Comienzan las audiencias públicas para fijar nuevos aumentos en la boleta de electricidad. El gobierno busca seguir esquilmando el bolsillo de la población trabajadora para solventar el régimen de beneficios del cual gozan las empresas distribuidoras, transportadoras y petroleras.

Habrá subas en tres componentes de la factura de luz: distribución, transporte y generación. Todas ellas a libro cerrado, sin verificar los costos reales de cada uno de esos eslabones. Eso acentuará la estampida inflacionaria, mientras los salarios continúan rezagados.

En la primera audiencia participarán las distribuidoras, como Edenor y Edesur, las cuales anticiparon que reclamarán un ingreso de $1 billón anuales, ya sea por medio de tarifazos sobre los usuarios o a través de mayores subsidios estatales (que financiamos los trabajadores con nuestros impuestos) para la oferta mayorista de energía eléctrica que vende Cammesa. Según trascendidos, en la audiencia exigirán un incremento del orden del 300% en el componente de distribución, que se traduciría en una suba del 120% en la tarifa final, y actualizaciones por inflación.

Además, Edenor alega que el Estado le debe $1,1 billones “producto del congelamiento tarifario que data de 2019 y por la falta de compensaciones por ajustes”. La empresa omite que el gobierno anterior les condonó a Edenor y Edesur deuda contraída con Cammesa por $139.405 millones, permitiéndoles pagar los $80.210 millones restantes en 96 cuotas. A esto hay que sumarle la deuda que les había condonado el macrismo a todas las distribuidoras, por el equivalente a $1,4 billones, sin contar las refinanciaciones.

Como vemos, exigen aumentos sin tener en cuenta que no solo se han beneficiado indirectamente de los subsidios estatales que recibe Cammesa, lo cual abarata el precio de la electricidad que compran las distribuidoras, sino que además, el Estado, al perdonarles esa deuda millonaria, se hizo cargo directamente de costearles los despachos de energía con fondos públicos.

Qué hicieron con esas subvenciones no lo sabemos, dado que la desinversión de estas empresas es total. Sin ir más lejos, luego del temporal que azotó al Amba, los vecinos del Delta estuvieron más de 20 días sin luz. Las cuadrillas que envió Edenor para reparar el tendido eléctrico de los isleños eran insuficientes y las pésimas condiciones laborales de sus trabajadores condujeron a la muerte de uno de ellos -Rubén Aita- durante las obras.

Lo mismo podemos decir de las empresas transportadoras, que llevarán su reclamo de aumento a la segunda audiencia, a pesar de que “el sistema de transporte del sistema eléctrico nacional viene funcionando al límite de su capacidad técnica por la falta de inversiones que arrastra desde más de una década en obras de ampliación y tendido de nuevas líneas de alta y media tensión” (Iprofesional, 17/07/2023).

Cabe destacar que el precio de los servicios de distribución y transporte no están segmentados por nivel de ingresos, con lo que todos los hogares, sin importar su poder adquisitivo, recibirán los mismos aumentos en dichos eslabones.

Por otra parte, la Secretaría de Energía pretende modificar el esquema segmentación tarifaria para que más hogares pasen a pagar la tarifa plena. En lugar de que el requisito para pertenecer a la categoría de “ingresos medios” sea percibir ingresos que equivalgan hasta 3,5 veces la Canasta Básica Total, el gobierno quiere reemplazar esa variable por una “canasta básica energética”, cuyo monto seguramente sea más bajo, en función de reducir la cantidad de usuarios con boleta subsidiada. En el mismo sentido, se achicará el tope de consumo subsidiado, que hoy se encuentra en los los 400 kilovatios-hora (kWh). De este modo, el grueso de la población recibiría aumentos siderales en el componente de generación eléctrica, que representa el 35% de la boleta de luz.

Así las cosas, la tarea de sostener el precio subsidiado del gas en boca de pozo, que se utiliza para la generación termoeléctrica, se trasladará cada vez más a los usuarios por medio de tarifazos en la factura de luz. Finalmente, las consecuencias de reducir las transferencias estatales en pos de alcanzar la meta fiscal del FMI las paga el pueblo, mientras que las petroleras salen indemnes y se les sigue garantizando un precio en dólares a la hora de vender en el mercado interno, a pesar de que los costos para extraer hidrocarburos son en pesos. Incluso, todo indica que habrá una nueva megadevaluación en los próximos meses, lo cual volverá a ejercer presión sobre las tarifas.

Es necesario poner fin a este régimen energético inviable, abriendo los libros de las empresas que intervienen en toda la cadena, a fin de evaluar los costos reales y fijar tarifas acordes a las necesidades sociales. Esto, en el camino de nacionalizar bajo control obrero la industria hidrocarburífera, para que deje de estar orientada al lucro de un puñado de petroleras y pase a apuntalar el desarrollo del país, contribuyendo al bienestar de las mayorías. Mientras tanto, frente a los tarifazos en puerta, luchemos en cada lugar de trabajo por la recomposición salarial.

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