Sociedad
31/7/2024
Los vínculos del narco con la desaparición de Loan
Pérez-Caillava habrían escondido dólares y droga.
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La ruta de la droga en Corrientes.
La jueza federal que está a cargo de la causa por la desaparición de Loan, Cristina Pozzer Penzo, ordenó un nuevo allanamiento. El objetivo es encontrar el escondite donde el matrimonio Pérez-Caillava (principales acusados de sustraer al menor) habría ocultado, según informaron desde A24, “teléfonos que no fueron entregados, dólares de los que no se pueden saber la procedencia legal y drogas”.
Lo anterior da la pauta de cuán entrelazados están el negocio de la trata de personas y el del narcotráfico, y cómo la droga ingresa con total facilidad por las fronteras, en especial por las de aquellas provincias que están sobre la ribera del Río Paraná, como es el caso de Corrientes. Según un informe de la Fiscalía Federal ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, en 2022, el 90% de los juicios que se llevaron adelante en la provincia fue por delitos de narcotráfico.
Corrientes es uno de los epicentros de la impunidad narco. Sin ir más lejos, hace dos semanas apareció una avioneta abandonada al costado de la ruta 12, en la localidad correntina de Itatí, que tenía en su interior rastros de cocaína. La investigación judicial aún no pudo dar ni con sus tripulantes ni con el resto del cargamento. Evidentemente, estas mafias no podrían moverse con tanta holgura sin la complicidad de la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Aeroportuaria, el poder político y la Justicia.
Es la misma localidad en la que operaba la organización narco liderada por Federico Sebastián Marín (quien declaró como arrepentido y luego se fugó de prisión domiciliaria) y Carlos Bareiro, la cual llegó a traficar no menos de 18 toneladas de marihuana paraguaya que llegaba a través del Paraná. En esa megacausa cayó el juez federal de Corrientes, Juan Soto Dávila, quien fue condenado en 2023 a seis años de prisión por recibir coimas de dicha banda. Otro líder narco de Itatí era Luis “Gordo” Saucedo, cuya banda estaba integrada por el exintendente de Itatí, Natividad Terán, su vice, y miembros de distintas fuerzas de seguridad. Saucedo cobraba un sueldo como empleado municipal, “tenía una flota de 25 vehículos de alta gama, entre autos, camionetas e incluso una lancha, y tres propiedades inmuebles en Itatí” (Clarín, 11/08/2021), que utilizaba para lavar dinero.
La participación policial es la norma en este tipo de organizaciones criminales. En 2021 fue denunciado el comisario de Monte Caseros por coordinar una red de venta de estupefacientes y de captar jóvenes como “soldaditos”. En la misma localidad en la que el excomisario de 9 de Julio, Walter Maciel, uno de los detenidos en la causa de Loan, se había desempeñado como jefe del cuerpo de seguridad rural. En 2017, en la localidad de Esquina, un cabo de la policía fue detenido por utilizar menores de edad para la venta de cocaína. En 2023 fue descubierta una banda narco que actuaba en la capital de Corrientes, en la que estaban involucrados tres policías provinciales, entre ellos, el comisario general, Ramón Luciano Vallejos.
La droga pasa fácilmente a la provincia por la vía aérea y fluvial, sin que las fuerzas federales a cargo de vigilar esas rutas hagan algo para impedirlo. Cada tanto montan algún operativo, que, si bien son infructuosos para frenar el narcotráfico en la provincia, nos permiten arrimar a una comprensión sobre su funcionamiento. En 2017, las fuerzas federales decomisaron un campo en las afueras de Santo Tomé, que funcionaba como pista de aterrizaje clandestina por donde llegaban cargamentos de cocaína proveniente de Bolivia. En esa misma localidad correntina, en 2021 fue desbaratado un laboratorio ubicado sobre el Río Uruguay, donde narcos brasileños se dedicaban a mezclar pasta base con químicos para producir cocaína. En 2021 cayó un grupo que traficaba cocaína en Corrientes por el río utilizando una moto de agua. En 2016, en la misma provincia, la Prefectura incautó una lancha abandonada que guardaba en su interior 600 kilos de marihuana.
En 2018 fueron detenidos integrantes de una banda narco que abarcaba a Paraguay, Corrientes y Buenos Aires, lo cual ilustra cómo la provincia litoraleña funciona como centro de distribución a todo el país. De hecho, la droga que recibía la banda de Saucedo en Itatí, proveniente de Paraguay, era vendida en lugares como Rosario y distintas villas de CABA.
La connivencia de funcionarios de alto rango, uniformados y magistrados con estas redes delictivas muestra la completa descomposición del régimen político de Corrientes, lo cual, vale aclarar, no es patrimonio exclusivo de esa provincia. A su vez, refuta el argumento de Bullrich y compañía de que reforzando la presencia de las fuerzas federales se soluciona el problema; por el contrario, estas son responsables de haber convertido la frontera en un verdadero “colador”. Por otra parte, estas actividades ilícitas no podrían prosperar sino hubiera un andamiaje económico -bancos, constructoras, puertos privados, casinos, etc.- dedicado a legalizar el dinero espurio.
El gobierno de Javier Milei promueve que Argentina se consagre como “paraíso” narco, impulsando el blanqueo de capitales incluido en la Ley Bases. Cabe destacar que dicho artículo fue votado favorablemente por todos los bloques en el Senado. El conjunto de las fuerzas políticas del Estado capitalista son responsables de alimentar un flagelo que le arruina la vida a los trabajadores y jóvenes de este país y que hoy nos hace lamentar la desaparición de un chico de cinco años.
Es necesario que la Justicia investigue a fondo las conexiones locales y trasnacionales de Carlos Pérez y María Victoria Caillava para dar con el paradero de Loan.
