Sociedad
26/5/2025
La Plata: esteticismo urbano al servicio de la especulación inmobiliaria
Sobre la reapertura de Plaza Rocha, mientras crece la crisis habitacional.
Seguir
La plaza.
Luego de meses de obras de remodelación sin acceso al público, se reabrió en el centro platense la Plaza Rocha, sumándose a la ya inaugurada hace un mes Plaza San Martín. Junto a la Plaza Italia, son parte de una “plan de recuperación del espacio público” iniciado en octubre de 2024 por la Municipalidad de La Plata bajo la gestión del peronista Julio Alak. Es un intento por dar nuevo impulso a la especulación inmobiliaria, en una ciudad en la que están cada vez más abandonadas las necesidades de la mayoría de sus habitantes.
La inversión del municipio significa alrededor de 8 mil millones de pesos, que derivan del “superávit” fiscal con el que contaba la ciudad al cierre del año 2024, sumado al giro de fondos realizado por la provincia por el “plan de fortalecimiento de municipios” fijados por la Ley N°15.480.
Estas obras son promocionadas por el municipio como acciones en favor de la valoración del espacio público como una condición para el desarrollo de un bien común entre la ciudadanía. En el acto de apertura, el intendente Alak dijo: “Poner en valor el espacio público es lo que corresponde, porque la ciudad se vive en el espacio público, para el espacio público no hay que pagar; el espacio público nos une; une al grande, une al joven, al niño; une al rico, une al pobre; esa es nuestra visión de ciudad”. Pero este discurso, que podría ser ilustrado con una familia humilde feliz tomando mate en la plaza, es en realidad una pantalla de una política urbana profundamente excluyente.
En primer lugar, porque la remodelación se hizo corriendo a los trabajadores ambulantes que hacían uso de estos espacios públicos para poder sobrevivir en un cuadro de creciente ajuste y carestía. Inclusive, varios de ellos, lo hacían anteriormente en los espacios perimetrales de los edificios públicos, como el de la universidad, que fue enrejado en el año 2014 junto a tantos otros (Legislatura, Casa de Gobierno, Teatro Argentino).
Si bien oficialmente se planteó que esto había sido en común acuerdo con los trabajadores, la realidad es que fue impuesto por la jerarquía estatal. En ningún momento, en la “remodelación”, fue contemplada por ejemplo la instalación de equipamiento para ferias, ni siquiera para la histórica de artesanos de la Plaza Italia; durante años tuvieron que instalar cada domingo una estructura efímera financiada por los mismos feriantes. Tampoco las dotaron de baños públicos e incluso llegaron a cerrar el de Plaza San Martín, mostrando que las acciones se limitaron a maquillar sin dar soluciones a las necesidades reales. Esto se combina con el reforzamiento extremo de la vigilancia sobre las plazas, que contempla una patrulla rodada constante y tiene como fin evitar la utilización de las plazas por los ciudadanos pobres, aquellos que necesitan vender algo, o simplemente estar, dormir en un banco o pedir ayuda. Está claro que lo único que se ha puesto en valor con estas obras es una distinción entre ciudadanos de primera y de segunda en su derecho al uso del espacio público.
Pero lo más grave es que esta política de “limpieza” de los pobres en el espacio público tiene el objetivo, aún peor, de darle un nuevo impulso al desarrollo de la especulación inmobiliaria en áreas que por su valor patrimonial habían quedado relativamente preservadas. Para ello también la municipalidad trabaja en una nueva reforma del Código de Ordenamiento Urbano, que permite una legislación aún más flexible sobre estas áreas, tirando casas y tapando adoquines a mansalva.
Así, la inversión del Estado en ciertas áreas de la ciudad, ya sea con infraestructura (veredas, calles, luminarias, transporte) o con equipamientos (centros culturales, escuelas, hospitales) produce una automática elevación del valor del suelo en toda el área, así como de los precios en los comercios. Esta política, combinada con un aumento exponencial de tasas e impuestos como han hecho Kicillof y Alak en el último período, obligan a los residentes originales a tener que vender su propiedad y comprar en un área periférica o directamente convertirse en inquilinos. Los compradores son, claro está, los grandes grupos inmobiliarios, como Lundin, Abes, Building, etc., que demuelen el patrimonio para la construcción de grandes edificios en los perímetros de las plazas como hicieron con Plaza Paso y como avanzan en Parque Saavedra. Luego ofrecen los departamentos a precios exorbitantes, los que solo puede comprar un porcentaje ínfimo de la población de alto poder adquisitivo (gentrificación) o sectores de trabajadores de altos salarios que alquilan. Estas personas son hijos de padres que son o fueron propietarios de su casas, lo que demuestra una creciente imposibilidad del acceso a la compra de la vivienda en sectores cada vez mayores. Esto se verifica en que la cantidad de habitantes del cuadrado se mantiene constante, pero lo que cambia es que antes mayormente eran propietarios y ahora son inquilinos.
Esto genera una elevación especulativa de los precios que obliga a los trabajadores de menores ingresos a buscar lugares para vivir cada vez más lejanos para alquilar. O en el peor de los casos, a trabajadores desocupados e informales a ocupar cualquier lugar vacante. Producto de esto son los más de 150 asentamientos precarios que se registran en el Gran La Plata, donde habitan miles de familias sin acceso a los servicios básicos de agua, luz, internet, y se inundan cada vez que llueve a la vez que no tienen ningún espacio público de calidad.
Esta política establece un hilo de continuidad con la gestión del anterior intendente del PRO Julio Garro, que impulsó junto con fondos enviados por Vidal la transformación de la Avenida 51, el actual La Plata “Soho”.
Está claro que, a la luz de esta política, la ciudad “renace” para los negociados del capital inmobiliario, pero se muere para los trabajadores que cada vez menos podrán vivir en ella ni conformarse con caminarla y observar, ya que su imagen será deformada hasta llevarla a un anonimato hostil que la vuelve irreconocible y ajena.
Los trabajadores debemos luchar por nuestro derecho a poder vivir en la ciudad, y defender al espacio público como lugar de coexistencia de diferentes actividades y necesidades, contra la política represiva de los gobiernos. Es urgente luchar contra el diseño de códigos urbanísticos que solo profundizan esta orientación en favor del capital inmobiliario: por la derogación del COU y por una reorganización urbana al servicio de las mayorías trabajadoras, empezando por gravar la especulación inmobiliaria y los inmuebles y terrenos ociosos, junto con la creación de un banco de tierras y un plan de urbanización de los barrios populares.
