La lucha por la tierra que se desenvuelve en diferentes puntos del Conurbano bonaerense y del país está entre las principales preocupaciones del gobierno, pero no para darle una solución a esta necesidad social que afecta a millones de familias.

La ocupación de Guernica, por su extensión y masividad, concentra las mayores tensiones políticas. Por esta toma, el presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof y varios intendentes se pronunciaron rotundamente a favor de la intervención judicial frente al acto “ilegal” cometido por miles de familias que ocupan tierras para conseguir un lugar donde vivir, colocándolos como delincuentes y siguiendo la orientación del represor Berni.

Los medios “oficialistas” y “opositores” le dieron manija a esta orientación contra las familias que luchan. Esto preparó el terreno para que se ratifique el desalojo dictado por el Juez Martín Rizzo.

Con esta novedad, la movilización realizada el 10 de septiembre al municipio de Presidente Perón fue un golpe político contra la intendenta Blanca Cantera que está en una línea radical contra la ocupación. La movilización obligó a que los funcionarios del municipio reciban una delegación de vecinos aunque no obtuvieron ninguna respuesta favorable.

¿Mesa de negociación o mesa de desalojo?

El gobierno de Kicillof, alertado por nuevas acciones de lucha de los vecinos de la ocupación de Guernica al poder político provincial, y en el marco del motín policial, apuró una reunión con algunos delegados y organizaciones que apoyan la toma. Esta se realizó con la presencia de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia que lidera el camporista Cuervo Larroque.

Los funcionarios explicaron que antes de que se efectivice el desalojo es necesario atravesar por un protocolo aprobado por la Corte Suprema, que implica, según relataron, establecer una mesa de diálogo y un censo de los ocupantes. La hilacha se vio rápidamente cuando preguntaron si los vecinos estaban decididos a quedarse en estos terrenos o aceptaban el diálogo y evitar un desalojo violento, que según afirmaron no es lo que quiere Kicillof. Es evidente que el delfín de Cristina teme que un desalojo con la “maldita” bonaerense a la cabeza le desate una crisis social y política aún mayor.

La mesa de diálogo que propone el gobierno de Kicillof, Berni y el Cuervo Larroque no puede ser para llevar adelante un desalojo ordenado. Tiene que ser para buscar una solución a las 2.500 familias de la toma de Guernica, que ocupan tierras sin dueños. De fondo, aparece con claridad la defensa de un negocio inmobiliario, por ello la intendenta Cantero afirma que los terrenos son de los countries, aunque no pueden demostrarlo según la misma causa judicial.

Ninguna expectativa en el gobierno, la tierra se conquista con la lucha

Enorme importancia tiene para el conjunto de los explotados que esta lucha triunfe, conquistando la tierra para las miles de familias que la necesitan. También podemos afirmar que imponer una derrota a esta enorme lucha tiene mucha importancia para un gobierno que tiene por delante una agenda dictada por el FMI, de ataque a los trabajadores. Quieren disciplinar los reclamos populares, como lo vemos en el Puerto de Buenos Aires con seis trabajadores detenidos por luchar por su salario. No hay en el gobierno interés en solucionar el problema habitacional que afecta a millones, aunque intente endulzar algunos oídos con los proyectos de “loteo social”.

Con esta caracterización hemos defendido la centralidad de golpear al poder político, movilizando al municipio, cosa que no comparten algunas organizaciones que interviene en la toma. La mejor defensa contra el desalojo y el mejor camino para ganar es confiar en la disposición a la lucha independiente de los vecinos.

Es necesario realizar una asamblea general este fin de semana, para que el conjunto de los vecinos deliberen y decidan cómo seguir esta lucha, y con qué mandato hay que abordar una posible mesa de negociación. En primer lugar, está planteado que se derogue la orden de desalojo dictada por un juez con el aval político del gobierno; en segundo lugar, que se realice un censo a manos de la Universidad de La Plata con fondos provinciales y bajo control de los vecinos de la toma. Reafirmamos que la mesa de negociación que debe ponerse en pie tendrá que buscar una solución al reclamo de tierras para todas las familias de la toma y no una instancia de un desalojo “ordenado”.

https://prensaobrera.com/sociedad/guernica-la-ocupacion-de-tierras-mas-grande-del-pais-desde-adentro/

https://prensaobrera.com/sociedad/tigre-reprimen-toma-de-tierras-en-don-torcuato/

https://prensaobrera.com/mujer/cordoba-las-companeras-que-ocupan-tierras-se-movilizaron-al-ministerio-de-la-mujer/