14/12/2020
Grave

Presión clerical para que otorguen prisión domiciliaria a Sidders

En la audiencia, el fiscal acompañó el pedido de la defensa. Ahora debe resolver el juez.

El Arzobispado de La Plata jugó fuerte para que se haga lugar al pedido de la defensa del cura abusador Raúl Sidders, de morigerar la prisión preventiva mediante el otorgamiento del beneficio de detención domiciliaria. El sacerdote tiene 59 años y fue denunciado por Rocío, una joven que cuando acudía al colegio San Vicente de Paul de La Plata sufrió de su parte abusos sistemáticos.

En la audiencia realizada por la mañana del lunes 14, el fiscal Álvaro Garganta acompañó el infundado pedido de los abogados de Sidders para que el cura siga el proceso alojado en la casa de su hermana en Pilar. Ahora el juez Carlos Agustín Crispó deberá dictaminar, en el curso de los próximos días, si concede o no el beneficio.

Es un pedido inadmisible, porque el sacerdote solo padece una enfermedad cardíaca para la cual debe tomar una medicación, lo que es perfectamente atendible en una unidad penal. Por el contrario, enfrenta un proceso con una expectativa de pena amplia, y su capacidad para entorpecer la causa está dada precisamente por la intervención de la Iglesia Católica. En sus declaraciones Sidders involucró al poderoso exarzobispo platense Héctor Aguer, cuya presión ya obstaculizó por años causas anteriores como la que afrontaba Eduardo Lorenzo.

De hecho, cuando se iniciaron las acusaciones públicas contra Sidders, el actual arzobispo Víctor «Tucho» Fernández emitió cartas públicas desestimando los relatos y buscando amedrentar a las víctimas y a toda la comunidad educativa del colegio. Por haber dado lugar a esos testimonios -vitales para la posterior radicación de la denuncia-, Prensa Obrera también fue objeto de presiones, que incluyeron una carta documento del Arzobispado. «Tucho» también apoyó al mencionado Lorenzo incluso hasta después de su suicidio, con una misa en su honor a pesar de que había sido probada su autoría en múltiples abusos.

Este antecedente reciente del suicidio del imputado es en efecto señalado por los abogados patrocinantes de Rocío, Juan Pablo Gallego y Pía Garralda, como muestra de que para salvaguardar el proceso es necesario que Sidders quede en prisión. Eduardo Lorenzo había sido recluido por la jerarquía eclesiástica en la sede de Cáritas La Plata cuando en diciembre de 2019, 11 años después de radicada la primera de las cinco denuncias en su contra y cuando tras las pericias psiquiátricas se ordenó su detención, se quitó la vida.

Sidders también fue públicamente respaldado por el Obispo de Iguazú, Nicolás Baisi, quien calificó las denuncias como fake news. Hacía esa diócesis había sido traslado en mayo el hasta entonces capellán del colegio San Vicente, ya que cuenta con domicilios cercanos a la Triple Frontera y esperaba también ser designado allí nuevamente como capellán de Gendarmería Nacional. Fue por estos motivos que el propio fiscal había hecho lugar al pedido de que se le prohibiera la salida del país.

Ahora debe dictaminar el juez de garantías Crispó si concede o no el beneficio. La noche anterior, en la página de Facebook de la campaña «Rocío yo sí te creo», la víctima comunicaba que debe atravesar una nueva intervención quirúrgica, por los problemas de salud que la mantienen en internación domiciliaria y son el resultado de los años en que se vio obligada a guardar silencio. «Esto me pasó a los 11 años y miren… nunca prescribió, hasta el día de hoy sigo teniendo secuelas», afirmó, y sentenció: «El abuso sexua infantil no tiene fecha de vencimiento, no prescribe». Un duro pero inapelable testimonio de la necesidad de luchar hasta hacer justicia.

La campaña «Rocío yo sí te creo» reclamará con fuerza que Sidders afronte el proceso en cárcel común, hasta que sea condenado. Los abogados patrocinantes de la víctima piden además que se realicen pericias psicológicas y psiquiátricas al imputado, y que comparezca en la causa el propio Aguer. Al ser este abusador un enemigo público declarado del movimiento de mujeres y por la experiencia recorrida en el encubrimiento eclesiástico y su injerencia sobre el Estado, la causa de Rocío se ha vuelto otra causa popular de la región.

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