En un fallo trascendental, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió a favor de la niña víctima en el conocido Caso Arcoíris, revocando decisiones previas adoptadas por la Justicia de la provincia de La Rioja. Este fallo ordena que todas las actuaciones anteriores sean revisadas por el tribunal de origen, garantizando que la voz y los derechos de la niña Arcoiris sean protegidos conforme lo establece la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales vigentes.

El abusador denunciado por la niña es José “Kuki” Vergara, abuelo paterno de Arcoíris y Jefe de Despacho de la Secretaría de Justicia de la provincia de La Rioja, es decir un funcionario del gobernador Quintela. Él somete a tortura a la niña desde los 2 años, y sus abusos han sido referidos por la niña y constatados por los profesionales pertinentes. A pesar de que existen medidas de protección contra él, el impedimento de contacto es quebrantado por el progenitor de la niña, quien es cómplice y entregador. Cada vez que Arcoiris va su casa, al volver relata haber sido abusada una vez más. Para Arcoiris, volver a la casa de su padre es tortura, y ha expresado su deseo de no querer ir allí. Delfina, la madre protectora, respeta la decisión de la niña.

A pesar de múltiples denuncias, la justicia provincial había determinado la revinculación forzada de la niña con su agresor, un acto de tortura que se intenta justificar mediante una falacia carente de cualquier tipo de rigor científico como es el SAP (síndrome de alienación parental), utilizada para encubrir a abusadores de menores.

Así le quitaron incluso la responsabilidad parental a la madre bajo la acusación de impedir el contacto con el padre. La mamá es la única persona que defiende a Arcoiris contra el infierno que padece y que, como tantas madres protectoras, es perseguida por la justicia que protege y ampara abusadores, sobre todo además si forman parte del poder político, como es este caso, donde el abusador es directamente amparado por el gobernador Quintela. En tiempo récord, Delfina fue imputada por impedimento de contacto por proteger a su hija, pidiéndose su detención por parte de la fiscalía. 

Este caso ilustra la impunidad reinante dentro del régimen para los abusadores. Todos los gobiernos capitalistas, sin importar su color político, han mantenido las estructuras políticas-judiciales que garantizan dicha impunidad. De hecho Delfina pidió ayuda al ex Ministerio de las Mujeres, y la ministra se negó a apoyarla tanto en el plano judicial, presentando un amicus, como en el plano político, reclamando el cese de las torturas.

Es por eso que el caso de Arcoíris no es el único. Por ejemplo, en Córdoba, Flavia Saganias fue condenada a 23 años de prisión tras haber denunciado al abusador de su hija en redes sociales; Gilda Morales hace más de dos años que no tiene contacto con su hijo, que fue entregado a su progenitor denunciado por abuso, y la lista sigue.

La política del gobierno nacional de eliminar la ESI, una de las principales herramientas de detección de abusos, cerrar organismos públicos de prevención, arrebatarle el presupuesto a todo tipo de combate contra este flagelo y otorgarle un mayor poder a las iglesias, le otorga vía libre al abuso infantil. Sin ir más lejos nombró como ministro de Justicia a Mariano Cúneo Libarona, un enemigo de los derechos de las mujeres y las infancias que integró el “observatorio de las víctimas de falsas denuncias”, un organismo cuyo objetivo es transformar a las víctimas de este tipo de violencias en victimarios.

Esta resolución marca un precedente significativo en la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en situaciones similares, y solamente fue posible gracias a la movilización permanente de colectivos de madres como el "Yo Sí Te Creo".

Tenemos que seguir luchando por justicia por la niña Arcoíris y para todas las víctimas, y para que sus abusadores estén tras las rejas.

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