La publicación, por parte de Prensa Obrera, de testimonios de exalumnas y alumnos del colegio confesional San Vicente de Paul de La Plata, que retratan los abusos y violencias cometidas por el cura Raúl Sidders, pusieron de manifiesto un accionar aberrante que afectó gravemente a decenas de jóvenes en plena adolescencia. Pero, peor aún, los hechos posteriores reflejaron toda la maquinaria de encubrimiento de la Iglesia Católica para proteger a sus agentes e intimidar a las víctimas para que desistan de realizar denuncias y exigir justicia.

Lo que detonó la bomba de acusaciones contra Sidders fue la publicación del relato de la madre de un exalumno del colegio, que venció el temor y decidió difundir su testimonio cuando se enteró, indignada, que el cura había sido trasladado a Puerto Iguazú. Los motivos del traslado no fueron explicitados, pero lo cierto es que espera ser confirmado como capellán del Escuadrón XIII de Gendarmería Nacional, y que el obispo Nicolás Baisi lo solicitó como secretario. Baisi cumplió funciones como obispo auxiliar de la arquidiócesis de La Plata como mano derecha del ultramontano Héctor Aguer, y en mayo fue designado por el Papa Francisco para ocupar el alto cargo eclesiástico en la provincia mesopotámica. En el poco tiempo que lleva en aquella congregación este obispo ya dejó clara su orientación, al encabezar en Eldorado una caravana “celeste” el pasado 8 de agosto, para celebrar el segundo aniversario del rechazo del Senado a la legalización del aborto.

No es un dato vacío. Sidders no es solo un depravado que se valía de las instancias de confesión para incidir sobre la vida sexual de los alumnos del colegio y acosarlos, sino además todo un exponente ideológico de la misoginia, la xenofobia y el oscurantismo. De ello hacía gala en un programa televisivo que conducía (junto a niños) en un canal local; lo cual le valió una denuncia en el Inadi que llevó a suspender dicho programa. Es un fervoroso militante contra los reclamos del movimiento de mujeres y disidencias sexuales, algo que se encargó de expresar al interior del San Vicente no solo en sus misas y confesiones sino aún interviniendo en las clases del resto de los docentes y vetando el dictado de numerosos contenidos (desde educación sexual hasta temas referidos a la dictadura genocida, por ejemplo).

Cuando los relatos sobre acosos y abusos fueron dados a conocer tanto en medios de comunicación como en redes sociales, la reacción de las autoridades del colegio fue negar ante la comunidad educativa tener conocimiento de los hechos. Ese accionar no fue otra cosa que una indicación del Arzobispado platense, que salió a jugar fuerte para respaldar a Sidders. Una carta con firma del arzobispo “Tucho” Fernández fue girada a los padres de los alumnos de la institución para afirmar que las acusaciones eran falsas. Prensa Obrera respondió punto por punto a ese comunicado, cuya función era intimidar a quienes estaban superando sus miedos para expresar, luego de años, las vejaciones que habían sufrido. Esto derivó en el envío de una carta documento del Arzobispado de La Plata a la sede de nuestro medio, exigiendo una rectificación so pena de iniciar acciones legales, ya que el comunicado en cuestión no “debería haber tenido” la firma de Fernández. Sin perjuicio de este burdo intento de despegarse, la cúpula de la congregación platense ratificó los términos del encubrimiento a Sidders y el rechazo a abrir investigación alguna para verificar la veracidad de los testimonios.

Estamos ante un verdadero modus operandi, que acumula una extensa tradición en la región. En diciembre pasado, el suicidio del cura Eduardo Lorenzo ponía fin a la larga historia de un entramado de impunidad, sostenido a pesar de reiteradas denuncias penales y en la Justicia Canónica. Lorenzo pasó tres décadas abusando sexualmente de menores de edad, y logró que por once años se mantuviera archivada la denuncia en la Justicia. Cuando por la presión de los familiares y organizaciones de mujeres la causa fue desarchivada, “Tucho” Fernández respaldó abiertamente al abusador al brindar junto a él una misa en la Catedral de La Plata. Incluso después del suicidio, producido cuando la sumatoria de nuevos denunciantes y el estado público del caso hacían difícil mantener el encubrimiento, el Arzobispo llamó a orar por él.

Existe además otro punto de comparación entre los dos casos, que esclarece el rol del Estado como garante de la impunidad. Lorenzo amenazaba a sus víctimas haciendo gala de sus vínculos con el poder y con “los peores asesinos de la cárcel”, por su cargo como Capellán Mayor del Servicio Penitenciario Bonaerense. Efectivamente, existieron hasta allanamiento policiales a padres del colegio Concilio Vaticano II de Gonnet que pidieron explicaciones por las denuncias contra el sacerdote de la escuela. Incluso cuando Lorenzo debió ser suspendido de sus funciones por el avance de la causa judicial, siguió cobrando un sueldo de jerárquico -mientras que la Iglesia siempre lo mantuvo en funciones. Raúl Sidders ya ocupó en el pasado un cargo de capellán de Gendarmería, en la Patagonia, y se enorgullecía en sus cuentas de redes sociales de la represión a las comunidades originarias como en la Campaña del Desierto. Los altos cargos del clero al interior de las fuerzas represivas estatales son otro poderoso factor de encubrimiento y amedrentamiento contra las víctimas de abuso. Es otro ejemplo de por qué se trata de un Estado dentro del Estado.

Pero estos resortes del poder no son ni mucho menos infalibles. Es con esa convicción que valientemente se puso en pie una Comisión por la Investigación de los Abusos de Raúl Sidders, que agrupa a miembros y exmiembros de la comunidad educativa del colegio, y a personas y organizaciones que los apoyan, para reclamar justicia. Con este apoyo ya fue radicada una denuncia penal en sede judicial, y seguramente será la primera de muchas otras que irán presentándose. Se abre así una nueva etapa en esta lucha. Es insoslayable la exigencia de la suspensión preventiva de Sidders de todos sus cargos públicos y eclesiásticos, y que la Justicia dé curso a la causa para dar con la verdad de los hechos. Una victoria de las víctimas y de la comunidad educativa sería además un nuevo golpe al poder de la Iglesia, cuyo rol encubridor está dado por su condición de baluarte del oscurantismo y la opresión. Prensa Obrera seguirá a disposición de esta lucha.