En el índice salarial del mes de agosto, publicado por el Indec, se vuelve a verificar una caída del salario real. El mismo aumentó un 49,1% interanual frente a una inflación del 51,1% en ese período. A contramano del discurso del gobierno, los ingresos de la población trabajadora se deterioran día tras día fruto del alza en los precios, los topes paritarios y la informalidad laboral. La situación se agravará en el último tramo del año, en el que se prevén nuevos aumentos en la telefonía móvil y en el GNC, entre otros.

La pérdida del poder adquisitivo se ve nítidamente en el caso de los empleados del sector  público, donde los salarios perdieron 0,5 puntos con respecto a la inflación entre agosto 2020 y agosto 2021. Como vemos, mientras Alberto Fernández hace demagogia con el punto, es el primero en hundir los ingresos de los trabajadores cuando le toca al propio Estado oficiar de patrón.

El declive es más pronunciado en el caso de los trabajadores pertenecientes al sector no registrado. Allí la caída real del salario en transcurso de un año fue del 15,6%. Recordemos que esta realidad abarca al menos al 40% de los asalariados del sector privado, el cual se encuentra sumido en la informalidad laboral. Esto, bajo el amparo de los sucesivos gobiernos que convalidan la extensión del trabajo precario.

Finalmente, bajo el planteo de “reducir el costo laboral”, que pregona la clase capitalista y sus partidos, se esconde la intención de trasladar a las condiciones laborales del sector informal a todo el movimiento obrero, y, de este modo, generalizar la miseria salarial y la ausencia de derechos.

El gobierno, por su parte, ha abonado la caída del salario promoviendo paritarias a la baja a la vez que se encargó de sellar un aumento de indigencia del salario mínimo, que llegará a $33.000 recién en febrero 2022. A su turno, echó leña al fuego de la inflación a través de naftazos y habilitando una incesante fuga de capitales (incluyendo el pago de la deuda) que está en la base de las presiones devaluatorias y el ensanchamiento de la brecha cambiaria. Por otro lado, para ocultar su responsabilidad en la desorganización económica y en el crecimiento de la inflación, ahora monta un congelamiento de precios trucho, que de ninguna manera revertirá el cuadro descripto. A esto hay que sumarle los aumentos en la boleta de servicios públicos pautados para el año que viene y una potencial devaluación de la moneda.

Este escenario se agravará en el corto plazo teniendo en cuenta que ingresamos a un mes colmado de aumentos, que constituyen nuevos golpes al bolsillo popular. Por un lado, los inquilinos que firmaron contrato en noviembre 2020, tras haber pasado un año deberán afrontar una suba del alquiler de hasta el 50%, y, asimismo habrá un aumento del 10% en las expensas. Por otro lado, se viene un nuevo incremento del metro cúbico de GNC, convirtiéndose en el tercero del año. A su vez, las empresas de telecomunicaciones aumentarán un 10% la tarifa de telefonía móvil en noviembre, y, por su parte, la cuotas de los colegios privados subirán un 4%.

De esta manera, se configura un cuadro de mayor carestía al cual debemos oponerle el reclamo de un salario mínimo equivalente a la canasta familiar (hoy en $100 mil), paritarias sin techo indexadas a la inflación, trabajo bajo convenio para todos, prohibición de despidos y suspensiones y reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. A su vez, es necesario abrir los libros de las empresas, a fin de evaluar los costos reales, y terminar con el descontrol inflacionario poniendo fin al régimen de saqueo imperante y reorganizando la economía sobre otras bases sociales, empezando por la nacionalización bajo control obrero de la banca y el comercio exterior. La ruptura con el FMI y el repudio al pago de la deuda usuraria son pasos claves en esa dirección.

 

https://prensaobrera.com/politicas/el-gobierno-teme-la-fuga-de-votos-por-izquierda/

https://prensaobrera.com/politicas/el-gobierno-le-paga-usd-428-millones-al-fmi-con-el-hambre-del-pueblo/