Sociedad

30/6/2021

Vuelco en la ruta 2: responsabilidad del Estado y las empresas

El accidente de Chascomús se da en un cuadro de precarización laboral en las empresas del transporte.

En la madrugada de este martes 29 un trágico suceso tuvo lugar en la ruta 2 a la altura de Chascomús. Un micro de la empresa Plusmar volcó desencadenando el fallecimiento de dos personas y lesiones en otros 42 pasajeros.

Distintos pasajeros brindaron sus testimonios a la prensa sobre el accidente. Uno de ellos dijo que el micro de doble piso, siendo Argentina uno de los pocos países del mundo que permite su circulación en rutas y autovías, “ya se venía tambaleando unos kilómetros antes”. Esto resulta hasta lógico. Durante la madrugada del martes hubieron fuertísimos vientos en la provincia de Buenos Aires, tanto es así que el gobierno bonaerense había decretado el día previo la alerta naranja en algunas zonas de Mar del Plata y aledañas, y una alerta amarilla entre Tandil y Necochea, bajo la advertencia de que los vientos podrían alcanzar hasta 80 km/h.

No obstante, estos vuelcos no son novedosos. Ya a fines de 2019, también la ruta 2 fue el escenario de un accidente similar. Este caso es de particular importancia, porque en él se reveló que la patronal había presionado al conductor, quien también fue imputado por homicidio culposo, a acortar sus horas de descanso para lanzarse cuanto antes a la ruta a manejar nuevamente. Esto, claro está, lleva a que los conductores realicen largos trayectos sumamente cansados, perdiendo reflejos y capacidad de maniobra. De igual forma, en su declaración el chofer alegó que el accidente se produjo porque “intentó enderezar el micro luego de sentir que una ráfaga de viento lo desestabilizó”.

Aunque estos micros tienen una indudable peligrosidad para circular en rutas y autovías, sin embargo, parten desde las distintas terminales a puntos de lo más variados del país a diario. Se trata de la más absoluta desidia patronal por parte de los grupos del transporte con la complicidad del Estado, que arriesgan la vida de miles de usuarios y choferes para sostener la rentabilidad empresarial. Con ellos pueden cargar más pasajeros en menos unidades y así vender más.

La otra cara de la misma moneda es el avasallamiento a los derechos laborales con la complicidad de la UTA. Por convenio, en principio, los conductores deben tener al menos doce horas de descanso. Pero como parte de la misma lógica de minimizar costos y maximizar la ganancia, las patronales fuerzan a los trabajadores en muchos casos a descansar hasta incluso la mitad de este lapso, es decir, seis horas. Y lo hacen en reiteradas ocasiones apoyándose en un artilugio del mismo convenio, por el cual pueden inducir a los trabajadores a descansar menos si se les paga el 100% de la hora recortada. Es claro que en un cuadro de derrumbe del poder adquisitivo de los salarios, la pobreza caminando derecho al 50% y de inflación descontrolada, muchas veces los conductores, mientras la UTA firmó una paritaria del 37% muy por debajo de la inflación, acceden.

Se trata entonces de accidentes perfectamente evitables. La desidia criminal de las patronales del transporte -en este caso, el grupo Teruel- y del Estado son responsables por la muerte de los dos pasajeros y las lesiones a otros cuarenta. Esto plantea la necesidad de que los propios trabajadores sean quienes dirijan comités de seguridad e higiene en todas las empresas del transporte. A través de ellos se garantizaría el cumplimiento de las doce horas de descanso contra cualquier chantaje patronal, que las unidades de la flota sean seguras -o caso contrario, que las empresas se hagan cargo de adquirir nuevos coches-, y que los viajes queden supeditados a condiciones climáticas seguras para choferes y pasajeros.