Sociedad
28/2/2025
Sobre la crisis de inseguridad en Buenos Aires y el crimen de Kim Gómez
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Movilización por Kim Gómez.
El asesinato de la niña de 7 años en el barrio Altos de San Lorenzo de La Plata (Buenos Aires), quedando en medio del robo de un auto por parte de dos jóvenes de 14 y 17 años, ha revelado trágicamente la crisis de inseguridad que se viene extendiendo en toda la región, como resultado del avance de una mayor descomposición y degradación social en la provincia de Buenos Aires.
Los vecinos que han sido testigos de este hecho aberrante han dado cuenta, mediante sus testimonios, de cómo conviven cotidianamente con la inseguridad, las zonas liberadas por parte de la policía y la connivencia de las fuerzas de seguridad con el delito organizado. Esto es lo que explica la indignación popular que generó movilizaciones masivas e incidentes frente a la Municipalidad de la Plata en reclamo de justicia.
Otro de los testimonios fue el del padre de uno de los menores implicados que ya había sido detenido días antes por otro robo. En aquel momento, su progenitor había advertido que el joven “estaba perdido en la droga” y “descontrolado”, solicitando asistencia por parte del Estado para su tratamiento sin recibir respuesta. Como se ve se trata de la crónica de una tragedia anunciada que debería haberse evitado.
Milei, Espert y la Libertad Avanza han utilizado estos hechos para reclamar el reforzamiento del aparato represivo y la Bonaerense. Incluso, el presidente ha llegado a reclamar la renuncia de Kicillof y la intervención de la provincia. Se trata de una utilización electoral para reforzar su campaña derechista, escondiendo los vínculos de las fuerzas de “seguridad” con el avance del delito y el narcotráfico en la provincia, que su propio gobierno favoreció con un blanqueo de capitales provenientes de estos negocios espurios. Lo mismo con el corte de envío de alimentos a los comedores populares por parte de la ministra Sandra Pettovello, que favoreció el avance del narcotráfico y la delincuencia en los barrios.
Por su parte, el gobernador Axel Kicillof, preocupado por el costo electoral, pretende desligarse del hecho y echa culpas sobre la Justicia “por dejar libre a los delincuentes”, solicitando al presidente Javier Milei “trabajar juntos” para enfrentar el flagelo de la inseguridad en la provincia.
En una entrevista radial su ministro de seguridad, Javier Alonso, intentó defender al gobierno provincial tratando de demostrar estadísticamente como el gobierno ha reforzado a las fuerzas de seguridad y jactándose de haber detenido miles de jóvenes menores de edad durante el último tiempo. A esto se suman los dichos de quien fue ministro de Seguridad de Kicillof durante seis años, Sergio Berni, hoy una de las principales espadas de Cristina Kirchner en la provincia, en defensa de la baja de punibilidad, el reforzamiento de la ley penal juvenil y contra el “progresismo que invade a la Justicia provincial”.
Tanto el gobierno nacional como el provincial esconden sus responsabilidades políticas sobre estos hechos y los utilizan para un mayor reforzamiento de las fuerzas represivas del Estado. Mientras tanto, el ajuste golpea fuertemente y orada cada vez más el tejido social que tiene su correlato en una mayor descomposición social que golpea principalmente a las familias trabajadoras. Ocho de cada diez despidos se producen en la provincia de Buenos Aires, la gran mayoría de los bonaerenses viven en la pobreza y los que trabajan tienen salarios de hambre que no alcanzan a cubrir sus necesidades más básicas.
En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Kicillof aplica su propia motosierra aplicando un mayor ajuste en educación. Hace pocos días mil maestras se movilizaron por las calles de la ciudad repudiando el despido masivo de docentes, el cierre de cursos en las escuelas y la eliminación de programas educativos para combatir la deserción escolar. Son estas mismas maestras las que con su trabajo y dedicación sostienen a niños y jóvenes para que no queden a merced de las bandas delictivas y el consumo de drogas.
A su vez, el intendente platense Julio Alak destina millones de pesos para remodelar plazas en el centro de la ciudad, desalojando y persiguiendo a los trabajadores que se dedican a la venta ambulante. En La Plata hay más 200 asentamientos y villas que no cuentan con servicios básicos ni ningún tipo de urbanización, en calles de tierra completamente destruidas y viviendas precarias a dónde no llega el transporte y ni siquiera pueden entrar las ambulancias.
La política de mayores penas, que ha progresado a lo largo de los últimos 20 años, ha fracasado en terminar con los delitos. Por el contrario, la criminalidad avanza al compás de la crisis social y la impunidad de la que goza el crimen organizado. También ha fracasado el reforzamiento de la policía, que como es vox pópuli se encuentra profundamente imbricada con los narcotraficantes y el conjunto del crimen organizado.
El combate a la delincuencia y el narcotráfico debe partir en primer lugar de un cuestionamiento y enfrentamiento a los principales organizadores del delito desde su cabeza, las zonas liberadas y la venta de drogas en la provincia. No se puede evadir el rol de la maldita Bonaerense en todo esto y una política para terminar con la delincuencia debe comenzar con su desmantelamiento.
Una verdadera política para terminar con este flagelo es incompatible con el ajuste sobre el trabajo, la salud y la educación por eso todos los gobiernos han fracasado sistemáticamente en dar respuesta.
