El viernes 4 de septiembre sesionó de forma virtual el Plenario Nacional de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El principal tema a debate era la solicitud que el organismo eleva todos los años al gobierno nacional para que sea contemplada en la propuesta de Presupuesto del año siguiente.

En este punto, la resolución adoptada por el plenario roza lo escandaloso. Mientras el año pasado, cuando Jaime Perczyk era Presidente del CIN, solicitaron un presupuesto de 248 mil millones de pesos, en esta oportunidad, con Perczyk como invitado al plenario en su carácter de secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, el planteo se reduce a 242 mil millones.

Por supuesto, tenemos que señalar que este año lo transitamos con una prórroga del Presupuesto de ajuste 2019, votado a fin de 2018 a propuesta del macrismo. La ampliación votada recientemente por el Congreso, a propuesta del gobierno de Alberto Fernández, estipula para este año un aumento del 30% al presupuesto universitario, muy por debajo de la inflación del período, que ronda casi el 70%. Según estima el propio CIN, a diciembre de este año proyectan una ejecución del orden 200 mil millones (Página 12, 4/9), muy por debajo de lo solicitado el año pasado.

Se abren entonces dos interrogantes importantes: ¿por qué los rectores se llamaron a silencio frente al evidente ajuste presupuestario que atravesamos este año? ¿Por qué realizan ahora un pedido “a la baja” respecto de su pedido anterior, si estamos atravesando una altísima inflación y devaluación que afecta fuertemente en las universidades?

La respuesta la podemos encontrar, sin ir más lejos, en el apoyo del conjunto de las autoridades universitarias a la renegociación de la deuda y el posterior acuerdo con los bonistas. Ya en una declaración de mayo de este año, el Plenario de Rectores del CIN manifestaba su apoyo a la misma, encubriendo que implica una profundización del saqueo nacional que tendrá su impacto también en el terreno educativo. El compromiso con la negociación ahora se traslada al compromiso con el “plan económico” que se está delineando en consecuencia. El acuerdo con los bonistas, luego de una capitulación del gobierno en toda la línea, y la negociación de un nuevo acuerdo con el FMI, anticipan un enorme ajuste a los salarios, jubilaciones, y al presupuesto de educación y salud.

Esto es, finalmente, lo que puso en palabras el vicepresidente del CIN, Rodolfo Tecchi, al decir que “todos los rectores sabemos que no estamos en una situación fiscal como para pedir un aumento del 40%, así que consideramos que un 20 o 25% es lo más razonable en este momento”.

Una vez más, la defensa de la educación y la universidad en nuestras manos

Con el paso de los distintos gobiernos, el ahogo presupuestario a las universidades se profundiza. Las expresiones de esta política de vaciamiento son tangibles. Por caso, durante este año el gobierno nacional congeló los montos de las becas y eliminó, unilateralmente, la cláusula gatillo que la docencia conquistó luchando contra el gobierno de Macri. Al mismo tiempo, en momentos que requerirían una inversión presupuestaria mayor para garantizar el acceso a la educación en tiempos de pandemia, no se ha destinado un peso ni a los salarios (con paritarias de aumento 0%), ni a las becas, ni a la conectividad.

De la mano del ajuste, avanzan también los negociados y la privatización educativa, bajo la cobertura de la “generación de recursos propios” que estipula la Ley de Educación Superior votada por el menemismo y aplicada por todos los gobiernos posteriores. Así lo vemos con el arancelamiento de contenidos, que afecta incluso hasta cursos de Educación Sexual Integral en Filosofía y Letras de la UBA y en la Unsam, y con los convenios que colocan la investigación y el desarrollo científico al servicio de grandes multinacionales, como es el caso de Shell en Exactas-UBA

El compromiso del régimen universitario con la política de ajuste del gobierno, mucho tiene que ver con la defensa de esos negociados y del manejo espurio del presupuesto y su ejecución.

Todo esto deja claro una vez más que la defensa de la educación pública y la universidad está en manos de estudiantes y docentes, que debemos organizarnos de forma independiente de los gobiernos y de las autoridades de todos los colores políticos, por la conquista de nuestros reclamos, por la expulsión de las camarillas y por una universidad al servicio del pueblo trabajador. El Congreso de la Unión de Juventudes por el Socialismo del próximo 25 y 26 de Septiembre será una instancia al servicio de esa pelea en las universidades y lugares de estudio de todo el país.

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