Concedieron finalmente el beneficio de la detención domiciliaria al cura abusador Raúl Anatoly Sidders, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva desde diciembre, en el marco de la causa que investiga los abusos sexuales perpetrados por el clérigo a “Rocío”, exalumna del colegio San Vicente de Paul de La Plata en el cual aquel era capellán. La resolución judicial carece por completo de fundamento. La denunciante y las organizaciones que la acompañan anunciaron que redoblarán la campaña para que Sidders continúe en cárcel común y por su pronta elevación a juicio.

El párroco se encuentra imputado por los “delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración en el tiempo y circunstancias de su realización, doblemente calificado por resultar un grave daño en salud mental de la víctima y por ser el autor ministro de un culto religioso, en concurso real con corrupción de menores calificada por ser la víctima menor de trece años”. Nada menos. Rocío denunció que desde sus 11 años hasta los 15, período en que acudió al establecimiento educativo confesional, sufrió diversas situación de acoso y abuso que repercutieron gravemente en su salud física y mental.

Los camaristas Alejandro Gustavo Villordo, Fernando Jorge Mateos y Ariel Osvaldo Larrea, que concedieron la morigeración en las condiciones de detención, debieron reconocer solapadamente en su escrito que no pueden justificar la decisión. Apuntan que “sin revelar una situación de salud indefectiblemente inabordable en un establecimiento penitenciario, lo cierto es que lo dicho por la perito oficial permite hipotetizar que el ámbito carcelario podría implicar, llegado el caso, un ambiente con influencia negativa en la enfermedad cardiológica preexistente”. Vergonzoso. Sidders cumplió recientemente 60 años, es decir que su edad no amerita el beneficio, y las pericias médicas no probaron en absoluto que no pudiera ser tratado dentro del contexto de encierro.

El principal agravante es el peso de la Iglesia Católica que podría obstaculizar el curso de la causa, y un real riesgo de fuga ya que enfrenta una posible pena grave. Al momento de ser imputado, se encontraba cumpliendo funciones eclesiásticas nada menos que en la localidad misionera de Iguazú, a escasos kilómetros de la Triple Frontera. El Arzobispo de La Plata, Víctor Manuel “Tucho” Fernández, lo defendió públicamente y buscó amedrentar a las víctimas. Incluso, como consta en la causa, tomaron contacto intimidatorio con Rocío miembros de la Iglesia y del colegio San Vicente.

La detención de Sidders fue el fruto de una amplia campaña contra el encubrimiento que tanto el clero como las autoridades del colegio desplegaron en torno al cuestionado accionar del cura, señalado públicamente por numerosos exalumnos de la institución por su constante trato vejatorio a los estudiantes y docentes. La denuncia pública y las movilizaciones lograron el avance de la causa, y con esos mismos métodos ahora Rocío y las organizaciones de mujeres y de lucha contra los abusos eclesiásticos anunciaron que batallarán contra la decisión judicial y para que el abusador aguarde tras las rejas la realización del juicio.

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