La denuncia por abuso sexual que Lucas Benvenuto realizó contra Jey Mammon y otras personas reconocidas de la escena nacional puso de relieve nuevamente la impunidad con la que operan las redes de pedofilia en Argentina. Este entramado, que involucra a varios segmentos de la población, representa una fuente de ganancias para una minoría social.

Es difícil precisar con exactitud las características que tienen las diversas redes de explotación sexual de niños y adolescentes que hay en el país. No existen estadísticas homogéneas para ello. Esto no solo se debe a que se trata de actividades cuyo rastro es en extremo difícil seguir, sino también a que el poder político es cómplice de su reproducción.

No obstante, hay datos que permiten aproximarse un poco al problema. La ONG Defendamos Buenos Aires afirmó que en Argentina “operan 30.000 delincuentes sexuales en redes de pedofilia” (Diario Popular, 25/3). Las mismas están integradas por grupos de personas que se dedican a la explotación sexual de niños y adolescentes. Utilizan diversos medios para reclutar menores de edad y someterlos a la opresión más brutal, entre ellos la fuerza, la amenaza, la manipulación emocional o el grooming. Además, los niños y adolescentes también son utilizados para la producción (y posterior venta) de pornografía.

La cantidad de implicados en estas redes supera holgadamente el número de detenidos por estos delitos. Mientras tanto, el negocio se expande. En 2022, solo hubo 33 aprehendidos por explotación sexual en todo el país; en noviembre de ese mismo año, 70 allanamientos secuestraron 2.000 dispositivos de almacenamiento (tablets, celulares y computadoras) y más de 12.000 archivos con contenido de abuso sexual infantil (Página 12, 26/12/2022).

Argentina es uno de los países que más pornografía infantil genera en el mundo. Se producen alrededor de 185 videos por día; en 2018, se registró un tráfico total de 66.000 videos. Entre octubre de 2019 y septiembre de 2020, el crecimiento de la circulación de material (fotos y videos) de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes fue un 522% mayor que en el periodo anterior, según las denuncias realizadas a la Línea 137 del Ministerio de Justicia.

En 2008, se conoció que la pornografía infantil generaba a las organizaciones delictivas del mundo ingresos por 12 mil millones de dólares al año, lo que superaba a los réditos obtenidos por el tráfico de armas y drogas (Andina.pe, 24/9/2008). La ONU estima que la explotación sexual infantil, a escala internacional, genera entre 32 y 37 mil millones de dólares anuales. Y según la ONG Save The Children, cerca de 1,8 millones de niños en todo el mundo son explotados sexualmente con fines comerciales (principalmente niñas); existe una tendencia a que este fenómeno aumente.

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La explotación sexual de menores es un negocio rentable. En él están involucrados bancos, empresarios, y gobiernos. En Argentina, las leyes de blanqueo que han impulsado los gobiernos capitalistas de las últimas décadas (desde Alfonsín, pasando por Cristina Kirchner y Macri, hasta Alberto Fernández) han servido para legalizar el dinero proveniente de estas actividades barbáricas.

La lista de redes de pedofilia que funcionaron y funcionan en Argentina es casi inacabable. Marcelo Corazza, exparticipante de Gran hermano, fue detenido recientemente por corrupción de menores. Corazza le pedía fotos íntimas a Lucas Benvenuto, cuando este tenía apenas 14 años. La red de pedofilia en la que participaba Corazza, de la que empresarios hoteleros fueron cómplices, realizó actividades en CABA, Buenos Aires y Misiones desde 1999 hasta la fecha.

Asimismo, hace muy poco, se desbarató en Mendoza la célula argentina de una red de pedófilos con ramificaciones en Bulgaria, China, Rusia y Tailandia. En 2020, en la misma provincia, fue desarticulada una gigantesca red de trata de menores que compartía videos y fotos por las redes sociales, que tenía extensiones en medio país, y también relaciones con al menos 35 países, entre ellos Estados Unidos, Colombia, México y España (Mdz, 18/10/2020).

Uno de los casos de mayor impacto de los últimos tiempos fue el del club de fútbol Independiente de Avellaneda. En este funcionó la mayor red de pedofilia de la historia argentina. Los abusadores captaban a las víctimas ofreciéndoles dinero, ropa y regalándoles pasajes para que puedan viajar al interior para ver a sus familias. Aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de las infancias y las adolescencias es una práctica muy común en el ámbito en el que se mueven estas lacras.

En CABA, niñas de 13 años han llegado a ser captadas a la salida de boliches de Liniers y el Bajo Flores e introducidas en un circuito de drogas y violencia. En Villa Urquiza y Almagro, un profesor de historia y un empresario de la construcción fueron detenidos en diciembre pasado por suministrar miles de fotos y videos de abuso sexual infantil.

En el barrio de La Boca, a pocos kilómetros del centro porteño, una red de prostitución infantil funcionó desde 2002 hasta 2012. Por la presión de niñas, madres y trabajadores se logró condenar a algunos de sus organizadores.

Que haya tantas redes (y personas involucradas en ellas), y que funcionen durante tanto tiempo, solo puede ocurrir con la connivencia del Estado. Los recursos de este podrían ser utilizados para destruir todas las redes de trata del país. El contraste entre la totalidad de los que están involucrados en estas movidas y el número de detenidos, mencionado anteriormente, da cuenta de que se mantiene en pie el grueso del negocio de las redes de trata, y con él la superexplotación y opresión de los menores. La burguesía argentina y sus representantes políticos (peronistas, macristas, radicales, etcétera) son responsables y cómplices de todo esto.

El negocio de las redes de pedofilia y de trata en general involucró directamente a elementos del poder político. Daniel Zisuela, exconcejal de Florencio Varela y burócrata sindical del gremio gastronómico, fue condenado a trece años de prisión por regentear una red de trata amparada durante décadas por el aparato del Partido Justicialista, el Poder Judicial y la Policía Bonaerense.

Marcelo Locatti, excandidato a intendente de Cambiemos, tuvo una orden de captura internacional por liderar una red de prostitución; finalmente, luego de estar prófugo durante mucho tiempo, se entregó. Raúl Martins, un proxeneta exSide, fue denunciado por su hija por haber aportado fondos para las campañas electorales de Mauricio Macri en la Ciudad. La impunidad es total. Para muestra de esto último, en Salta, Juan Rosario Mazzone, quien fue condenado por organizar fiestas en las que se abusaba de menores, se acaba de postular como candidato a intendente de El Bordo.

La explotación sexual de los menores es un aspecto del capitalismo, un régimen social basado en la desposesión y la miseria de la mayoría de la población. El crecimiento de la explotación sexual de las infancias ha venido de la mano del aumento de otras formas de explotación, como el trabajo forzoso. Se trata de un sistema que, además, se ensaña contra los más débiles, como lo son los menores. Todo esto es una expresión del agotamiento histórico del capitalismo, el cual a su vez tiene su manifestación en la descomposición de sus aparatos estatales.

Hay que terminar con este sistema.

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