Sociedad
10/4/2025
Los Kiczka no son enfermos ni perseguidos, son hijos del poder y gozan de impunidad
El supuesto antipunitivismo del abogado Eduardo Paredes al servicio de los pedófilos.
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psicóloga
Que delitos tan aberrantes no queden impunes.
El lunes 31 de marzo comenzó el juicio oral en Posadas, Misiones contra el ahora exdiputado puertista Germán Kiczka (44) y su hermano Sebastián Kiczka (47) por tenencia, facilitación y distribución de material de explotación sexual infantil agravado por ser las víctimas menores de 13 años de edad. Además Sebastián Kiczka enfrenta un cargo por abuso sexual agravado sin acceso carnal en concurso real.
El abogado penalista Eduardo Paredes, quien en diciembre último asumió la defensa de Sebastián Kiczka, en la presentación inicial de su defensa cita la carta de su defendido dirigida al juez en la que él mismo se hace cargo del material hallado en su computadora y agrega que los mensajes que hacen mención durante la lectura acusatoria “efectivamente los tiene”, dejando en claro que todas las acusaciones están probadas y que en el juicio buscará determinar sobre la imputabilidad o inimputabilidad de su defendido y cual es el grado de culpabilidad.
Paredes describe a Sebastián Kiczka como una persona con un problema de compulsión y adicción, una adicción sexual, reclama de este modo que debería recibir un tratamiento interdisciplinario para ver si se puede corregir su adicción y sus compulsiones, y evaluar de esta manera si puede conducirse de una manera distinta y qué espacio de libertad tiene para ello.
Así compara con la pedofilia a las adicciones que padecen personas con obesidad mórbida o que sufren adicción al consumo de alcohol, ambas conductas de consumo compulsivo de sustancias, obviando que ambos ejemplos que utiliza no son conductas que representen delitos.
La pedofilia es un tipo de parafilia cuya base clínica es la producción de fantasías sexuales recurrentes con pasaje al acto, es una práctica que se ejerce en una relación desigual de poder, un delito que implica sometimiento, una conducta que responde a un patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás, que implican agresión a niños, niñas y adolescentes, criterio suficiente para clasificar estas conductas como un trastorno de personalidad antisocial y no una adicción como pretende presentarla la defensa.
Eduardo Paredes sostiene que una persona que no puede controlar su compulsión no es hábil para una pena, y pide que el Estado aplique una medida de seguridad, sugiriendo una internación para que el tratamiento sea compulsivo y su conducta evaluada por un tribunal y médicos especialista a futuro.
La base de la argumentación jurídica es un sofisma, dado que las conductas patológicas adictivas son trastornos que dañan a la víctima y los trastornos de personalidad antisocial se basan en mecanismos de relaciones asimétricas de poder que dañan a terceros y expresan las relaciones asimétricas de la sociedad capitalista, que en definitiva es una relación de dominio de clase.
La construcción de discursos de este tipo carece de perspectiva política sobre la relación de poder y manipulación que ejercen los adultos sobre las infancias y adolescencias, pero las niega para buscar la impunidad en este caso por sus vínculos con el poder. Estamos hablando de los Kiczka, una familia vinculada a personas exgobernador Ramón Puerta, que llevan generaciones ostentando poder económico y político en la región.
La violencia sexual contra las infancias es un delito contra la integridad de las víctimas, se trata de un crimen que se elige llevar adelante o no, a conciencia del daño que provoca. El deseo del pederasta por el cuerpo infantil está vinculado a la utilización como objeto del mismo, al sufrimiento que produce, a la amenaza y a la prohibición.
Situaciones como esta en las que se ve el abuso sexual ponen en movimiento estructuras de índole patriarcal. Decir que está vinculado a una adicción es una construcción argumental basada en premisas falsas para rescatar una vez más a otro hijo del poder político. El abogado Paredes debe ser apartado de todas las causas del movimiento de mujeres, ya que queda demostrado que lo hace para ganar notoriedad y prestigio que luego utiliza contra los intereses del movimiento en su recurrente defensa de personas vinculadas a conductas abusivas y pedófilas, que además son poderosos.
En cuanto a las jornadas del juicio, con la declaración de dos psiquiatras del cuerpo médico forense del Superior Tribunal de Justicia, Martín Javier Tasso y Pablo Amarilla, se despejan las dudas acercas de las supuestas patologías. Ratificaron sus informes, que están en el expediente, y han confirmado que los hermanos Kiczka no padecen trastornos que compliquen la comprensión de actos lícitos o ilícitos y que fueron imputados correctamente.
Este no es el único caso. En la provincia de Misiones gobiernan las redes de pedofilia y las redes de trata. Recordemos la causa en la que está implicado Marcelo Corazza, exproductor de Gran Hermano. La provincia triplica la media nacional de delitos sexuales, es por esto que llamamos a la sociedad a estar alerta para que este no sea otro caso de impunidad. Con la Defensoría de lxs Niños, Niñas y Adolescentes ausente para dar contención y respaldo a las víctimas que pudiesen denunciar a estos hermanos, es muy baja la probabilidad que se concreten denuncias judiciales ya que implica no sólo un gasto económico sino también emocional que para cualquier familia trabajadora es muy difícil de afrontar.
La implementación de la ESI debe estar garantizada en todas las escuelas, hablar sobre abusos sexuales en las infancias es fundamental y urgente.
El Partido Obrero se moviliza para denunciar la violencia sexual infantil en Misiones, en los diferentes casos, como una de las tantas expresiones de los mecanismos de la violencia capitalista. Las penas que se prevén para el caso de los Kiczka hacen presumir que lo dejarán libre a Germán y que a Sebastián podrían morigerarle la pena, llevándolo simplemente a un tratamiento psiquiátrico. No podemos permitir que delitos tan aberrantes queden impunes o con estos antecedentes en la jurisprudencia misionera. El 16 de abril, día en que está previsto que termine el juicio, llamamos a toda la población y al movimiento de mujeres a reclamar en las puertas del Palacio de (in)Justicia el desmantelamiento de las redes de trata y pedofilia.
