociedad, negando los derechos más elementales, como el acceso a la tierra y a una dieta alimentaria suficiente, ha agravado las condiciones de vida de la población más vulnerable, generando secuelas irreparables en una porción significativa de las infancias.

El saqueo a los jubilados, que se está consumando en estos días en el Congreso, se inscribe en la misma línea de ataque, pero esta vez contra los adultos mayores, condenándolos a una jubilación mínima por debajo de los índices de subsistencia.

La respuesta a esta política debe provenir desde el movimiento obrero y sus organizaciones de ocupados y desocupados, en la línea del paro y el plan de lucha para derrotar esta orientación e imponer una salida propia a la crisis social y económica que atraviesa el país. Por un plan de emergencia para abastecer de alimentos al conjunto de la población necesitada y la ruptura con el FMI y el no pago dela deuda para utilizar esos recursos en la generación de obra pública y empleo.

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