El pasado 4 de abril falleció, a los 97 años de edad, Héctor Sibilla, exjefe de seguridad de la planta de Ford Pacheco durante la última dictadura militar y uno de los responsables de la privación ilegal de 24 trabajadores de la planta. El hecho se dio a conocer recientemente e implica un nuevo caso de impunidad empresarial y “civil” garantizada por la Justicia.

La condena de Sibilla en 2018 a 12 años de prisión, a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, por delitos de lesa humanidad, fue confirmada en 2021 por la Cámara Federal de Casación Penal, pero mantenida en suspenso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que evitó el cumplimiento efectivo de la misma.

Al margen de esto, el proceso puso de manifiesto la participación empresarial en la represión estatal y la colaboración “civil” con la dictadura militar. Particularmente de las empresas multinacionales como Ford, FIAT, Techint, Arcor, entre otras, y de reconocidas empresas nacionales como el Grupo Ledesma que, con la reciente muerte de Carlos Blaquier, siguió la misma ruta de impunidad.

Sibilla ingresó a la Ford, luego de desempeñar una carrera militar en el Ejército Argentino, donde permanecería en tareas durante alrededor de 20 años, para, tras su retiro, ocupar tareas en la oficina de Seguridad de la Embajada de los Estados Unidos hasta 2004.

Previo a su integración a la Ford, Sibilla participó de una supuesta empresa de seguridad denominada Organización de Protección Industrial (Orpi), con indicio de tratarse de una fachada de Jefatura II de Ejército, integrada por exmilitares, que prestó servicios para la planta de Ford en Pacheco (Pagina12, 12/5).

Sibilia ingresó a la Ford en 1967. En las vísperas del golpe de Estado de 1976 mantuvo “vigilia” en la planta con el pretexto de que “podía pasar algo”, momento desde el cual empezaron los secuestros y lugar donde funcionó un centro de detención y tortura.

A mediados del mismo 1976, Sibilla fue ascendido por el Ejército al grado de Teniente, a pesar de que se encontraba retirado hace 15 años. Una muestra de la continuidad en sus tareas y colaboración con el aparato represivo y genocida del Estado.

El caso de Sibilla desnuda el rol de las principales patronales del país en la represión estatal y la política genocida de la dictadura militar, delatando, secuestrando, torturando y desapareciendo trabajadores y activistas previamente marcados por el personal jerárquico de estas empresas.

En tanto otras empresas se beneficiaron directa e indirectamente de las políticas de la dictadura para extender sus negocios, transferir sus deudas e imponer peores condiciones de trabajo, mostrando el caracter social capitalista del Estado y la orientación del gobierno de facto.

Junto a Sibilla también fue condenado Pedro Müller, quien oficiaba de “número 2” de la Ford, integrado al directorio de la multinacional entre 1974 y 1978, jugando un papel al frente de la administración y dirección de la automotriz.

Se calculan alrededor de 30 procesos existentes por responsabilidad empresarial con crímenes de lesa humanidad, la mayoría de los cuales no llega a una condena firme y de cumplimiento efectivo debido a la impunidad garantizada por la Justicia y el poder político, por lo que muchos de estos elementos nefastos llegan a la muerte con pleno ejercicio de su libertad.

No obstante esto, los procesos en sí han sido una confirmación sistemática de la política genocida y criminal desenvuelta por la clase capitalista contra los trabajadores, mostrando la naturaleza de clase del Estado y la “funcionalidad” de la dictadura genocida para terminar con lo que supieron denominar como “la guerrilla fabril”: es decir, el activismo obrero.

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