El día lunes se cumplieron dos meses de la toma de tierras en la Villa 31 de CABA. Allí se realizó un acto de apoyo en el que se colocó de manera central la exigencia al Gobierno de Larreta de una respuesta en torno al problema de acceso a la vivienda de las más de 100 familias ubicadas en tierras utilizadas como basural. Se resaltó que el sostenimiento de la toma se debe a la resistencia por parte de las familias que en medio de la pandemia deben enfrentar la crudeza de permanecer junto a sus familias en casilla de polietileno, a alimañas y a la prepotencia y hostigamiento policial.

En dicho acto se dieron cita organizaciones del barrio que apoyan la toma, entre ellas el Partido Obrero y el Polo Obrero quien con una vistosa delegación fue encabezada por la legisladora del Partido Obrero- FIT Amanda Martín, quien oportunamente presentó un proyecto legislativo en apoyo a la toma que tiene por principales protagonistas a vecinxs de la propia Villa para quienes el alquiler se ha vuelto algo privativo dentro del propio barrio. Al mismo tiempo pusimos a consideración la propuesta de una movilización que reagrupe las organizaciones que apoyan la toma visibilizando la contundencia del reclamo

Mientras en CABA la especulación inmobiliaria rige como regla de privilegio de grandes grupos empresariales como es el caso de IRSA beneficiado directamente por Larreta y sus legisladores, de un mega negocio en Costanera Sur, las villas no han dejado de crecer como el producto del empobrecimiento de las masas laboriosas que no pueden acceder a alquileres cuyas costas son cada vez más elevadas. Mientras en la Villa 31 continúan exigiendo una urbanización real y vivienda digna, en la Villa 21-24 la policía mantiene sitiada a más de 100 familias que también fueron empujadas a una nueva toma de tierras en búsqueda de lugar donde vivir.

Desde el Partido Obrero y el Polo Obrero apoyamos activamente y llenamos de solidaridad los reclamos de tierra para vivir, vivienda digna y trabajo genuino en la CABA y en todo el país en el 50% de la población vive por debajo de la línea de pobreza. Los gobiernos de las últimas décadas son los responsables de la debacle en las condiciones de vida del pueblo trabajador y que hoy el acceso a un derecho elemental como es el del acceso a la vivienda se vea vulnerado por políticas nacionales y jurisdiccionales antipopulares.