Sociedad
10/6/2026
Minería y desarrollo en Santa Cruz: dato mata relato
La realidad social en el Macizo del Deseado, entre el boom minero y el crecimiento de la pobreza.
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Reclamos salariales y por trabajo.
El gobierno de Javier Milei afirma que logró sacar a 15 millones de argentinos de la pobreza y muestra orgulloso una baja en la tasa de pobreza del 41,7% en el inicio de su mandato a un 28% actual, según el Indec. Lo presentan como un éxito de los beneficios a los grandes capitalistas. El caso de Santa Cruz, donde el boom de exportaciones mineras convive con un crítico cuadro social, sirve como desmentida.
Especialistas, organizaciones y referentes territoriales cuestionan las cifras del Indec. Sostienen entre sus argumentos que, al centrarse únicamente en los ingresos necesarios para cubrir la canasta básica y en zonas urbanas, la medición oficial no es un reflejo fiel de la realidad que enfrentan todos los días los hogares más desfavorecidos de la Argentina profunda, esa a la que hay que embarrarse para llegar.
Un estudio difundido por La Nación combina los datos del Censo Nacional 2022 y los de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA-UCA) de 2023, logrando un mapa de la pobreza extrema en el país por localidades y departamentos, definida como el riesgo de concentración de inseguridad alimentaria en hogares particulares. Eso permite identificar una pobreza más estructural y estable que las cifras de la pobreza monetaria que periódicamente muestra el Indec.
En este relevamiento el foco está puesto no solo en los ingresos sino en las condiciones de vida, la situación de hacinamiento en la vivienda, si el jefe de hogar tiene trabajo y en el acceso a derechos fundamentales, entre otras variables. A nivel provincial las jurisdicciones con mayores índices de vulnerabilidad son Santiago del Estero (42,5%), Formosa (40,9%), Salta (40,9%), Jujuy (40,5%) y Chaco (39,1%). Todas pertenecen al norte del país. Pero la situación de Santa Cruz demuestra que es una realidad extendida.
Lo que nos interesa resaltar en este articulo es la situación del Departamento Deseado en la provincia de Santa Cruz, donde en el Índice de vulnerabilidad socioeconómica calculado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA en base a la combinación de 11 indicadores censales vinculados a la vivienda, servicios básicos, educación, empleo y la vulnerabilidad asociada a la infancia aparece apenas debajo de las regiones con mayor pobreza estructural, con un 30,2%.

Esto ocurre en una de las zonas de mayor actividad minera del país. En 2026 Santa Cruz lidera las exportaciones mineras de Argentina aportando casi el 50% de las ventas totales del sector al exterior. El oro y la plata dominan de forma casi exclusiva (99,9%) la canasta exportadora provincial, representando además más del 87% de todas las ventas al exterior de la provincia.
Si tomamos los datos clave de exportación en 2026 vemos que en el primer trimestre alcanzaron la cifra histórica de 1.008 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 123,4% frente al mismo periodo de 2025. Solo en marzo la comercialización de oro y plata dejó 323 millones de dólares, marcando el nivel más alto para ese mes desde que existen registros.
La explotación metalífera en el Macizo del Deseado comenzó en 2007 bajo el impulso del gobierno nacional y provincial del kirchnerismo, con el proyecto San José – Huevos Verdes. Hoy hay ocho proyectos en explotación y doce en exploración avanzada.
20 años de explotación minera, 80 años de explotación petrolera y 50 años de exportación de productos de mar no han generado un desarrollo social ni mejora en la calidad de vida de los habitantes del norte de Santa Cruz. Al contrario, el régimen de saqueo avalado por todos los gobiernos ha hundido en la pobreza a más de la mitad de su población: al momento de escribir estas líneas Las Heras llevaba siete días sin agua por falta de recursos para reparar un acueducto, mientras todos los gremios estatales se movilizan por aumento de salarios y centenares de obreros de la construcción reclaman puestos de trabajo.
Es una confirmación de la validez de la consigna que planteamos desde el Partido Obrero por la nacionalización bajo control obrero de toda la industria hidrocarburífera, metalífera y pesquera, para terminar con el saqueo de nuestras riquezas y reorganizar la provincia sobre nuevas bases, poniendo por delante las necesidades de las mayorías trabajadoras.





