El 31 de julio, Prensa Obrera publicó denuncias de víctimas del accionar del cura Raúl Sidders en el colegio San Vicente de Paul de La Plata. Sidders fue además capellán de la Gendarmería Nacional y recientemente fue trasladado a Iguazú, según el Arzobispado para ejercer como secretario del nuevo obispo misionero, según otras versiones también para volver a cumplir funciones en la Gendarmería, en el Escuadrón XIII de Puerto Iguazú.

Las notas publicadas por nuestro periódico desde entonces refieren a denuncias de abusos y conductas inapropiadas del cura y a la repercusión que la información emitida en Prensa Obrera generó al interior del propio Colegio San Vicente de Paul, dependiente de la arquidiócesis de La Plata -dirigida por el arzobispo Víctor Manuel “Tucho” Fernández, desde la jubilación de Héctor Aguer.

En este cuadro, el Arzobispado de La Plata hizo llegar a la redacción de Prensa Obrera una carta documento conminando a nuestro medio a “rectificar” información brindada en una nota del 8/8, en la cual se contesta a una comunicación pública que el colegio emitiera en su propio nombre y en nombre del arzobispo “Tucho” Fernández. Lo que el Arzobispado pide rectificar es la firma de la carta dirigida a los padres y docentes del Colegio -que se analiza en el artículo-, no así los términos de la misma, que son los de una defensa cerrada del cura denunciado. La  carta documento da cuenta de que Prensa Obrera y los y las denunciantes no falsean la realidad, sin embargo no se priva de amenazar con iniciar demandas legales.

En dicha nota se responde punto por punto a un mail que, con la firma del propio arzobispo fue distribuido entre padres y docentes del colegio San Vicente de Paul desde cuentas oficiales de dicha institución. Luego la directora del colegio, María Cabrera, puso su rúbrica a otra carta dirigida también a la comunidad del colegio, con menos detalles que la anterior y acompañada esta vez por la firma de seis representantes legales del colegio. Ni uno, ni dos, ¡seis representantes legales! Ocupan más lugar las firmas que el texto emitido por la institución, lo cual resulta lógico si se ve a este texto como un complemento del anterior -que llevaba la firma de “Tucho” Fernández. Cualquier interpretación de esta acción como amenazante contra los y las denunciantes no constituye en absoluto una interpretación antojadiza, ni injusta. Que un colegio católico saque a relucir el peso de tantos asesores legales solo puede tener por finalidad desanimar a denunciantes.

La carta documento que el Arzobispado hace llegar a Prensa Obrera sería en “términos aclaratorios y solicitud de rectificación”, y culmina señalando que reclaman una rectificación “en el entendimiento del carácter involuntario del error incurrido” (sic). Centralmente la carta sostiene que el Arzobispado no habría emitido comunicación alguna sobre el caso Sidders y que la nota difundida por el colegio (cuya existencia la carta documento del Arzobispado reafirma) debió llevar la firma de las autoridades del San Vicente de Paul y no de “Tucho” Fernández.

La notificación llega al domicilio legal de Prensa Obrera luego de que en dos mails las autoridades del colegio refirieran a nuestra publicación como un “anónimo”. “Desconocemos el medio mencionado y la acusación, apodo y relatos allí vertidos”, dice el texto de la directora del colegio. Nos congratulamos de que finalmente reconocieran la existencia de la publicación, del medio y hasta de su domicilio legal, lo que les permitió hacer llegar esta carta documento. Nuestra trayectoria de lucha por el aborto legal, la educación sexual integral y por la separación de la iglesia del Estado -causas a las que se opone la Iglesia católica-, descontamos que ha llegado a los oídos de dicha institución.

“La nota publicada por ese medio en fecha 8/8 incluye un comunicado que ha sido erróneamente atribuido al arzobispo arquidiocesano de La Plata. Se trata de una nota enviada a los padres por las autoridades de los colegios que iba con la firma: colegios san Vicente de Paul”. El contenido, por lo tanto, tal cual fue emitido, es correcto y debe ser atribuido al colegio, una institución dependiente de manera verticalista del Arzobispado de La Plata. No es un perro mordiéndose la cola, es la estructura de la Iglesia católica en Argentina y en el mundo.

La realidad es que nos enteramos con esta carta documento -en la que se amenaza a Prensa Obrera con “acciones legales”- que el texto en cuestión “iba” con esa firma. Lo cierto es que “fue” dirigida a la comunidad del colegio con la firma del “Sr. Arzobispo, Mons. Víctor Manuel Fernández. La Plata, 7/8/2020”. Y esa realidad, solo puede modificarse conminando a las autoridades del colegio, que dependen verticalmente del arzobispo, a rectificar la firma del texto y dar las explicaciones del caso a la comunidad del colegio. Otra vez el perro y su bendita cola.

El “error” lo habría cometido entonces el colegio, pero lejos de exigirles a ellos una rectificación entre la comunidad de padres y docentes preocupados por las denuncias de abusos y de otros actos absolutamente traumáticos para con los chicos que asisten a la institución, el arzobispado envía una notificación legal al medio que informó sobre lo que ocurrió en el colegio. El nudo de la carta documento es que no se cuestiona ni se desmiente el contenido del mail difundido, solo la firma del misma. No queremos abrumar aquí con argumentos ya dados por Prensa Obrera en su nota del 8/8, pero los invitamos a retomarlos en el contexto de esta amenaza del Arzobispo de La Plata a nuestro medio.

Las comunicaciones emitidas simultáneamente por el colegio fueron dos: una firmada por el arzobispo (firma que se desmiente en la carta documento) y la otra por la directora del colegio junto a seis (¡!) representantes legales. Los destinatarios de ambas fueron los preocupados padres del colegio y el cuerpo docente. Dos comunicaciones firmadas por parte de encumbradas autoridades clericales y un pelotón de representantes legales, de una institución altamente entremezclada con el poder estatal, que no explican nada y que básicamente protegen al denunciado atribuyéndole una especie de excentricidad incomprendida, más que responsabilidades penales.

Como Prensa Obrera informa sobre hechos y los interpreta, claro, entendemos que no bien el colegio comunique que falseó la identidad de una carta para comunicar fuertes contenidos a una comunidad conmocionada por denuncias contra otro integrante de dicho colegio, nuestro medio será el primero en informarlo.

Es importante destacar aquí que, entre la realización de la nota original sobre el caso Sidders y la recepción de la carta documento contra nuestro medio, Prensa Obrera emitió otra nota ampliando las denuncias contra el cura trasladado a Misiones por el Arzobispado. Pero ellas parecen no ser tema que importe al arzobispo, ya que no expresó aún por ningún medio ninguna preocupación por las denuncias. En lugar de ello, a través de una carta documento avala el contenido de un texto en el que se dan por falsas las denuncias y en la que se victimiza al denunciado como un perseguido: “Las diferencias que se puedan tener con respecto al estilo, modo de pensar o de expresarse de un sacerdote no justifican acusarlo injustamente de cualquier acción”, dice el texto que motivó la nota del 8/8 de Prensa Obrera que tanto preocupó al Sr. Fernández como para impulsarlo a enviarnos una carta documento.

Definitivamente no es Prensa Obrera la que debe dar explicaciones. Sin embargo, como medio que informa de buena fe lo que sus fuentes confiables le suministran, todas nuestras explicaciones están destinadas a dejar con absoluta claridad establecido que estamos a disposición de las víctimas de este repetido accionar en el que la institución responsable del mismo, la Iglesia Católica, cuenta con un poderío legal e institucional que no solo deja en condición desventajosa a las víctimas sino también, claro está, a este medio independiente, que lucha por la separación de la Iglesia del Estado y que lleva adelante esta lucha consciente del poderío que a aquella le han conferido la Constitución Nacional, el Código Civil y Comercial del 2015, como así también una sumatoria de leyes y decretos de la dictadura militar sostenidos por los gobiernos en la posterior etapa democrática.

Volvamos al eje: Raúl Sidders debe ser suspendido de sus actividades sacerdotales, separado de cualquier actividad asociada a niños y jóvenes, la ministra Sabina Frederic debe suspenderlo también como capellán de Gendarmería y debe dejar de cobrar del Estado. Que se investiguen los abusos cometidos por el cura.