En medio de la ola de calor que azota a los hogares del Amba, más de 180 mil usuarios sufrieron cortes de luz durante el viernes 10 de febrero, varios de los cuales se extendieron hasta el sábado. El pico de demanda de energía eléctrica se topó con un cuadro de falta de inversiones al que nos tienen acostumbrados las empresas distribuidoras como Edesur y Edenor. Esto no les impide a las privatizadas recibir beneficios del gobierno, como la reciente condonación de deuda con Cammesa y nuevos aumentos en la boleta.

Según los datos publicados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre), los cortes del suministro eléctrico afectaron a 176.944 clientes de Edesur y a 6.372 de Edenor, quienes debieron soportar esas jornadas de temperatura extrema sin poder encender ventiladores ni aires acondicionados. Un verdadero riesgo para la salud de la población, sobre todo de niños y ancianos. Sin mencionar que los cortes intempestivos ocasionan muchas veces cortocircuitos en la conexión eléctrica de las casas, causantes de innumerables tragedias sobre todo en los barrios más vulnerables.

Las distribuidoras del Amba justifican el pésimo estado del servicio que brindan diciendo que el gobierno no les concede los aumentos solicitados -del 260% en esta oportunidad. Sin embargo, el proceso de desinversión de las mismas viene de larga data. A modo de ejemplo, Edesur, entre 2018 y 2019, incrementó sus resultados en un 168%, no obstante, sus inversiones crecieron muy por debajo de la inflación en ese período (33% vs. 53,8%). En 2020, la firma no reinvirtió nada de las ganancias acumuladas en 2019 y procedió a recortar las inversiones en un 50% nominal.

Ante los cortes masivos, la actual secretaria de Energía, Flavia Royón, ensayó una suerte de amenaza contra Edesur, asegurando que “no le va a temblar el pulso para terminar el contrato de concesión con la empresa”. Ahora bien, dicha advertencia carece de credibilidad, viniendo de un gobierno que acaba de condonar parte de la deuda que las distribuidoras tienen con Cammesa y de autorizar un aumento en la luz de $400 en beneficio de las mismas.

Sin abrir los libros de las compañías a fin de evaluar los costos reales y averiguar qué hicieron con los subsidios millonarios recibidos durante las últimas dos décadas, el oficialismo les acaba de condonar $139.405 millones de la deuda que poseen Edenor y Edesur con la mayorista eléctrica, y les permite pagar los $80.210 millones restantes en 96 cuotas a tasa en pesos subsidiada.

A su vez, cedió en parte a los reclamos de aplicar subas en el componente de distribución de la boleta de luz. El motivo por el cual no autoriza de una sola vez el porcentaje de aumento solicitado por las empresas es debido al temor de que tamaño tarifazo agrave aún más el desmadre inflacionario, lo cual profundizaría la desorganización económica y podría despertar una reacción popular de alcance impredecible. Sobre todo porque también está en vigencia el esquema de aumentos proveniente de la reducción de subsidios energéticos que reclama el FMI y que pagamos los usuarios.

En el mismo sentido actuó el gobierno con las transportadoras de electricidad, convalidándoles en diciembre un aumento del 150% en el precio del transporte eléctrico incluido dentro de la factura. El propio Enre explicitó que esa suba tenía por objetivo que las empresas revirtieran el deterioro de la red de líneas de trasmisión de alta tensión para evitar fallas operativas en el sistema; en definitiva, un premio a la desinversión.

Entonces, mientras la población trabajadora debe lidiar con un calor asfixiante a causa de la huelga de inversiones en el servicio de electricidad, pagando boletas cada vez más caras, los capitalistas responsables de ese vaciamiento reciben numerosos beneficios por parte del gobierno. Es necesario abrir los libros de toda la cadena energética, lo cual permitiría escudriñar los costos reales y las ganancias de las compañías, en función de fijar tarifas acordes a las necesidades sociales e impulsar un plan de inversiones para mejorar el servicio. Esto, en el camino de nacionalizar bajo control obrero toda la industria energética y así dirigir ese recurso estratégico al desarrollo del país bajo un punto de vista mayoritario.

 

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