A días de un nuevo 24 de marzo, en el que se van a cumplir 47 años del golpe de Estado genocida en nuestro país, realizamos este lunes 20 una charla en la Facultad de Derecho (UBA) con el objetivo de debatir uno de los aspectos centrales que atraviesa la situación del país: el reforzamiento represivo del Estado y la persecución a quienes luchan en defensa de sus condiciones de vida.

En el panel participaron Romina Del Plá, diputada nacional por el PO-FITU y precandidata a vicepresidenta; Mauro Benente, docente UBA y Unpaz; Claudia Ferrero, abogada de la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel) y defensora de Cesar Arakaki; y Diego Morales, abogado del Cels y defensor de Pueblos Originarios. También estuvo presente Vanina Biasi, precandidata a Jefa de Gobierno de CABA por el PO-FITU y trabajadora no docente de la UBA.

Diego Morales comenzó su intervención haciendo un recorrido por las causas en las cuales trabajó, junto a su equipo, en el último tiempo. Puso de manifiesto que la ofensiva contra quienes realizan cualquier tipo de manifestación no es exclusiva de un gobierno en particular, sino que es el conjunto del régimen el que lleva adelante esta agenda. Por ejemplo, en Necochea y en San Juan, el gobierno municipal y el provincial, respectivamente, les abrieron causas a activistas que realizaban una pintada por la aparición con vida de Tehuel de la Torre y una acción el 8 de marzo de 2022, en el marco del día internacional de la mujer trabajadora.

Claudia Ferrero denunció el recurso represivo y discrecional de la figura de “reiterancia”, utilizado por la justicia y el gobierno mendocino para detener a los militantes del Polo Obrero que se movilizaban contra la creciente pobreza.

El Código Procesal Penal de Mendoza establece en su artículo 293 la posibilidad de dictar prisión preventiva “por la reiterancia delictiva” que se le atribuya a la persona imputada formalmente. La utilización de códigos procesales provinciales, que chocan con derechos constitucionales consagrados en los artículos 14 y 19 de nuestra Constitución, apunta a reforzar la regimentación social, en un cuadro donde se agudiza la crisis económica y social.

Mauro Benente destacó el tema elegido para la charla, ya que, contradictoriamente, en Derecho, ninguna de las agrupaciones que interviene en la facultad (con excepción del Partido Obrero) colocó este debate en agenda. Ni hablar de las autoridades, ligadas al radicalismo, que evitan cualquier referencia a la represión estatal desde 1983 a la fecha.

Romina Del Plá señaló que esta ofensiva contra la movilización popular se da en un contexto de preparación de la campaña electoral por parte de todas las fuerzas políticas del régimen. El planteo de mayor “mano dura” no es exclusivo de los Milei y Espert, que piden cárcel o bala para los luchadores en los medios, sino también de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos.

Hay una derechización general que expresa que se busca dar un salto en la persecución contra quienes no se resignan a vivir en un país donde la mitad de las personas están por debajo de la línea de pobreza, hay cortes sucesivos de luz, aumentan todos los servicios menos los salarios, se destruye el ambiente y donde hay un femicidio cada 21 horas.

Del Plá dijo “donde no querían que hubiera cortes, ahora hay el doble”, ya que los intentos del gobierno nacional y los provinciales de amedrentar al movimiento popular de nuestro país generó el efecto contrario. Por ejemplo, en Salta y Jujuy, ante la sanción de un decreto que prohíbe los piquetes y el encarcelamiento de dirigentes del movimiento piquetero, despertó una enorme unidad de acción en las calles para derrotar esta orientación. El caso más reciente de Mendoza es una clara demostración de que luchar sirve.

El punto central no es jurídico, sino político. En un contexto donde se agudiza el ajuste contra nuestras condiciones de vida, las víctimas de la ofensiva del gobierno y el FMI no entran en una vereda. Sin embargo, la preocupación de los sucesivos gobiernos no pasa por dar respuesta a los reclamos de los cortes y movilizaciones, que cada vez son más, sino en sofisticar los métodos de ataque y persecución a la movilización popular.

Al finalizar la actividad, las 75 personas que participamos nos pronunciamos por la libertad inmediata de Martín Rodríguez y Lorena Torres, que estuvieron detenidos en Mendoza por el gobierno de Suárez, y fueron liberados gracias a la enorme movilización popular en todo el país. También por la absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz, enjuiciados por movilizarse en 2017 contra el robo a los jubilados.

Basta de presos por luchar

La criminalización de la protesta social es un mecanismo de disciplinamiento social para evitar las luchas en curso y por venir. Los constantes ataques a los métodos históricos de la clase obrera dan la pauta de que tenemos que reforzar las acciones de lucha y organización.

La conclusión que dejó la charla fue que es necesario preparar una gran movilización independiente este 24 de marzo, contra la criminalización de la protesta y el avance de la represión, por el cierre de las causas a todos los luchadores populares, contra los casos de gatillo fácil, y por el desmantelamiento de todo el aparato represivo.

El kirchnerismo busca hacer una utilización política de la jornada y colocar el eje en una supuesta proscripción a Cristina Fernández de Kirchner, que no es tal ya que no hay sentencia firme que evite que ella sea candidata. El motivo de fondo de esta campaña es ocultar su responsabilidad en la situación crítica que atraviesa el país y la respuesta represiva a esa situación.

Por eso, este 24M nos movilizaremos junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia por todos nuestros reclamos. Debemos superar a los sucesivos gobiernos capitalistas que nos criminalizan por luchar.