A partir del presente mes de enero los afiliados a la medicina prepaga deberán completar una declaración jurada mensual, ante la Superintendencia de Servicios de Salud, informando ingresos inferiores a seis salarios mínimos ($371.718) para que el impacto en los aumentos de las cuotas se ajuste al nuevo régimen del 90% de la variación del Ripte. El piso oficial ya plantea una suba considerable, y esta modalidad habilita a juicios, desconocimiento de cobertura y la implosión de mayores aumentos por parte de las prepagas.

De esta forma, quienes completen correctamente el formulario hasta el día 20 de cada mes previo podrán acceder al “beneficio”. Para el próximo mes de febrero implicaría pagar un aumento del 4,91%, contra el 8,21% de aumento para los “excedidos”.

Luego de que durante 13 meses la medicina prepaga acumulara aumentos del orden del 114%, despertando un fuerte repudio en tiempos de pandemia y mayores necesidades sanitarias, el gobierno lanzó una nueva regulación que condiciona los futuros aumentos al 90% del índice promedio de actualización de los salarios estables del mes anterior.

Para quienes superen ingresos equivalentes a seis salarios mínimos se aplicará directamente el Índice de Costos de Salud: un cálculo superior, por arriba de la inflación y los salarios, en manos de las patronales.

Además de que el sistema convalida un piso elevado para las actualizaciones, que no representa la media de los ingresos salariales sino el promedio de los mejores salarios, la carga de la prueba recaerá sobre las espaldas de los trabajadores, por medio de una declaración jurada.

Las empresas de medicina prepaga ya adelantaron que auditarán las declaraciones juradas con sus propios medios y que “cualquier omisión o inexactitud será causal suficiente para iniciar las acciones judiciales”.

Las patronales también se reservan la potestad de rescindir unilateralmente los contratos de adhesión en caso de detectar “irregularidades”, lo que abre el campo a todo tipo de maniobras para eludir la cobertura de prestaciones a pesar de los pagos efectuados.

Para colmo, el nuevo régimen establece una referencia para el pago de las prestaciones y profesionales de la medicina prepaga en el mismo piso del 90% -porcentaje inferior al promedio de los aumentos que las mismas estiman recibir-, embolsándose la diferencia: un negocio redondo.

La medicina no puede seguir siendo un negocio para unos pocos. Apertura de los libros de las empresas prepagas, fin de los “planes VIP” y por cuotas accesibles a la población en relación al salario medio del conjunto de los trabajadores. Por una cobertura única e integral para todos los trabajadores y jubilados, sin sobrecargos ni exclusiones.