Declaró una nueva testigo en la causa de Loan. Se trata de Julieta, vecina de 9 de Julio, cuyo testimonio revela que el comisario Walter Maciel, uno de los detenidos por encubrimiento, habría falseado su relato ante la Justicia. A su vez, acusó a María Victoria Caillava, exfuncionaria de la Libertad Avanza presa por sustracción y ocultamiento del niño, de ser conocida en el pueblo como la encargada de intermediar en la compra y venta de bebés.

Por un lado, Julieta estuvo presente en el mismo almuerzo del cual participó Maciel por el día de San Antonio, fecha en la que Loan fue visto por última vez. “Maciel llegó al almuerzo a las 14:00, se sentó ahí y estaba comiendo. A las 14.30 vi un estado de WhatsApp que circulaba la foto del nene que ya estaba desaparecido. El comisario se retiró entre las 15:30 y 15:40″, recordó la mujer. Una foto del evento tomada por otra vecina a las 15:04, en la que se lo puede ver al policía, respalda esta versión.

Lo anterior contradice lo que había dicho Maciel la primera vez que declaró. Según su coartada, él se habría retirado 14:30 de la celebración de San Antonio para ir a dormir la siesta a su casa y, a las 16 horas, como no respondía el teléfono, lo fueron a llamar sus subalternos para avisarle que Loan había desaparecido. A su turno, dos policías declararon que Maciel les ordenó modificar en el libro de actas de la comisaría el horario en el que se había radicado la denuncia por la desaparición del chico (de 15:45 a 16:15). Sabemos que llegó al lugar de los hechos alrededor de las 16:45.

Como vemos, la declaración de Julieta indicaría que Maciel ya estaba al tanto de la desaparición de Loan a las 14:30, sin embargo, demoró a propósito el inicio de la búsqueda por parte de la policía. Esto le agrega más prueba a la acusación que recae en su contra por “encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito y la calidad de funcionario público”.

Por otro lado, la testigo agregó una nueva denuncia sobre María Victoria Caillava, la exfuncionaria municipal imputada por el secuestro de Loan. “Siempre existió el rumor de que ella era la encargada de hacer los papeles de la persona que quería vender o regalar a su hijo. Hace 11 años lo escucho, pasa que a veces la gente tiene miedo y no quiere hablar” relató Julieta.

Recordemos que Caillava es una de las figuras de mayor poder en el pueblo. Antes de llegar al cargo de directora en Producción de la comuna, fue durante dos años interventora de 9 de Julio tras la destitución del anterior alcalde. Durante su carrera política se fue adueñando de tierras fiscales y explota una de sus estancias con forestaciones.

Su presunta participación en la apropiación de bebés expone cuán extendido es este negociado, que no podría existir sin el concurso de funcionarios, Poder Judicial, fuerzas de seguridad, y, en la mayoría de los casos, de algún agente de salud. Los que verdaderamente lucran con esas transacciones son los intermediarios, mientras que las madres que dan a luz y resuelven entregar a su hijo, agobiadas por la pobreza, reciben migajas. Esto, cuando no se trata directamente de un rapto.

En Argentina, la compra y venta de menores no está tipificada en el Código Penal como delito de trata sino que puede englobarse en el delito de “supresión de la identidad”, con penas de entre tres y diez años de prisión (artículo 139 bis). Esa falta de especificidad le valió al país una sanción por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2022. A principio de julio de este año, el Senado trató un proyecto de ley para modificar el artículo 139 bis, elevando la pena mínima a 4 años, e incorporar el artículo 139 ter que establece penas de hasta 15 años para quienes faciliten la venta de menores. Si bien el dictamen había sido aprobado por mayoría, el proyecto volvió a comisiones frente a la discrepancia del senador libertario, Juan Carlos Pagotto.

Hace décadas que el poder político viene amparando la apropiación de niños (mal llamada adopción ilegal) y la provincia de Corrientes es una de las más afectadas. Ya en 1994, los periodistas Fabiana Fondevila, Jorge Aulicino, Lucas Guagnini, Alejandro Caravario y Eva Maraboto publicaron una investigación en el diario Clarín, en la que se mencionaban numerosos casos de niños vendidos en dicha provincia (con nombre y apellido tanto de las víctimas como de los culpables). La tapa de ese número decía al respecto: “Venden desde Corrientes bebés al exterior (…) Periodistas de Clarín comprobaron que hubo casos de recién nacidos robados (…) En otros, se convenció a madres pobres que les convenía entregarlos (…) Hablan madres que habían sido despojadas de sus chicos y dos parejas alemanas ´compradoras´”. Sin embargo, tanto ayer como hoy la impunidad ha sido la regla.

El caso de Loan pone de manifiesto la protección estatal de la cual gozan estos mercaderes de niños. Ahora el pueblo de Corrientes se rebeló y ya no hay vuelta atrás.

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