En las últimas 48 horas tuvimos que lamentar el fallecimiento de Mateo Natanael Álvarez, un bebé de ocho meses, como consecuencia de un incendio producido en su vivienda, ubicada en Villa Los 40 Guasos, provincia de Córdoba. A su vez, en La Quiaca, provincia de Jujuy, un hombre que se encontraba en situación de calle, conocido como Don Felipe, perdió la vida a causa del frío. Hechos trágicos, que hubieran podido evitarse con una conexión eléctrica adecuada en el asentamiento precario donde le tocó nacer a Mateo y si Don Felipe hubiera tenido acceso a una vivienda.

Ambos sucesos, ocurridos en distintos puntos del territorio nacional, confirman aquellos versos de una milonga que dice “tanta distancia y camino (...) y la pobreza es la misma, los mismos hombres esperan”. Como vemos, las bajas temperaturas que tuvieron lugar en las últimas semanas agravan las condiciones de vida de las capas más empobrecidas de la población. Ante esta situación, ni el gobierno nacional ni los gobiernos provinciales garantizan un techo donde vivir, ni el derecho a contar con los servicios básicos para poder resguardarse del frío.

 

Por el contrario, la Secretaría de Energía habilitó este año el aumento del 21% del precio de la garrafa. Esta medida afecta en particular a quienes viven en los barrios más pobres del país, los cuales no cuentan con una conexión de gas natural, y, por lo tanto, la única opción es comprar gas envasado. Solo los jubilados y las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo pueden recibir una garrafa a precio subsidiado, el resto debe pagar $435,18 cada vez que compra una de 10 kg.

Para el grupo poblacional con menores ingresos costear el consumo de gas envasado es muy dificultoso. El 10% más pobre del país (2,2 millones de personas) percibe en promedio $14.300 mensuales, con lo cual, la compra de dos garrafas por mes insume el 6% de esa cifra. En estos casos, utilizar el gas para calefaccionar los hogares está lejos de ser una opción.

Vale poner de relieve la contradicción de un país cuyo gobierno premia a las petroleras con subsidios dolarizados para la producción gasífera, mientras que el 38,8% de los hogares argentinos no accede a la red de gas. A su turno, la disposición oficial de otorgar un precio sostén de 3,7 dólares por millón de BTU, establecido en el Plan Gas, deriva en el encarecimiento del precio de la garrafa, afectando al bolsillo popular. En resumen, para el gran capital todo, para las mayorías cada vez más privaciones.

Aquí radica la impostura de la ley que amplía las “zonas frías” impulsada por el kirchnerismo y aprobada recientemente en el Congreso. En primer lugar, la misma solo establece descuentos en la boleta de gas para algunos puntos geográficos, dejando por fuera a muchos sectores vulnerables que necesitarían ese beneficio. Además, no abarca a aquellos usuarios que no poseen gas de red en sus viviendas, casualmente, quienes residen en los barrios más pobres.

Triste y con mucha bronca. Compañeros del Polo Obrero de La Quiaca me dicen que falleció Don Felipe un señor que vivía en situación de calle con este frío polar.
No murió de frío, lo mató el ajuste y la desidia de los que gobiernan. Justicia por Felipe! pic.twitter.com/5XtDaOd4n7

— Sebastián Copello 🇵🇸 (@sebacopello) June 29, 2021

 

El deficitario tendido de servicios públicos también se refleja en la existencia de conexiones eléctricas defectuosas en las más de 4 mil villas y asentamientos de todo el país. Allí, los transformadores domiciliarios escasean, y, por lo tanto, ante el aumento estacional del consumo eléctrico se producen cortes de luz de manera recurrente, o bien, cortocircuitos. Esto reviste un enorme peligro, ya que las fallas eléctricas pueden provocar incendios en las viviendas, los cuales son más frecuentes en invierno, cuando las familias conectan artefactos para calefaccionar. A modo de ejemplo, un relevamiento realizado en el 2019 en la Villa 21-24 en CABA arrojó que el 15% de los hogares había sufrido, en alguna oportunidad, un incendio por este motivo.

Mención aparte merecen las empresas distribuidoras de gas y electricidad, las cuales reciben subsidios millonarios provenientes de fondos públicos y a quienes el gobierno les acaba de conceder un aumento de tarifas, sin embargo, tales beneficios no tienen un correlato en la inversión que realizan. Por el contrario, un gran número de la población no tiene acceso a esos servicios debido a la falta de obras. Y, en muchos casos, la precariedad mencionada acarrea consecuencias fatales.

El avance de la crisis habitacional en Argentina convierte a las inclemencias del clima en un flagelo para quienes se ven forzados a habitar en casillas construidas con chapa y cartón. Sin ir más lejos, hace algunas semanas, la nevada atípica en suelo cordobés azotó duramente a la población que se ve obligada a vivir en esas condiciones frente a la ausencia de planes de vivienda.

Por otra parte, resulta privativo para la población trabajadora equiparse de la vestimenta adecuada para atravesar la crudeza del invierno. La inflación interanual en el rubro de indumentaria ha sido del 70%, convirtiéndose en una de las más altas. En ese sentido, un relevamiento realizado por Ámbito en el mes de marzo da cuenta que una familia tipo deberá gastar $84.000 para vestirse en invierno, contemplando la compra de un buzo, una campera, remera y pantalón para cada integrante. Por lo visto, la posibilidad de abrigarse se encuentra vedada para la mitad de los hogares argentinos, que viven con menos de $60.000 por mes.

Sin dudas, el clima riguroso golpea de lleno en aquellas personas que viven en situación de calle y fue el motivo que provocó la muerte de Don Felipe. Consiste en la cara más cruda de una realidad nacional a la que contribuyen todos los gobiernos, atravesada por el desempleo, la informalidad laboral y la falta de vivienda popular. Incluso, ni siquiera existen suficientes “centros de inclusión social” para albergar cuando recrudece el frío a los miles de hombres, mujeres y niños que se hallan en esa situación. Sin ir más lejos, en la Ciudad de Buenos Aires hay más de 7 mil personas viviendo en la calle y tan solo 2.500 plazas en los paradores destinados a dar asilo en estos casos.

Quienes nos gobiernan hace décadas nos vienen despojando, a través de sus políticas de ajuste, del derecho al abrigo, al techo, al resguardo del frío. Son los responsables de que todos los inviernos ocurran incendios en las casas de quienes menos tienen fruto de la desidia estatal. En definitiva, como “lo nuevo se conquista” debemos reforzar la lucha contra los gobiernos hambreadores para dar paso a una sociedad donde el espanto no sea la norma.

 

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