Hace unos días se dio a conocer la primer denuncia a obispos argentinos por encubrimiento de abuso sexual ante el Vaticano, desde que el Papa reformó el Código Canónico, para admitir que la pedofilia es un delito, algo que antes no estaba en la consideración del derecho canónico. Se trata de una denuncia a Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza, junto a su auxiliar, Marcelo Mazzitelli, y el obispo de La Rioja, Dante Braida, quienes fueron denunciados por Nicolás Bustos, en la causa conocida como “Cristo Orante”. Rápidamente, la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) dio su total respaldo a los obispos denunciados ante el Vaticano por encubrir abusos: toda la Iglesia funciona como una institución pedófila.

El caso se conoció en enero de 2019, cuando Bustos denunció en la justicia penal a Diego Roque y Oscar Portillo, dos de las autoridades del monasterio, ubicado en el valle de Uco y cerrado por decisión del arzobispado tras el escándalo. Además de los tres obispos, la denuncia por encubrimiento ante el Vaticano incluye a Ricardo Medina, vicario judicial del Tribunal Interdiocesano Bonaerense, y a los presbíteros Ricardo Poblete y Mario Panetta, de la Arquidiócesis de Mendoza.

Entre las pruebas aportadas figuran las actas de las entrevistas que el anterior arzobispo de Mendoza, Carlos María Franzini, tuvo tanto con la víctima como con Portillo. Aunque Bustos denunció una violación, en el acta de la reunión con Franzini sólo se habla de “tocamientos y besos” (Télam, 11/6).

El abogado del caso pidió al Vaticano que se los investigue y determine las responsabilidades en el encubrimiento de los abusos de los que fue víctima cuando era menor de edad y estudiaba para monje en el Monasterio del Cristo Orante, en Tupungato, Mendoza.

Estos graves casos de abuso y el encubrimiento que realiza el Arzobispado de Mendoza no sorprenden a nadie. La cúpula eclesiástica está salpicada de encubrimientos a abusos sexuales y pederastía. Es difundido el caso de denuncias por abuso sexual en el Instituto Próvolo, en la misma provincia.

Luego de cuatro años desde que se realizaron las primeras denuncias por abuso sexual y de un primer juicio histórico en la provincia en el que resultaron condenados los curas Horacio Corbacho y Nicolás Corradi, por abuso sexual agravado, se dio inicio en el mes de mayo a un segundo megajuicio en el que se encuentran imputadas las monjas Asunción Martínez y Kumiko Kosaka, junto a otras seis personas ligadas a la institución, como la representante legal, exdirectoras y la psicóloga de la institución (Prensa Obrera, 5/5). Este juicio llega con un importante retraso no solo por la pandemia sino también por los esfuerzos de la defensa y la Iglesia en dilatar el proceso mediante pedidos de nulidad, que incluso buscaron revictimizar a las víctimas al cuestionar los testimonios obtenidos a través de lenguaje de señas.

Este primer caso testigo de denuncia ante el Vaticano no se da en un marco aislado, sino que la Iglesia tiene un historial de encubrimiento a curas pedófilos y abusadores. Esta semana, la ONU emitió un documento que va a debatirse el 28 y 29 de junio sobre el manto de pederastía que salpica al Vaticano. Es tan sonoro el escándalo por abusos eclesiásticos, que incluso este organismo tutelado por el imperialismo puede hablar de ello.

No resulta sorprendente que en Argentina no exista un registro oficial de abusos eclesiásticos. Este avance en el pedido de informe, y la primera denuncia de un caso argentino ante el Vaticano se da gracias a la lucha incansable de lxs sobrevivientes de abuso eclesiástico por justicia. En 2020, la organización Xumek viajó junto a lxs sobrevivientes del Instituto Próvolo y la organización internacional ECA (Ending Clergy Abuse) a Ginebra y Roma para denunciar los crímenes sexuales de la Iglesia Católica.

A los curas abusadores, el Papa y el Estado no los une amistades personales, sino vínculos políticos de disciplinamiento social, que la iglesia cumple sobre todo en tiempos de ajuste y hambre. Por eso se les garantiza impunidad cuando abusan de niñes y adolescentes.

Está planteada la necesidad de profundizar un camino de organización contra la impunidad eclesiástica y estatal, de lucha contra el Estado, que ni siquiera cumple las leyes vigentes, como se ve en la subejecución del presupuesto para educación sexual mientras proliferan los convenios y subsidios estatales para el clero. Vamos por la separación de la iglesia y el Estado, para terminar con el status jurídico privilegiado de esta institución oscurantista y encubridora.