El gobierno nacional volvió a la carga con la política de imponer las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino, comprometiendo incluso el único proceso abierto en esa dirección, con los dichos de Javier Milei sobre las gestiones de Sebastián Verón y Foster Gillett en Estudiantes de La Plata, y con el escándalo de por medio del lobby de la diputada oficialista Juliana Santillán para conseguir un club que se sacrifique como “caso testigo” del gobierno.

El presidente Javier Milei metió la cola en la polémica que atraviesa la gestión de Verón en Estudiantes de La Plata, afirmando ante los medios que “Estudiantes está camino a ser una SAD, en beneficio de sus socios e hinchas”. Algo similar había manifestado previamente Guillermo Tofoni –representante de los negocios de Gillett en Argentina y cercano al gobierno.

El único que se empeña en negar sistemáticamente que estamos ante un proceso de conversión del club platense en una SAD es el propio Verón, quien intenta disfrazar la privatización de la principal actividad del club como un mero acuerdo de negocios, para evitar un voto negativo de los socios o una reacción de los hinchas, y también las eventuales sanciones de la AFA por apartarse de los estatutos de la asociación.

Verón insiste en que el proceso solo afectaría al fútbol profesional, con un acuerdo con condiciones leoninas cuyo contenido final aún se desconoce –se habla de un convenio a 30 años o más con el 80% de los ingresos y los contratos en manos de Gillett-, conservando la asociación civil para el resto de las actividades: una ficción absoluta cuando la institución entera gravita alrededor del fútbol profesional y sus ingresos.

“Vamos a usar la SAD para lo que es el fútbol. Pero Estudiantes seguirá siendo una sociedad civil. El club no va a quebrar ni desaparecer, como ocurre en otros casos”, declaró el dirigente pincha, reconociendo parcialmente lo sospechado, e incluso poniendo de manifiesto otra realidad: los clubes convertidos en SAD son propensos a “desaparecer” y “quebrar” cuando los negocios de sus dueños no van bien.

Las declaraciones de Milei y Tofoni revelan la intención privatizadora de Verón por más que este intente disimular el proceso como parte de una “tercera vía” entre las SAD del gobierno y los privatistas y el esquema actual de negocios montado por los “gerenciadores del fútbol” que reivindica el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Otra que dio la nota es la diputada oficialista Juliana Santillán, sobre quien trascendió la conversación sostenida por ésta y un directivo del Club Social y Deportivo Bancruz de Río Gallegos (Santa Cruz), donde Santillán hace un lobby manifiesto para utilizar el club como “caso testigo” del gobierno para imponer las SAD.

La maniobra de Santillán, que ya le costó una denuncia penal por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, contenía el compromiso de respaldo institucional del Estado al club en caso de aceptar la misión suicida planteada, garantizando que tiene “todo arreglado” con Mariano Cúneo Libarona y con la IGJ.

“Nosotros necesitamos al club para hacer un trámite en la Justicia (…) que nos permite instalar o meter un expediente”, manifestó Santillán en los chats difundidos, dejando entrever que poco le importa el fútbol y la institución deportiva en cuestión, sino que solo necesita de un sello para litigar contra la AFA.

Los dichos de Santillán también dejan ver que lo que divide Tapia y Milei no es la defensa irrestricta de la autonomía y condición social de los clubes de fútbol, sino el marco legal y las formas en las que estos y los privados realizan negocios. “Es un poco la figura del fideicomiso como quiere instalar Verón y creo que algo parecido quiere hacer Chiqui Tapia para las inversiones extranjeras”, señaló. Mientras que para el gobierno el proceso debe estar directamente en manos de los privados y al alcance del mejor postor, para Tapia aún debe preservase a la dirigencia como mediadora  gestora de dichos negocios.

Hay que derrotar la ofensiva del gobierno por profundizar los negocios y la privatización de los clubes de fútbol, pero sin depositar ninguna expectativa en la dirección de la AFA y los negocios del los gerenciadores del fútbol, buscando los caminos de organización para recuperar los clubes a manos de los socios y trabajadores.

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