Sociedad
18/12/2024
Trabajo forzado en las cárceles: el gobierno ajusta y castiga más a los presos pobres
Se cambia trabajo precarizado y mal pago por “tareas castigo” , sin ninguna perspectiva de resocialización.
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Cárcel federal.
Por medio de una resolución del Ministerio de Seguridad, firmada por la ministra Patricia Bullrich, se dio a conocer el plan del gobierno nacional para que los presos de las cárceles federales sean castigados con la realización de tareas del establecimiento, sin remuneración, al menos 5 horas al día. La medida implicaría la supresión de “beneficios” para quienes se nieguen y, contra lo que afirma el gobierno, vendría a reemplazar el trabajo precarizado y mal pago que ya realizan la mayoría de los presos.
La iniciativa gubernamental afecta a las cárceles del Servicio Penitenciario Federal de todo el país, las cuales contienen una población de 11.500 personas, y se presenta bajo el falso pretexto de combatir una supuesta ociosidad que alimentaría una “cultura tumbera” propensa a la violencia y el delito.
Aunque desde el gobierno lo nieguen, se trata de un programa de “trabajo obligatorio”, utilizado como castigo –ya que la población carcelaria es forzada a avenirse al mismo para evitar sanciones- y con el fin de abaratar costos en las cárceles para el cumplimiento de tareas de mantenimiento de los establecimientos sin remuneración alguna, por más escasa que esta sea.
Cabe señalar que en la actualidad ya existe una ley para el trabajo en los establecimientos carcelarios, con un régimen que según datos oficiales del 2023 (Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución Penal) alcanzó al 72% de los presos.
Se trata de un régimen totalmente precario que dispone que “si los bienes o servicios producidos se destinaren al Estado o a entidades de bien público, el salario del interno no será inferior a las 3 cuartas partes del salario mínimo vital móvil”, cuya distribución es realizada en los siguientes términos: 10% para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito; 35% para la prestación de alimentos; 25% para los gastos causados en el establecimiento y 30% para formar un fondo propio que se le entregará a su salida (chequeado, 22/10).
Cabe señalar que las condiciones de habitabilidad de los establecimientos penitenciarios del SPF son paupérrimas, con un alto hacinamiento y una capacidad operativa para 10.900 presos totalmente superada. Además, parte significativa de los detenidos (4.900 presos) se encuentran procesados, sin condena firme.
La resolución oficial y lo anunciado por la ministra y sus subalternos indican claramente que se trata de una política punitiva para “reparar el daño causado a la sociedad y compensar los recursos invertidos por el Estado Nacional”, orientada a castigar a los reos, quienes para poder acceder a un “trabajo remunerado” deberían primero trabajar 5 horas diarias de forma gratuita.
Esto es, incluso, violatorio del art. 18 de la Constitución Nacional, que señala que “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas” y de la normativa que establece que “la ejecución de la pena privativa de la libertad tiene, entre otros fines, el de procurar la reinserción social y la reducción de la reincidencia”.
El gobierno cambia trabajo precario y mal pago por trabajo esclavo para ajustar el presupuesto, como si se tratara de una analogía de la sociedad, donde se trueca trabajo bajo convenios por trabajo precarizado y trabajo precario (programas sociales) por desocupación total, hambre y miseria. Desde el Ejecutivo no pueden ofrecer un verdadero programa de reinserción social sobre la base del trabajo porque afuera de las prisiones (y dentro) son los primeros responsables en la destrucción del empleo: si un reo resocializado saldría de la prisión hoy sería para engrosar las filas de millones de desocupados y marginados.
Además, lo hace bajo el relato que esto serviría a detener el delito desde las prisiones, cuando el crimen organizado estructura su funcionamiento en complicidad y participación con funcionarios y jueces, sustentando una caja ilegal de la cual cada uno cobra su parte, gozando además los narcotraficantes y genocidas de beneficios de toda índole que los apartan de estas tareas que son utilizadas contra la población carcelaria común.
Las tareas forzosas en las prisiones federales son una maniobra oficial para ajustar más un exiguo presupuesto, en cárceles superpobladas y condiciones de vida extremadamente precarias. Sumado al hecho de posar de “firmes contra los delincuentes”, mientras el Estado deja hacer a los narcos y es cómplice de las operaciones de crimen organizado desde el mismo interior de las cárceles.
