En Mendoza se logró la primera sentencia civil referida a los abusos en el Instituto Próvolo: la Iglesia deberá resarcir económicamente a un sobreviviente del instituto con $14,4 millones de pesos. Deberá hacerlo a través de la obra San José (asociación a cargo del instituto).

A 5 años del inicio de la causa, los familiares de víctimas del Próvolo se concentraron en el Poder Judicial en el mes de noviembre para exigir justicia y denunciar la injerencia de la Iglesia Católica en todo el proceso junto con el abandono total por parte del Estado, también reclamaron perspectiva de género y discapacidad en el proceso.

“Es un fallo que marca un hito en la historia de la Justicia mendocina, no sólo por ser el primero en este tipo de delitos aberrantes, sino también porque se aplican normas de derecho constitucional, con absoluta perspectiva de derechos humanos, de discapacidad; se analizan las distintas situaciones particulares del caso y se le da preponderancia al valor de la justicia, porque en definitiva lo que se logró con este fallo es hacer justicia”, dijeron al diario MDZ los abogados Oscar Barrera y Leandro Lanci, quienes representan a un grupo de víctimas y decidieron hacer pública la resolución judicial.

Entre las principales denuncias destaca la revictimización constante de las víctimas y la búsqueda de silenciarlas y deslegitimarlas denunciando a sus intérpretes, haciendo informes de las redes sociales, de sus perfiles y los de sus familiares para luego denunciarlos en el juicio. La injerencia de la Iglesia ha sido una constante durante todo el proceso. Desde el minuto cero la Iglesia envió un emisario papal que realizó una investigación paralela a la judicial que buscó amedrentar a las víctimas y familiares al tener acceso al expediente y a los testigos de identidad reservada, pero sin aportar ningún dato de esa investigación a la justicia mendocina y colaborando como órgano de presión contra las víctimas (Prensa Obrera, 26/11).

Acompañamos este resarcimiento como un hecho histórico. Entendemos que la lucha por la separación de la Iglesia del Estado como un punto fundamental para terminar con la protección política y el amparo de los responsables de los aberrantes delitos constantes del personal eclesiástico, y también contra el tutelaje ideológico y oscurantista que implica para la sociedad.

¡Separación de la iglesia del Estado!

¡Basta de impunidad y encubrimiento para los curas y monjas abusadores!

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