“Queremos vivir dignamente y tener para comer”, expresaba Lorena, militante del Polo Obrero del Barrio Porvenir de La Matanza, hace cuatro meses en un acampe de la Unidad Piquetera. Así argumentaba, frente a las preguntas incisivas de los medios, por qué ella y sus compañeros habían salido a la lucha ese día. Como si hiciera falta dar explicaciones, como si no alcanzara con recorrer los barrios pobres del conurbano bonaerense y constatar que ese “tener para comer” muchas veces no se logra sin acudir a los comedores comunitarios sostenidos a pulmón, ni qué hablar del derecho a acceder a una vida deseable.

Para una familia del Gran Buenos Aires que hace las compras en los comercios de cercanía -porque a los supermercados indefectiblemente se llega con auto- el precio de “tener para comer” fue de $50.411 en julio. Esta es la medición de la canasta alimentaria que realiza Isepci relevando 900 negocios barriales, la cual varió nada menos que un 11% de un mes a otro. Así las cosas, en julio, un hogar necesitó percibir $5.000 más que en junio para no caer en la indigencia. Ahora bien, para no ser pobre el ingreso tuvo que haber sido de $112.000, cifra muy alejada de la realidad de gran parte de la población trabajadora de este país.

Las verduras y los artículos de almacén se encarecieron un 18% y un 14% mensual respectivamente. Por otra parte, los alimentos que más aumentaron en el año fueron el azúcar (116%), el pan (93%), las galletitas (90%), el pollo (84%) y el espinazo (78%); todos productos que hacen al consumo cotidiano de cada uno de los hogares. Ni qué decir de la proclamada “vuelta al asado”.

Mientras los allegados del oficialismo cargan las tintas sobre los “formadores de precios”, omiten que el gobierno es el primero en pisotear el derecho a comer de los sectores populares hundiendo sus ingresos. Sin ir más lejos, fue el propio gobierno el que fijó, junto a las cámaras empresarias y a la burocracia sindical, un aumento del 45% para el salario mínimo, que con la última cuota de agosto llegará apenas a los $47.850, por debajo de la línea de indigencia. Finalmente, pese a las promesas, no se convocó a otra reunión del Consejo del Salario para establecer un nuevo esquema de aumentos, dado que las prioridades oficiales residen en complacer al capital agrario y a los protagonistas de la corrida cambiaria.

A su vez, la jubilación mínima se halla en los $37.525 y son más de 4 millones de personas las que se ven obligadas a subsistir con este ingreso de hambre. En ese sentido, el monto adicional de $1.712 que recibirá un tercio de ellos (los que no se jubilaron vía moratoria) en agosto por única vez es sencillamente una burla, que se evaporará con tan solo ir a comprar un kilo de carne.

Producto de la nueva fórmula previsional inaugurada por Alberto Fernández, la cual divorcia los haberes del índice de inflación, la caída real de las jubilaciones fue del 5,2% hasta junio y podría llegar al 12% en los primeros siete meses del año si se confirman las proyecciones inflacionarias del 7,5% para julio. A su turno, la reducción en términos reales de las jubilaciones docentes alcanzó el 20% en el primer semestre y escalaría al 25% entre enero y julio. En este cuadro, el Plenario de Trabajadores Jubilados convoca una acción de lucha en Plaza de Mayo para el día de mañana, exigiendo una mínima de $120 mil, moratoria universal, aumento de emergencia, actualización de haberes por inflación, entre otras demandas.

Mientras perdura tamaña confiscación al bolsillo popular, la agenda del gobierno gravita sobre los intereses de los grandes grupos económicos. Según ha trascendido, dentro de las medidas que anunciará Massa el día miércoles, ninguna favorece a los sectores más vulnerables, por el contrario, está en carpeta reducir los aportes patronales a las ramas de exportación como el agro, entre otras concesiones a los capitalistas. Se prevé un mayor ajuste y devaluación, con lo que las necesidades acuciantes del pueblo, lejos de ser atendidas, se agravarán. Sin dudas, este ataque a las mayorías es la ofrenda que le llevará el superminstro al capital financiero internacional en su próxima gira, como garantía para contraer nueva deuda. A todas luces, el poder político premia a los especuladores, en cambio, los trabajadores y jubilados tienen reservado un porvenir repleto de padecimientos.

La lucha del movimiento piquetero hunde sus raíces en esta desigualdad y organiza a miles que, al igual que Lorena, también aspiran a vivir dignamente y tener para comer y saben que para lograrlo hay que ganar las calles contra los gobiernos hambreadores. Las mismas luchadoras y luchadores que con mucho esfuerzo ponen en pie las ollas populares en sus barrios para posibilitarle el plato de comida a los suyos.