La redacción del diario El Perfil accedió al escrito del fiscal Maximiliano Hairabedián (reemplazante de la fiscal López de Filoñuk en la Fiscalía N°3) en que solicita la elevación a juicio oral y público de la causa que involucra a 27 estudiantes que participaron de la rebelión universitaria que sacudió a la Universidad Nacional de Córdoba durante 2018, en el marco de un ascenso nacional.

Una vez más la Justicia Federal, cuya cámara de apelaciones confirmó el procesamiento dictado por el juez Vaca Narvaja el año pasado, avanza en la criminalización de lxs estudiantes. Todo el procedimiento judicial forma parte de una orientación política represiva. La persecución y criminalización de la protesta estudiantil es una línea que también se vio en Río Negro ante la luchas que se desarrollaron contra el ajuste.

Lxs estudiantes perseguidxs declararon ‘‘que sus defensas no fueron notificadas del pedido del fiscal, y que siempre la información les llega a través de los medios de comunicación’’. Esta arbitrariedad habla del carácter político disciplinador que ostenta la causa, hacia el movimiento estudiantil y el conjunto de las luchas, para hacer pasar el ajuste en la educación.

Los reclamos de la rebelión del 2018 están más vigentes que nunca: salario docente, presupuesto, infraestructura, régimen de alumno trabajador, becas, incumbencias. Luego de dos años de ajuste fondomonetarista, con los gobiernos de Macri y Fernández se produjo un recorte en el presupuesto educativo de conjunto, y la docencia fue afectada con paritarias muy por debajo de la inflación. La crisis de la educación fue profundizada por la virtualidad con un aumento de la tasa de deserción, precarización docente e improvisación inconsulta por parte de las autoridades universitarias en todas las unidades académicas.

Esta crisis educativa se profundiza. En este marco, todos los claustros de la universidad debemos ponernos de pie con nuestros reclamos, con una deliberación democrática y con un plan de acción para enfrentar el ajuste y el ataque de la Justicia y los gobiernos hacia la comunidad educativa, empezando por este pedido de juicio a 27 estudiantes por luchar.

En ese sentido, urge la realización de acciones en las próximas semanas, como la convocatoria de Asamblea Interfacultades y asambleas de las diferentes unidades académicas. Para pelear por esa perspectiva, la UJS está convocando a un plenario educativo el próximo 27 de febrero, a debatir un programa y una intervención para enfrentar el ajuste y la represión.

Si el presente es lucha, el futuro es nuestro.