En el Área Metropolitana de Buenos Aires se condensan las problemáticas habitacionales. Por un lado, comprar una vivienda resulta inaccesible para el grueso de la población trabajadora, a la vez que crece la morosidad en el pago de alquileres fruto de su encarecimiento, combinado con el deterioro salarial.

Imposible comprar…

Sin ir más lejos, CABA es considerada una de las ciudades más caras a la hora de comprar una vivienda, según un informe elaborado por el sitio inmobiliario Zonaprop. Este fenómeno se debe al avance de la especulación inmobiliaria, donde los capitalistas mantienen inmuebles ociosos como reserva de valor, encareciendo así el precio del metro cuadrado, el cual promedia los USD 2.413 en el territorio porteño.

A tal punto, que 1 de cada 10 viviendas de la ciudad no se encuentra habitada, según una investigación realizada por la Mesa de Estudios de Viviendas Vacías. Las comunas que presentan mayor cantidad de inmuebles vacantes son la 1, que nuclea a Puerto Madero y Retiro -con un promedio del 13,3%-; la Comuna 2, donde está el barrio de Recoleta, con un 10%; y la Comuna 14, que incluye a Palermo. Como contrapartida, las comunas con menos viviendas desocupadas son la 8 -que integran los barrios de Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano- y la Comuna 4, que abarca a La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya.

Es decir, mientras los ricos especulan con el precio del suelo en sus barrios exclusivos, las mayorías populares son condenadas al hacinamiento. Inclusive, estamos hablando de 138.328 viviendas ociosas en todo CABA, mientras se profundizan las carencias habitacionales en una ciudad donde “300.000 personas residen en villas y asentamientos, otras 7.500 están en situación de calle y un 35 por ciento de las familias pagan alquiler” (El Cronista, 27/10).

El avance de la especulación inmobiliaria aleja cada vez más a los trabajadores de la posibilidad de acceder a una vivienda propia. A esto hay que sumarle el carácter ultrarrestrictivo del crédito hipotecario existente y la caída real de los ingresos populares. Dificultades que ni el gobierno de Alberto Fernández ni el de Larreta se proponen resolver, puesto que ponen por delante la defensa de los intereses capitalistas. Por el contrario, no dudan en apelar a la represión para desalojar cada una de las luchas que se presentan en reclamo de tierra y vivienda.

Las dificultades que encuentra la población para comprar una vivienda, junto con la mayor oferta de inmuebles en el mercado fruto de que los propietarios ya no encuentran tan rentable ponerlos en alquiler, hizo que incrementara en un 27% interanual el stock de propiedades a la venta en CABA como resultado de que las cantidad de operaciones de compra-venta se encuentra amesetada. Según datos del Monitor Inmobiliario que realiza Daniel Bryn, titular de Invertiré Real Estate, “cada mes se compra alrededor del 2,12% de todo el stock, mientras que hace un año, esa cifra ascendía a 2,32% (…); a este ritmo se tardarían 47 meses (casi cuatro años) en vender todo lo publicado”, cuando en 2017 “todo el stock demoraba menos de seis meses en venderse” (La Nación, 15/10).

…Cada vez más difícil alquilar

Como hemos señalado en Prensa Obrera, los alquileres baten récord de aumento de los últimos doce años, y hasta llegan a representar el 50% del salario de los inquilinos. Sucede que la Ley de Alquileres dispone una actualización de los precios a un ritmo mayor que la evolución salarial -combinando el índice de inflación con el Ripte. El trasfondo de esta escalada es precisamente la escasez de oferta de inmuebles para locación a causa de la especulación inmobiliaria.

En ese sentido, se viene agravando la morosidad en el pago de alquileres. Así lo demuestra un estudio publicado por el Cels y la Unsam, impulsado en junio pasado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El relevamiento dio cuenta que 1 de cada 3 inquilinos posee deudas de alquiler y en ningún caso recibieron asistencia por parte del Estado para revertir su situación. Si bien la normativa vigente establece un Programa Nacional de Alquiler Social, que incluye, entre otras cosas, subsidios al alquiler, el mismo no fue implementado.

Por otra parte, se midió el Índice de Vulnerabilidad Inquilina (IVI), el cual “contempla un conjunto de 12 variables que van de la calidad de la vivienda al grado de dificultad para pagar el alquiler, pasando por factores como si el contrato es escrito o de palabra, si se arrastran deudas o se identifica un mayor riesgo de desalojo” (El Diario Ar, 25/10).

Mientras se registra un IVI en los inquilinos varones del 26%, en los hogares sostenidos por mujeres el porcentaje trepa al 34% y en las personas travesti-trans no binaries la vulnerabilidad se ubica en el 38%. La juventud también aparece como el sector más afectado con un IVI del 33% dentro de la franja etaria entre los 16 y 29 años. A su vez, la vulnerabilidad es mayor en los inquilinos con menores o adultos a cargo, alcanzando el 35%, y el 40% si el hogar con personas a cargo es sostenido por una mujer.

Por otro lado, el IVI es más alto en el caso de los inquilinos que habitan en villas y asentamientos. La vulnerabilidad allí asciende al 44%, mientras que para las personas que alquilan en territorios urbanizados es del 26%. Otro dato arrojado por el informe es que el 54% de los inquilinos encuestados carece de un contrato escrito y dentro de ese grupo el 43% padece una vulnerabilidad alta.

Vamos por el derecho a la vivienda

Es preciso revertir urgente esta realidad en pos de solucionar el déficit habitacional acuciante en el país. En primer lugar, los aumentos de los alquileres deben evolucionar a la par de los ingresos, estableciendo además un salario mínimo equivalente a la canasta familiar (hoy en $100.000). Por otra parte, es necesaria la aplicación de un impuesto progresivo y permanente a la vivienda ociosa con fines especulativos y a los pulpos inmobiliarios, a fin de impulsar un plan de viviendas y urbanización acorde a las necesidades, gestionado por los vecinos, que emplee mano de obra desocupada bajo convenio colectivo de trabajo.

A su vez, se debe garantizar el acceso universal al crédito hipotecario, a tasa cero, con cuotas que no superen el 10% del ingreso familiar. Romper con el FMI y repudiar la deuda usuraria forma parte de este planteo, que defendemos desde la izquierda para consagrar verdaderamente el derecho a la vivienda digna. El sábado levantaremos una tribuna en la Plaza de Mayo para reforzar este programa de salida por parte de los trabajadores.