30/09/2020 | 1606

El Presupuesto 2021 y la universidad

Hace poco más de una semana, el gobierno nacional presentó el proyecto de Presupuesto 2021 en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa con el presupuesto en educación y, particularmente, el presupuesto universitario?

Viene bien recordar primero que las universidades han sufrido un enorme recorte a lo largo de los últimos años, pero que en el contexto de la pandemia y la virtualidad forzosa se aceleraron sus consecuencias, dejando como resultado a docentes con una paritaria del 0% y mayor precarización laboral, y a estudiantes con niveles de deserción inéditos. Es en este marco que nos llega el Presupuesto 2021.

Lo concreto es que, en comparación con la ampliación del Presupuesto 2019 (recordemos que no existe como tal el Presupuesto 2020) entregado a las universidades (196 mil millones de pesos), el nuevo presupuesto significa un aumento de sólo el 17% (230 mil millones). Ahora, al mismo tiempo, el informe calcula que la inflación de 2021 va a ser del 29% -es decir, el propio gobierno admite un ajuste del 12% en las universidades nacionales. Además, es bastante probable que la inflación sea mayor que el 29%, ya que los cálculos del gobierno se hacen sobre la base de un dólar a 102 pesos, cuando en la realidad ya está cerca de los 130. El estimativo del aumento de precios del Presupuesto es lisa y llanamente un dibujo.

A su vez, si lo comparáramos con el último presupuesto votado -o sea, el de diciembre de 2018-, cuando el dólar estaba a 36 pesos y Macri aún era presidente, cuya partida era de de 149 mil millones de pesos, el Presupuesto 2021, con sus 230 mil millones de pesos, es un 54% mayor en pesos. Pero la diferencia en cuestión sería licuada solamente con la inflación de 2019 (53,8%). En lo que va de 2020, además, según las cifras oficiales, la misma es del 19%. Ni hablar de lo que se sumará en lo que resta del año, con las últimas medidas económicas en torno del cepo y la devaluación.

Un dato más muestra un punto significativo. El Plenario de Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pidió para el funcionamiento de las universidades 242 mil millones. Tal pedido era una estafa y una adecuación al ajuste, ya que el mismo CIN había solicitado 248 mil millones en 2019 (como si en 2020 hubiera habido deflación). El gobierno ni siquiera llegó a esa cifra y se quedó en 230 mil millones, como ya dijimos.

De los números a lo concreto

Más allá de los números, la hoja de ruta trazada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, de acuerdo con los bonistas y el FMI, se traducirá en ataques concretos a la universidad. Supone al día de hoy, en los hechos, un fuerte golpe al salario docente. Quienes están a cargo de las clases han sufrido no solamente el avance de la precarización laboral con la virtualidad sino también una paritaria del 0%, en conjunto con un recorte a la cláusula gatillo. Mientras esto ocurre, miles de estudiantes se quedan afuera de la cursada en todo el país por falta de becas y condiciones de conectividad, algo que no solamente no está contemplado en el Presupuesto sino que posiblemente sea aún más recortado.

A su vez, la política de desfinanciamiento de la educación superior lleva a implementar los famosos “recursos propios”, es decir, convenios con empresa que colocan la educación bajo una lógica privatizadora y mercantil, como lo demostró el último convenio entre la petrolera Shell y la Facultad de Exactas de la UBA. Este tipo de políticas lleva, a su vez, a reformas antieducativas, como en la Ciudad de Buenos Aires. Por fuera de las universidades nacionales, sucede con la Unicaba.

¿De quién es la universidad?

El último Congreso de la UJS discutió esta problemática y resolvió la propuesta al conjunto de los centros de estudiantes y gremiales docentes de una movilización al Congreso cuando se vote el Presupuesto. A su vez, llevó adelante, junto con la Juventud del Polo, una movilización al Ministerio de Educación por becas y condiciones de conectividad.

La necesidad de constituir un polo educativo de lucha con independencia política del gobierno y el régimen universitario está en el orden del día. Porque la pregunta es: ¿a quién le pertenece la universidad? Si al FMI o a les estudiantes y docentes. Esa es la disputa. Sabemos dónde hay que estar.

   

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