En las últimas semanas de diciembre se registraron al menos tres casos de graves irregularidades sanitarias en supermercados de consumo masivo del distrito de Pilar, dejando al descubierto un cuadro extendido de descontrol en la comercialización de alimentos. Operativos municipales detectaron alimentos vencidos, deficiencias en las condiciones de higiene y conservación, problemas en cámaras de refrigeración y riesgos de contaminación cruzada en dos sucursales de la cadena Carrefour, así como en dos locales de Día y en el mayorista Vital. Mercadería vencida exhibida en góndolas, envases dañados y prácticas incompatibles con cualquier estándar mínimo de seguridad alimentaria formaron parte de un escenario que expone directamente la salud de la población.

La situación fue especialmente grave en las áreas de carnicería, donde se encontraron cortes de carne apoyados directamente en el piso, sin bandejas ni superficies higiénicas. Estas irregularidades se dieron, además, en un contexto de temperaturas extremadamente altas, lo que multiplica el riesgo sanitario. A esto se sumaron heladeras que no mantenían la temperatura adecuada, depósitos en estado crítico, residuos acumulados, ausencia total de análisis bacteriológicos del agua utilizada y personal trabajando sin la indumentaria reglamentaria. Un combo explosivo que expone a miles de consumidores a riesgos sanitarios completamente evitables.

Estos episodios confirman un patrón que se repite en las grandes cadenas comerciales. Mientras la Anmat viene prohibiendo y retirando del mercado productos de marcas de consumo masivo por incumplimientos sanitarios, los grandes capitales continúan operando con total impunidad, priorizando la reducción de costos y la maximización de ganancias por sobre la salud pública.

Desde la Secretaría de Control e Inspecciones municipal se labraron actas, se decomisó mercadería en mal estado y se intimó a los responsables a corregir las deficiencias bajo apercibimiento de clausura. Pero estas acciones solo dejan al desnudo la ausencia de controles sistemáticos y preventivos por parte del propio Estado, acicateado por la política de desregulación oficial, que permite que las grandes cadenas operen durante meses —o años— en condiciones sanitarias incompatibles con la ley. Las irregularidades detectadas son fruto de un régimen de descontrol deliberado, funcional a los intereses empresariales, donde el Estado actúa como garante de la impunidad patronal a costa de la salud de la población.

El riesgo sanitario lo paga la población, mientras las grandes cadenas siguen concentrando el negocio de la alimentación sin controles efectivos. Frente a este cuadro, se vuelve evidente la necesidad de un control riguroso e independiente, con participación de trabajadores y usuarios, y de sanciones reales a las empresas que lucran poniendo en peligro la salud colectiva.

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