En la tarde del martes 27 de julio, vecinos autoconvocados de la Villa 31, realizaron un corte denunciando la existencia de múltiples casos de abuso sexual a menores. Los reclamos estallaron producto del hartazgo que produce el asedio permanente con el que conviven las niñas y mujeres del barrio. En al menos dos de los cuatro denunciados casos se sabe a las claras quiénes son los perpetradores de los abusos, no obstante, no se están observando medidas por parte de la justicia o la policía, por lo cual el reclamo generalizado es por que los abusadores sean aprehendidos y juzgados.

Alrededor de 200 vecinos cortaron por una hora los dos carriles de la Avenida Ramón Castillo a la altura de calle 12, frente al Correo Viejo. Al no obtener respuestas, decidieron abandonar el corte y marchar por la avenida hasta la Comisaría 46, que al llegar la movilización se encontraba cercada por un cordón policial. El punto central de la denuncia radica en la inactividad policial ya que, existiendo una denuncia asentada en la fiscalía correspondiente, no han tomado siquiera acciones de protección a las víctimas. Una vez más queda de manifiesto el accionar policial contra las mujeres, y particularmente contra las mujeres más pobres.

Corte de vecinos y vecinas en la Villa 31 reclamando justicia ante 4 casos de abuso sexual. Denuncian que la policía no impulsa una investigación. Basta de violencia, el Estado es responsable pic.twitter.com/LsVu18WAxF

— Prensa Obrera (@prensaobrera) July 27, 2021

Por su parte, en uno de los casos se trata de un abuso intrafamiliar, lo cual hace urgente la efectiva implementación de la ESI en todos los niveles educativos que permita la detección de los casos de abuso en las infancias. Estos casos se dan en el marco de un barrio en donde la falta de acceso de las familias a condiciones dignas de vivienda, salud, trabajo y educación existen desde hace añares e incluso se agravaron con la pandemia.

Queda claro que el Estado es responsable de cada uno de los hechos de violencia contra las mujeres. Por acción u omisión, en tiempos donde la violencia hacia las mujeres y diversidades se agudiza cada vez más y arriba a cifras escalofriantes, la policía, la justicia y los distintos dispositivos estatales desamparan a las trabajadoras sometiéndolas a las peores condiciones. Es por esto que, desde la bancada de Amanda Martín en la legislatura porteña venimos denunciando la falta de acceso a los CIM que tienen los vecinos de los barrios como es la Villa 31 o el Bajo Flores donde es claro que la necesidad de asistencia a las víctimas de violencia y abusos es mayor. Incluso es un tema que se extiende en toda CABA y el resto del país en la medida siendo que proveen una asistencia insuficiente y que, al mismo tiempo, las condiciones de precarización a las que se somete a los trabajadores de estos organismos es brutal bloqueando aún más la posibilidad de una real asistencia a las víctimas.

Párrafo aparte merece el rol del Ministerio de Mujeres. Si bien anuncian cada medida con bombos y platillos en los barrios no se traducen en elementos de real protección a las víctimas sino realmente en lo contrario. No tienen políticas ni asistencia adecuada. La única política en este sentido, el programa Acompañar, se ha desarrollado de forma bochornosa, revictimizando mujeres y sin que represente una salida real a las situaciones de violencia.

Desde el Polo Obrero, el Plenario de Trabajadoras y el Partido Obrero acompañamos la medida de lucha y reclamamos justicia por las víctimas de abuso en el barrio y luchamos contra todo tipo de abuso en la infancia. Reclamamos asistencia legal gratuita para las madres y personas que denuncian y asistencia psicológica gratuita, así como la implementación de la ESI.

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